La democracia no se pierde de golpe: se pierde en silencio

Las democracias rara vez colapsan de manera abrupta. No suelen desaparecer mediante un único acto espectacular, sino a través de procesos graduales, casi imperceptibles, en los que ciertas prácticas se normalizan, ciertos límites se corren y, sobre todo, ciertas voces comienzan a callarse. El silencio —más que el conflicto— suele ser el primer síntoma de una democracia que empieza a debilitarse.

Durante buena parte de nuestra historia reciente, los procesos electorales en Costa Rica no solo representaron un ejercicio institucional de renovación del poder, sino también una experiencia colectiva de participación cívica. La elección era, en sentido amplio, una “fiesta democrática”: un espacio donde distintos sectores sociales se reconocían como parte de una misma comunidad política, aun desde posiciones ideológicas diversas.

Ese carácter festivo no debe entenderse como superficialidad ni como espectáculo, sino como una manifestación concreta de apropiación ciudadana de la democracia. La convivencia entre opciones distintas, la participación intergeneracional y la conversación pública abierta eran expresiones de una cultura democrática viva, no meramente procedimental.

Además, se trataba de una dinámica que se renovaba cada cuatro años con un propósito claro: fortalecer un Estado democrático que, con todas sus imperfecciones, logró consolidar políticas públicas fundamentales en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la institucionalidad republicana. Hoy muchas de esas conquistas enfrentan un deterioro evidente. Precisamente por ello resulta indispensable comprender que esa “fiesta” no era un ritual vacío, sino un mecanismo de construcción social y política de largo plazo.

Esta singularidad costarricense llamó históricamente la atención de observadores extranjeros, poco habituados a una ciudadanía que participaba activamente en los procesos electorales sin que ello derivara en confrontación violenta o fractura social. La política, en ese contexto, era entendida como un espacio de deliberación pública y no como una lógica de imposición.

Con el paso del tiempo, esa experiencia fue transformándose. Los símbolos externos mutaron, los espacios de interacción se desplazaron hacia lo digital y se instaló un desencanto democrático que atraviesa a muchas sociedades contemporáneas. Estos cambios, por sí mismos, no constituyen una amenaza. Las democracias evolucionan, adaptan sus lenguajes y reformulan sus prácticas.

El problema emerge cuando el desencanto se convierte en autocensura, cuando la discrepancia deja de expresarse por temor al señalamiento, la agresión o la deslegitimación. Cada vez con mayor frecuencia, personas optan por callar para evitar el conflicto, renunciando así al ejercicio pleno de su ciudadanía. De este modo, el silencio deja de ser una elección individual y comienza a operar como un mecanismo informal de control social.

Cuando la palabra se reprime —aunque sea de manera no institucional— la democracia pierde uno de sus pilares esenciales: el pluralismo. Ninguna sociedad democrática puede sostenerse si el miedo sustituye al argumento y si la presión simbólica reemplaza al debate abierto.

Este fenómeno adquiere mayor gravedad cuando se observa el contexto internacional. Existen numerosos países donde la ciudadanía ni siquiera cuenta con garantías mínimas para ejercer el derecho al voto, o donde la democracia electoral es inexistente o meramente formal. Costa Rica, en contraste, no solo ha tenido elecciones periódicas: ha construido durante décadas una democracia viviente, sustentada en participación, institucionalidad y cultura cívica.

Esa condición, sin embargo, no es irreversible ni automática. Exige una responsabilidad ciudadana permanente. Ejercer el derecho al voto no es un trámite administrativo ni un gesto simbólico: es un acto de defensa democrática. Las sociedades que abandonan esa responsabilidad suelen descubrir demasiado tarde que recuperar la libertad puede tomar generaciones y, en muchos casos, depender de factores externos imprevisibles.

Por eso, este no es un llamado abstracto ni teórico. Es profundamente concreto. En febrero, cada persona que tiene la posibilidad de acudir a las urnas, de expresar su opinión y de participar activamente en la decisión colectiva, debería hacerlo. No como un gesto mecánico, sino como un acto consciente de responsabilidad histórica.

Porque después no basta con quejarse, ni con lamentar las consecuencias de la indiferencia. Tirar por un barranco lo que generaciones anteriores construyeron con trabajo, con sacrificio, con sudor y con lágrimas no es un error menor: es una forma de renuncia colectiva.

Pero la responsabilidad democrática no se agota en acudir a las urnas. Una ciudadanía madura también escucha, contrasta y delibera. En una democracia, el debate no es un accesorio: es un mecanismo esencial de rendición de cuentas y de formación de criterio público. Por eso resulta fundamental que quienes aspiran a la Presidencia de la República expongan sus ideas, confronten sus propuestas y respondan preguntas. Evadir el debate empobrece la calidad democrática y debilita la posibilidad de una decisión informada.

Del mismo modo, la ciudadanía tiene el deber de escuchar esos debates con atención crítica, de formarse una opinión propia y de conversar —incluso disentir— en sus entornos cercanos, familiares, laborales y comunitarios. La democracia no vive únicamente en los grandes escenarios mediáticos; se fortalece también en los pequeños diálogos cotidianos, cuando aprendemos a argumentar sin descalificar y a escuchar sin miedo. Eso, en esencia, también es democracia.

La erosión democrática no suele anunciarse con estridencia. Avanza silenciosamente, normalizando pequeñas renuncias, justificando la apatía y naturalizando el miedo. Cuando la ciudadanía se acostumbra a callar, el deterioro ya está en marcha.

Por eso, la pregunta de fondo no es si la democracia debe transformarse —eso es inevitable—, sino si estamos dispuestos a defender activamente su esencia: la libertad de expresión, el pluralismo, la participación y la responsabilidad cívica.

Porque, al final, las democracias no se pierden de golpe. Se pierden en silencio.

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