Negar el debate al adversario no solo es una estrategia electoral, sino también un mensaje claro sobre la forma en que se concibe el poder, la oposición y la democracia una vez en el gobierno.
En la campaña presidencial de Costa Rica 2026, la presencia —o ausencia— en los debates no es un detalle menor ni una mera táctica electoral. Desde la teoría democrática y la evidencia comparada, los debates cumplen una función central: anticipar la rendición de cuentas, habilitar la deliberación pública y someter el liderazgo político al escrutinio antes del acceso al poder.
La cuestión relevante no es si evitar debates es legal —lo es—, sino qué revela esa decisión sobre la concepción del candidato respecto del ejercicio de la función pública, la relación con la crítica y el derecho ciudadano de poder cuestionarle como su representante.
Debates y democracia: más que una tradición
La literatura clásica y contemporánea sobre democracia (Dahl; O’Donnell; Przeworski; Levitsky y Ziblatt) coincide en que la calidad democrática no depende únicamente de reglas formales, sino también de prácticas políticas recurrentes que refuerzan la competencia, la transparencia y la legitimidad.
En este marco, los debates presidenciales cumplen funciones esenciales: reducen asimetrías de información, obligan a la justificación pública de propuestas, exponen el carácter y la templanza del liderazgo, y normalizan la interpelación como parte inherente del ejercicio del poder.
Evitarlos no rompe la democracia, pero sí la debilita.
Evidencia comparada: correlación, no determinismo
El análisis comparado latinoamericano muestra una correlación significativa —aunque no mecánica— entre la evasión de debates y la posterior concentración del poder presidencial. Se trata de un indicador temprano de estilos de liderazgo personalistas y refractarios al control institucional.
El caso de Daniel Ortega en Nicaragua, así como el de Hugo Chávez y Nicolas Maduro en Venezuela son sumamente ilustrativos, quienes rechazaron sistemáticamente los debates incluso cuando existía competencia electoral real. En evaluaciones de organismos internacionales se concluyó que ambos países optaron por un camino de autoritarismo, ignorando repetidas recomendaciones para fortalecer la calidad y legitimidad del proceso electoral. Esos ejercicios del poder, más allá de la discusión de si se trata o no de regímenes dictatoriales, apuntan a una concentración absoluta del poder, la eliminación de la posibilidad de competencia real por parte del resto de actores políticos y la supresión de libertades civiles a la población, todo ello coherente con una negación estructural de la rendición de cuentas.
Más extremo aún es el caso de Alberto Fujimori en Perú. En 1990 evitó debatir con Mario Vargas Llosa, privilegiando una estrategia antipolítica y de comunicación directa. En el poder, ese estilo se tradujo en el autogolpe de 1992, el cierre del Congreso y la subordinación del Poder Judicial, dando paso a un gobierno de emergencia condenado por crímenes de lesa humanidad. La campaña anticipó el gobierno.
El caso de Carlos Menem en Argentina requiere mayor matiz. Gobernó dentro de un régimen formalmente democrático, pero su presidencia estuvo marcada por un presidencialismo hiperextremo: uso intensivo de decretos de necesidad y urgencia, subordinación del Congreso y cooptación indebida de la Corte Suprema. Durante su gestión se firmó un volumen extraordinario de estos decretos, muy por encima de periodos previos o posteriores. No fue un autoritarismo clásico, pero sí una hiperconcentración del poder ejecutivo, precedida por una campaña poco expuesta a la deliberación pública.
Estos casos no prueban causalidad automática, pero sí muestran una coherencia entre la evasión temprana de la interpelación y estilos de gobierno concentradores del poder.
El verdadero riesgo no es el silencio, sino lo que lo acompaña
Conviene ser preciso. No todo candidato que evita debates gobernará de manera autoritaria. El riesgo aparece cuando esa conducta se combina con:
- Discursos centrados únicamente en deslegitimar a los adversarios.
- Ataques sistemáticos a la prensa y actores sociales no alineados.
- Desprecio por los controles institucionales y la independencia de poderes.
- Una narrativa moralista y maniquea de “buenos vs malos”.
Es ahí donde la experiencia latinoamericana ofrece lecciones que Costa Rica haría bien en no ignorar, sobre todo de aquellas surgidas de la narrativa de los "príncipes y princesas a caballo" que llegan para salvar al pueblo como si se tratara de cuentos infantiles de dragones y castillos.
Pero y ¿cómo se conecta una cosa con la otra?
La relación suele desplegarse de manera progresiva. Primero, la evitación de la interpelación pública mediante la ausencia deliberada en debates. Luego, la construcción de un culto a la personalidad que niega la rendición de cuentas horizontal. A ello le sigue una campaña basada en el maniqueísmo, el antagonismo o la superioridad moral. Finalmente, ya en el ejercicio del poder, se observan patrones recurrentes de debilitamiento de contrapesos, hostilidad hacia la libertad de prensa y concentración decisoria del poder.
Ciertamente, no todos los líderes que inician este camino avanzan hasta su fase final, pero casi todos los que llegan a ella comenzaron negando la posibilidad de la interpelación pública.
Excepciones y el rol del contexto institucional
La evidencia comparada también ofrece contraejemplos relevantes. Liderazgos como los de Michelle Bachelet o Luiz Inácio Lula da Silva evitaron debates en determinados contextos electorales pero sin derivar en prácticas autoritarias. Esto confirma un hallazgo central de la ciencia política: las instituciones importan y pueden contener o moderar las inclinaciones personalistas. Sin embargo, incluso en estos casos, la evasión del debate no fortalece la democracia, sino que descansa en un capital institucional previamente acumulado.
Costa Rica: una democracia consolidada, no blindada
Costa Rica ha sido históricamente una democracia de alta calidad relativa en América Latina, con presidencialismo moderado, instituciones sólidas y una cultura política que valora la deliberación. Precisamente por ello, la normalización de estrategias que reducen los espacios de confrontación argumentativa debería encender alertas tempranas.
Las democracias rara vez colapsan de forma abrupta; se erosionan gradualmente, mediante la pérdida de prácticas que parecían garantizadas y se dieron por sentadas. La marginalización de los debates presidenciales es una de esas señales sutiles, pero relevantes.
Un criterio para el electorado tico en 2026
Desde una perspectiva normativa, los debates no deben defenderse solo como un requisito organizativo o mediático, sino como una expectativa democrática legítima. Evaluar a un candidato implica considerar no solo sus propuestas, sino también su disposición a ser cuestionado públicamente.
La experiencia comparada deja una advertencia clara: quienes rehúyen a la interpelación antes de ejercer el poder rara vez lo hacen sólo por estrategia electoral y más raro aún es que muestren luego una vocación genuina por fortalecerla.
Las elecciones de 2026 no solo definirán un gobierno, sino también el estilo de liderazgo que Costa Rica considera legítimo. Con lo cual defender que el deber ser de las candidaturas es participar de los debates públicos es, en última instancia, defender una concepción deliberativa, responsable y madura del poder democrático.