El reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, emitido a solicitud de la Sala Constitucional tras el recurso interpuesto por el Colegio de Médicos, dejó en evidencia lo que muchos advirtieron desde el inicio: la llamada “receta digital“, impulsada por la ministra Mary Munive, nace viciada de inconstitucionalidad.
No estamos frente a una discusión técnica menor, ni de una resistencia corporativa al cambio, sino de un choque frontal con derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y que la Ministra de Salud pretendió evadir, mediante un decreto ejecutivo improvisado, mal diseñado y peor ejecutado.
El error de la ministra Mary Munive es grave y reiterado. Pretender imponer un sistema de receta digital sin el debido sustento legal, sin garantías robustas de protección de datos y sin considerar el impacto real sobre el acceso a la salud, constituye una violación directa a la privacidad y a la seguridad de la información de todos los costarricenses.
La información médica es, por definición, uno de los datos personales más sensibles que existen. Centralizarla y condicionarla obligatoriamente a plataformas digitales sin un marco claro y constitucionalmente válido de resguardo informativo, expone a la ciudadanía a riesgos innecesarios, abre la puerta a abusos y expone a los médicos a múltiples demandas.
Pero el daño no termina ahí. De mantenerse este arranque claramente antidemocrático, y según la Procuraduría inconstitucional, las consecuencias serán profundas y múltiples.
En el ámbito privado, la receta digital generará un sobrecosto en la atención de salud, pues muchos pacientes deberán pagar más por trámites, validaciones o intermediaciones tecnológicas. Y quienes, como la inmensa mayoría de las personas, no puedan asumir ese sobreprecio se verán forzados a acudir al sistema público, generando una mayor saturación de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya de por sí desbordada. El resultado será un acceso más lento, más caro y más desigual a los medicamentos.
Aún más preocupante es el escenario colateral que esta política puede provocar: un eventual contrabando de medicinas para evadir la receta digital. Cuando el Estado impone barreras artificiales al acceso a la salud, no elimina la demanda, la empuja a la informalidad y a la ilegalidad, con todos los riesgos sanitarios que ello conlleva.
Este nuevo y grave desatino en la actuación de la ministra Munive no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de decisiones cuestionables: el caótico manejo del tema de la basura en las comunidades, la incertidumbre generada por la no transferencia de recursos a la Cruz Roja, el polémico protocolo del aborto que ella defendió y donde no se defendía las dos vidas, y la creciente desconfianza de los propios funcionarios del Ministerio ante un liderazgo percibido como tiránico y desconectado de la realidad.
Costa Rica no puede normalizar que, bajo el disfraz de la modernización, se atropellen derechos, se ignore la Constitución y se gobierne de espaldas a la ciudadanía. La receta digital, tal como ha sido concebida, no debe “ajustarse”; debe detenerse por completo, hasta tanto se garantice un marco jurídico sólido, de protección real de datos sensibles a la población y a los médicos.
La receta digital es un concepto útil y moderno, pero su aplicación requiere un marco legal claro y reglas básicas de protección de datos. El Ministerio ha ignorado estos mínimos indispensables por una decisión obstinada de su jerarca.
La receta digital es un buen concepto. Pero la pésima ejecución por parte de Munive la ha llevado a un plano de abierta inconstitucionalidad, por lo que la Sala Constitucional debería frenarla para defender la democracia, el acceso a la salud y la dignidad de las personas.