El votante indeciso suele ser caricaturizado como alguien desinformado o apático. Nada más injusto. En Costa Rica, quien duda suele hacerlo porque percibe que algo no cuadra: promesas que no se reflejan en la vida diaria, discursos encendidos que no se traducen en resultados, y una creciente sensación de que se nos pide fe donde debería haber rendición de cuentas.
Hoy, quien lidera las encuestas es el partido Pueblo Soberano, con Laura Fernández como candidata presidencial y con una consigna clara: continuidad. La palabra, repetida hasta el cansancio, merece una pausa. Porque antes de decidir si queremos continuar, conviene preguntarnos qué es exactamente lo que se nos propone continuar.
Empecemos por la seguridad. Costa Rica atraviesa el peor momento de su historia reciente en materia de homicidios. No es una percepción, es un dato. La inseguridad dejó de ser una preocupación abstracta y se convirtió en una experiencia cotidiana para miles de familias. Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en que todo está bajo control, o —cuando ya no es posible negarlo— se culpa a jueces, fiscales, leyes, o a cualquiera que no esté sentado en Zapote. Continuidad, entonces, ¿de una estrategia que no logra contener la violencia y que prefiere señalar culpables antes que corregir el rumbo?
Pasemos a la educación. Un país que durante décadas se definió a sí mismo como una democracia sostenida por aulas y no por cuarteles hoy ve su sistema educativo deteriorarse a ojos vista. Rezagos en infraestructura, en cobertura, en calidad, y una pérdida clara de norte. Los discursos grandilocuentes no logran ocultar que la educación pública atraviesa uno de sus momentos más bajos. ¿Continuidad de qué? ¿De la improvisación?
La Caja Costarricense de Seguro Social merece un párrafo aparte. Mientras las listas de espera alcanzan niveles inéditos y miles de personas ven postergados diagnósticos y tratamientos, el Gobierno Central mantiene una deuda millonaria con la institución. No es un tecnicismo contable: es una decisión política. Y mientras tanto, proyectos urgentes como el nuevo hospital de Cartago o el de Limón siguen entrampados, no por falta de necesidad, sino por falta de voluntad.
Pero quizá el rasgo más inquietante del actual oficialismo no sea la falta de resultados, sino su relación conflictiva con la institucionalidad democrática. La Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional, el Poder Judicial y la prensa han sido, una y otra vez, blanco de ataques desde el Ejecutivo. El patrón es conocido: cuando algo no sale, la culpa nunca es propia. Siempre hay un enemigo interno que “no deja gobernar”.
El panorama se vuelve aún más incómodo cuando se observa la conformación de las listas a candidatos para diputados del Pueblo Soberano. Allí aparecen figuras con causas penales abiertas o con historiales públicos ampliamente cuestionados. No se trata de condenas judiciales, sino de alertas éticas y políticas que cualquier elector responsable debería considerar.
Ante este cuadro, el discurso oficial responde con una estrategia ya familiar: minimizar, descalificar, acusar conspiraciones, y confiar en que el hartazgo con la política tradicional haga el resto.
Este no es un llamado a votar por un partido específico. Es un llamado a no votar por inercia. Costa Rica no necesita salvadores que griten contra las instituciones, sino gobernantes que sepan trabajar con ellas.
A veces, la decisión más sensata del votante indeciso no es escoger entre promesas, sino rechazar aquello que ya demostró sus límites. Y eso, lejos de ser indecisión, es madurez democrática.