En tiempos electorales, la calidad del debate público se vuelve un indicador clave de la salud democrática de un país. En los recientes debates presidenciales de Costa Rica, se ha puesto en evidencia (o más bien, en ausencia de ella) un fenómeno preocupante: la mayoría de los candidatos discuten problemas complejos y formulan propuestas sin incorporar evidencia empírica, sin reconocer incertidumbres y sin explicitar valores.
La evidencia es un componente esencial para tomar decisiones racionales, pero no es el único: cualquier juicio requiere integrar hechos generales, hechos particulares y valores (tanto del profesional como de las personas involucradas). Cuando trasladamos estas ideas al análisis político, encontramos una conclusión incuestionable: la política costarricense no está discutiendo desde la evidencia, sino desde la intuición, la retórica o, peor aún, desde la improvisación.
El falso dilema entre tener evidencia y no tener nada
No siempre hay estudios perfectos —y en política, casi nunca los hay—. Por eso señala el principio crucial: “Absence of evidence is not evidence of absence.” La ausencia de evidencia no significa que algo no exista; solo significa que no se ha estudiado lo suficiente.
En los debates presidenciales, sin embargo, los candidatos suelen cometer el error contrario: hablan como si su opinión personal equivaliera a evidencia, y como si lo no medido no existiera.
Ejemplos comunes en los debates recientes:
- Hablar de crimen sin citar tasas, tendencias ni perfiles territoriales.
- Afirmar que “la educación está peor que nunca” sin indicadores.
- Prometer reducir listas de espera sin conocer los datos.
- Indicar que “la corrupción es el principal problema” sin distinguir percepción de incidencia real.
La evidencia muchas veces por definición es incompleta, pero ignorarla es peor que no tenerla.
La simplificación excesiva: cuando el discurso político excluye la complejidad
La evidencia científica tiene limitaciones: sesgos de publicación, pérdida de “literatura gris”, sobrevaloración de ciertos diseños metodológicos y exceso de confianza en los sistemas de evaluación formalizada.
Pero su contribución más poderosa es cierta: la realidad es compleja, y reducirla a frases de impacto empobrece la capacidad de actuar correctamente.
Los debates presidenciales recientes han demostrado que la mayoría de los candidatos:
- No reconocen la complejidad de los problemas públicos.
- No explican supuestos ni límites.
- Evitan reconocer incertidumbre.
- Presentan soluciones casi mágicas.
En contraste, se necesita:
- entender los hechos generales (datos),
- los hechos particulares (contexto, población, territorio),
- y los valores involucrados.
Los candidatos, sin embargo, suelen evadir los tres niveles. La simplificación excesiva es un problema cuando el discurso político excluye la complejidad, peor aún sino se responden a las preguntas sino más bien se vuelven ataques personales o partidarios.
Una de las advertencias más profundas es que frecuentemente se confunden hechos con valores. Y que muchos juicios normativos (“deber ser”) se presentan como si fueran hechos objetivos.
Esa misma confusión es evidente en los debates políticos.
Ejemplos típicos:
- Convertir opiniones personales en verdades universales.
- Presentar preferencias ideológicas como diagnósticos técnicos.
- Usar anécdotas individuales como pruebas de una tendencia.
- Justificar propuestas con frases como “lo que la gente siente” sin distinguir percepción de realidad.
En la política nacional, esta confusión conduce a debates que no siempre son de altura y a políticas mal diseñadas, también es un reto comunicar buenos argumentos. La no comprensión de una idea aunque sea buena sino es entendida por el público no capitalizaría votantes, e inclusive puede tener un efecto contrario por no entender la complejidad de la respuesta.
¿Qué esperamos de un candidato basado en evidencia?
Aplicando la lógica del artículo, un candidato debería demostrar:
- Conocimiento de los hechos generales. Usar datos verificables, indicadores, tendencias, evaluaciones y comparaciones internacionales.
- Comprensión del contexto específico. Reconocer la heterogeneidad territorial, social, económica y cultural del país.
- Transparencia en los valores que orientan sus decisiones. Explicar qué prioriza: equidad, eficiencia, crecimiento económico, sostenibilidad, justicia intergeneracional, etc.
- Capacidad para reconocer incertidumbres. La evidencia nunca es completa; un buen gobernante debe admitirlo.
- Coherencia entre diagnóstico, propuesta e implementación. No solo decir qué se hará, sino cómo, con qué costos, en qué plazos, con qué riesgos.
¿Qué ocurre cuando la evidencia se ausenta del discurso político?
La ausencia de evidencia en las propuestas presidenciales tiene consecuencias reales:
- Diseño de políticas con baja probabilidad de éxito.
- Incapacidad para priorizar recursos y acciones.
- Aumento de expectativas sociales imposibles de cumplir.
- Incremento de la desinformación.
- Pérdida de confianza ciudadana.
- Toma de decisiones dominada por la intuición o la ideología.
- Invisibilización de grupos vulnerables o minoritarios.
- Gobernanza reactiva y no preventiva.
La evidencia no garantiza buena política, pero la falta de evidencia garantiza una política débil.
A modo de reflexión final recomendando una deliberación basada en evidencia, la política costarricense debe superar la visión simplista según la cual la evidencia es un accesorio técnico o un detalle secundario.
La evidencia es una condición para la racionalidad pública. En los debates presidenciales recientes, los candidatos en su mayoría (no todos) han demostrado una preocupante desconexión entre sus discursos y los principios que guían la toma de decisiones basadas en evidencia.
Espero que, por medio del presente artículo de opinión, muy respetuosamente sea posible incentivar un voto crítico e informado, sustentado en evidencias y capaz de trascender las formas para centrarse con mayor profundidad en los fondos y propuestas de quienes aspiran a gobernarnos.
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