El domingo primero de febrero Costa Rica se enfrentará a su decimonoveno proceso electoral presidencial de manera ininterrumpida desde que da cuenta la fundación de la Segunda República, constituyendo esto un evento singular en una región caracterizada por rompimientos del orden constitucional y dictaduras. Para los y las costarricenses lejos de ser una anomalía es una convocatoria que se inscribe dentro de la normalidad democrática de nuestra nación. Votar es una práctica con lo que crecemos desde niños y que interiorizamos como parte de nuestro ADN.
Este proceso electoral reviste de una importancia determinante, no solo porque decidimos como conjunto el rumbo que tomará nuestro país para los próximos cuatro años y la forma en la que acometeremos el futuro como nación, sino, porque también, está en juego la democracia de la que tanto nos ufanamos y nos sentimos orgullosos.
Nuestro país, al igual que buena parte de América Latina, está inserta en la espiral populista de corte autoritario que recorre la región, en donde se ha alimentado la desconfianza institucional y se ha arado el terreno para que la política se configure como un campo de confrontación y polarización permanente, esto ha derivado en la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía abriendo grietas peligrosas.
Lo anterior se circunscribe en la lógica en la que ha operado el actual gobierno de Rodrigo Chaves, desconociendo que nuestro país no es homogéneo y que más bien lo que impera es una diversidad política y social, que lejos de suponer una debilidad es una fortaleza vital que se debe afianzar, pero que exige de unas calidades y un talante democrático de alto nivel.
Este bien estratégico debe ser potenciado de la mano de un liderazgo conciliador que acerque actores políticos, grupos de presión, poderes fácticos, sociedad civil, para que se abra un escenario propicio para deponer intereses y buscar tender puentes de diálogo como mecanismo para desactivar conflictos y lograr acuerdos de gran calado para el país. Precisamente, esto es lo que el país necesita para poder enderezar el rumbo: un liderazgo comprometido con los más altos valores republicanos, democráticos y con un profundo apego a nuestra constitución. Lograr el encuentro requiere aptitudes dirigidas a facilitar la conversación, los consensos, los pactos públicos y trasparentes, constituyendo esto, en su conjunto, una gestión estratégica que en democracia surte un efecto renovador.
Hemos atravesado tres años de un Ejecutivo que nos ha gobernado a base de abundante narrativa pero débil en la resolución de los grandes desafíos del país. También nos acostumbramos a un liderazgo fuerte que sin duda ha sido efectivo en su relato y en su forma de comunicar, pero que, dada su naturaleza y estilo, ha arremetido contra la institucionalidad democrática ocasionando un grave daño a los cimientos que sostiene nuestro Estado Social de Derecho.
Ante este escenario de crispación y polarización es necesario reivindicar el respeto a la pluralidad para lograr que la democracia funcione. La actual administración ha convertido la deliberación pública en un espacio en donde las ideas propias se han convertido en dogmas irrefutables y las ajenas en punzantes amenazas que agreden; de manera tal que los interlocutores se convierten en enemigos a ultranza que en la mayoría de veces se deshumaniza para censurar y callar. Una línea roja peligrosísima que debe encender las alarmas de un deterioro del tejido social y que puede dirigirnos a caminos de no retorno.
Frente a esto quien resulte electo en los próximos comicios tienen el desafío de relanzar el contrato democrático, ya agotado, redoblando esfuerzos para restablecer el diálogo institucional y reanudar la rendición de cuentas sin excusas y el compromiso firme con los sectores más golpeados y maltratados por el abandono sistemático de una democracia, que ciertamente, les ha fallado.
Quién llegue a Zapote también tendrá que desarrollar una labor pedagógica: enseñar que la democracia consiste en dialogar, unir y servir y que la democracia liberal trasciende el ejercicio procedimental de votar en cada convocatoria a las urnas. Por el contrario, más bien es una responsabilidad que debe sostenerse en el tiempo sin descuidarse y que dista muy lejos de la penosa labor de dividir ni perpetuarse en el poder.
Aunado a esto, la persona que ocupe la silla presidencial tendrá la encomiable misión de lograr grandes acuerdos que rompan con los principales nudos que obstaculizan el desarrollo nacional. Una vez más, esto exige diálogo, escucha, aunque esto implique hacerlo con aquellos que se sitúan en las antípodas ideológicas o con los más acérrimos adversarios políticos, pero como país no podemos permitirnos liderazgos que nos ofrezcan la negación a este principio fundamental que invoca toda democracia libre y madura.
En el marco de esta coyuntura se vuelve imperativo proteger nuestra excepcionalidad como el activo estratégico que ha sido por años, pero el gran error es darla por sentada. Por tanto, cuidar la Costa Rica de la moderación, la estabilidad y la paz se vuelve crucial en medio de un mundo que cada vez se radicaliza más.