La noticia está en boca de todos, pero la sorpresa en la mente de nadie.

Nicolás Maduro, ha sido secuestrado ilegalmente bajo las órdenes de un presidente norteamericano que en su segundo mandato ha consistentemente destruido 90 años de multilateralismo y quebrantado una y otra vez el derecho internacional.

La situación clama por mesura y neutralidad en la emisión de opiniones. Ya es suficiente el nivel de visceralidad y polarización que se vive tanto a nivel doméstico como internacional.

Muchos podemos estar de acuerdo en que Maduro era un presidente ilegítimo, que la última elección la perdió y la robó, y que al día de hoy ningún órgano del Estado Venezolano ha podido demostrar su victoria electoral. Incluso puede alegarse que su declaratoria como vencedor solo evidenció la ausencia de una verdadera división de poderes en Venezuela.

Los múltiples reportes de organismos internacionales señalando groseras violaciones a los derechos humanos en conjunto con una rampante represión al disenso político, llaman a una conclusión inequívoca. Aquello que Chávez propuso como un sueño Bolivariano de multilateralismo y libertad, se convirtió en una dictadura bajo el mando de un personaje (no se le puede llamar líder) incompetente, totalitario y autoritario.

Nicolás Maduro comandaba una dictadura que no puede ocultarse ni defenderse bajo ningún sesgo ideológico, a menos que se pretendan erosionar ciertos principios ideológicos.

Dicho lo anterior a manera de antecedente, lo correspondiente es un análisis mesurado y neutral de los sucesos de este 3 de enero.

Aun cuando era altamente condenable que el régimen dictatorial comandado por Maduro estaba revestido de altos niveles de ilegalidad, violaciones a la Carta Democrática Interamericana, y violaciones a múltiples instrumentos internacionales de Derechos Humanos, su remoción mediante la violación de otros instrumentos internacionales y de normas perentorias de derecho internacional debe ser también condenada por múltiples razones que conciernen a toda la comunidad internacional.

Un asunto venezolano. Dos de los principios fundamentales del Derecho de las Naciones son el reconocimiento y respeto de la soberanía de cada Estado, y el respeto a la libre determinación de los pueblos. Ambos principios se ubican en la cúspide de la jerarquía normativa internacional, reconocidos tanto por la Corte Internacional de Justicia como por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. De ellos deriva la prohibición de la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Por detestable y dolorosa que fuera la situación en Venezuela, no dejaba de ser un problema venezolano cuya solución definitiva, sólo podía emanar de la voluntad del pueblo venezolano. Irónicamente, el régimen “revolucionario” de Maduro llamaba a una revolución en su contra, a una lucha popular por la libertad y la dignidad. Lamentablemente, la lucha contra el régimen de Maduro estuvo comandada por líderes mediocres con abiertos vínculos a poderes extranjeros, lo cual les restaba legitimidad. Juan Guaidó fue un episodio lamentable. María Corina Machado, mal galardonada con el Premio Nobel de la Paz, llamó a la invasión militar de su propio país por parte de la potencia extranjera que más violaciones al derecho internacional ha cometido en los últimos años, los Estados Unidos.

Lo cierto del caso, es que el problema es un asunto venezolano que debían resolver los mismos venezolanos, sin una intervención extranjera ilegal, contraria al principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados.

Un uso ilegal de la fuerza. De todos los méritos que pueda tener la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, el más importante es el haber logrado la unanimidad de la comunidad internacional para adoptar el artículo 2.4, el cual prohíbe el uso o amenaza del uso de la fuerza contra otros Estados como medio de resolver disputas internacionales. Antes de la Carta de las Naciones Unidas, no existía ninguna norma de derecho internacional que prohibiera el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas internacionales. En 1986, la Corte Internacional de Justicia, en el “Caso Nicaragua”, condenó a los Estados Unidos por la violación de dicha prohibición en virtud de su valor jurídico como norma de derecho consuetudinario. En aquella ocasión, igual que ahora, los Estados Unidos intentaron un cambio de régimen, aunque sin intervención militar directa.

El caso venezolano es más grave, dado el uso directo de la fuerza y la violación indubitable de la integridad política y territorial venezolana.

El fin no justifica ni puede justificar los medios. Menos aún, cuando el medio es la violación de una de las normas angulares de todo el sistema de relaciones internacionales. ¿Se permite, entonces, según las circunstancias, acudir a la ilegalidad para remediar un mal?

La prohibición del uso de la fuerza para resolver disputas internacionales no tiene excepciones. El único uso de la fuerza legalmente permitido es aquel que se realiza en autodefensa y ante un ataque (o la inminencia) previo.

La destrucción del multilateralismo y el sistema internacional. Previo a la fallida Liga de las Naciones y a las Naciones Unidas, aún y con todos sus defectos, las relaciones internacionales estaban marcadas por el unilateralismo basado en las asimetrías de poder. Aquel con suficiente capacidad ofensiva hacía lo que le placiera, en particular contra aquellos desproporcionadamente inferiores en poder. Así se conquistó América, los europeos se repartieron África, los colonos norteamericanos masacraron a los nativos y las potencias europeas jugaban al monopoly con los pequeños reinos y ciudades del continente. El concierto de Europa, resultado del Congreso de Viena de 1815, que siguió a la derrota de Napoleón, reveló una realidad material ineludible. Sólo mediante el multilateralismo era posible lograr estabilidad, progreso y paz. Si bien es cierto el camino estuvo lleno de obstáculos, allí se sentaron las bases de sistema internacional que durante los últimos 90 años permitió el progreso y la libertad que se gozan en muchos rincones del mundo.

Las acciones contra la aberrante dictadura de Maduro representan un retroceso alarmante frente a un desbalance aterrador. La asimetría de poder de los Estados Unidos es un peligro absoluto para la seguridad internacional. Este peligro se acrecenta bajo la presidencia de un sujeto que abiertamente desconoce todas las instituciones de derecho internacional y acude a cualquier excusa, aun la más absurda, para “validar” sus actuaciones ilegales.

Bajo esta tesitura, todos los Estados están en peligro.

A pesar de que es claro que, como sucedió con Irak, lo que Estados Unidos quiere es el petróleo y las riquezas minerales venezolanas, tal y como claramente Trump confirmó en la conferencia de prensa posterior a la ilegal captura de Maduro. A pesar del consenso sobre el robo de las elecciones de 2024, Maduro se encontraba protegido por la inmunidad diplomática. Análogamente, ¿qué hubiera pasado si se detenía a Oscar Arias durante su segundo mandato? Al final, también él se robó esas elecciones con la complicidad del TSE.

Si la excusa para la intervención en Venezuela fue la guerra contra el narco, Costa Rica debería estar asustada. Costa Rica es el principal exportador de cocaína del mundo, de forma tal que, si Trump fuera coherente, hace rato hubiera invadido el país y se hubiera llevado a la Chinchilla, al Arias y al montón de miembros del cartel de los Soles en el país, vivan o no, en la ruta llamada “autopistas del Sol” (¿o ustedes creen que el nombre es coincidencia?).

El regreso a la era de las Banana Republics.

El sábado 3 de enero, Trump pronunció una conferencia de prensa en la que hizo manifestaciones preocupantes. Particularmente, el mandatario indicó que Estados Unidos gobernaría Venezuela (“run the country”) hasta tanto no fuera posible asegurar una transición ordenada, juiciosa y democrática.

El escenario de un Estado gobernando otro en pleno siglo XIX es aberrante y preocupante, más allá de ser contrario a los principios más básicos del derecho internacional y una violación grosera a la soberanía y la libre determinación.

Según dichas manifestaciones, no serán los venezolanos quienes decidan su futuro; será la Casa Blanca. Para todos aquellos que han lanzado un mensaje celebrando la “liberación” del pueblo venezolano, cajita blanca. Tal y como sucedió una y otra vez durante el siglo pasado, América Latina volverá a la época de gobiernos títeres establecidos al gusto y placer de una potencia neocolonialista.

El hecho de que Trump haya resaltado la reimposición de la Doctrina Monroe durante su conferencia de prensa, debería ser condenado y no aplaudido.

Si se aplaude y aprueba el accionar de Estados Unidos, que nadie se queje cuando los norteamericanos, bajo la excusa que sea, decidan repetir el experimento en el país que les plazca. Todos estamos en riesgo.

¿Y, ahora?

Lamentablemente, lo que corresponde no va a suceder. A menos que los otros actores relevantes de la comunidad internacional decidan, en un esfuerzo multilateral, poner cota mediante el uso de los mecanismos existentes. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe actuar con el apoyo unísono del resto de la comunidad internacional.

Los obstáculos son evidentes. China tiene un lamentable récord en materia de Derechos Humanos y amenaza con una ilegal invasión de Taiwán. Rusia libra una ilegal invasión contra Ucrania. La Unión Europea es extremadamente racista; se niega a abandonar el colonialismo, le importa poco lo que suceda en América Latina, y le hace el perrito faldero a los Estados Unidos y, durante años, la OTAN ha amenazado materialmente, mediante la expansión y movilización de cohetes, la integridad territorial rusa.

El resto del mundo, a pesar de ser mayoría demográfica, carece de poderío económico o militar como para hacer algo.

En otras palabras, el escenario pinta oscuro.

No obstante lo anterior, lo peor que puede pasar es el silencio. Costa Rica, al igual que todos los demás países “no poderosos”, deben manifestar su rechazo a lo sucedido al mismo tiempo que deben hacer un exaltado llamado al regreso al multilateralismo. “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista”, cuenta el relato. Todos sabemos cómo termina: “Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre".

No se trata, en este momento y ante esta coyuntura de defender a Maduro o a su régimen dictatorial. Eso es indefendible. De lo que sí se trata, es de defender los avances en las relaciones y el derecho internacional, hacer un llamado al multilateralismo y por sobre todo, exigir cordura y coherencia.

Costa Rica, como país neutral y respetuoso del derecho internacional, debe asumir, con la dignidad que en múltiples episodios de la historia ha demostrado, el liderazgo inequívoco en este llamado al regreso al multilateralismo y a la condena del unilateralismo. En su lugar, de manera lamentable y con fines estrictamente electorales, el presidente Chaves emitió un comunicado deplorable, desbalanceado y lejano de la realidad. El pueblo venezolano no ha sido liberado. Simplemente se ha iniciado un proceso donde se sustituirá un dictador por un gobierno títere en una Venezuela sin soberanía.

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