A raíz de la guerra civil de 1948, se produce un clivaje que condicionará los procesos políticos del país por más de medio siglo, con el Partido Liberación Nacional en un polo y la oposición en el otro hasta constituir en los ochenta el Partido Unidad Social Cristiana. Ambas agrupaciones se alternan en el poder hasta 2010.
De 1952 a 1982, con altos y bajos, los diferentes gobiernos trabajaron alrededor de un modelo de Estado benefactor, con un intensivo desarrollo institucional y adecuados mecanismos de redistribución de la riqueza. Este tipo de política permitió un reforzamiento de la cultura democrática y un mejoramiento paulatino de la calidad de vida de la mayoría de la población, permitiendo al país colocarse entre los primeros lugares de la región en indicadores tan importantes como educación, salud y servicios públicos.
Sin embargo, a partir de la década de los ochenta y bajo la presión de diversos organismos internacionales, poco a poco se debilita el Estado y el modelo de redistribución de la riqueza, provocando un deterioro importante de la calidad de vida de la mayoría de las y los habitantes. El debilitamiento es primero bastante paulatino y con fuerte oposición de la población a través de movimientos sociales masivos. Pero, poco a poco se intensifica hasta llegar a niveles muy altos en los dos últimos gobiernos. Poco a poco, los tres partidos que han gobernado Costa Rica desde 1990 muestran un acercamiento ideológico muy fuerte.
Unido a este proceso, se produce también una intensificación de los escándalos de corrupción por parte de la clase política, fenómeno que alcanza directamente a tres expresidentes consecutivos en los años novena.
Todo lo anterior provoca sentimientos intensos de decepción y enojo en crecientes sectores de la ciudadanía. En 1998 el abstencionismo aumenta alrededor de un 10% en comparación con las 9 anteriores elecciones. Esta baja en la participación electoral continúa aumentando de manera sistemática a través de las siguientes contiendas hasta llegar a un 40,6% en 2022. A excepción de 2010, en cada elección desde 1998 ha habido un aumento del abstencionismo en comparación con la elección anterior. Pero, además, es necesario subrayar que el aumento de la abstención electoral es solo uno de los síntomas de una tendencia a la baja en todas las formas de participación política, incluyendo la interacción con la clase política, la presentación de denuncias ante la Sala IV o ante la Defensoría de los Habitantes, la participación en espacios de opinión en los medios tradicionales o en las redes sociales y el apoyo a movimientos de protesta y oposición manifiesta. Aunado a esta baja en la participación política, se observa también un decrecimiento sistemático de la cercanía con los partidos políticos, a tal punto que en la actualidad ninguna de estas agrupaciones atrae a más de un 15% del electorado.
No es de extrañar entonces, que el apoyo al sistema democrático también se haya visto afectado, mostrando niveles crecientes de indiferencia o de rechazo.
Estos sentimientos de decepción y de resentimiento, además de provocar el distanciamiento político y la baja participación, también han encontrado refugio en el autoritarismo, de modo que sectores crecientes de la población se han adherido a posiciones dogmáticas, con un rechazo a toda posición o actitud diferente de la suya, con una búsqueda de soluciones drásticas basadas en la fuerza y en la imposición y un debilitamiento de los valores democráticos, tales como el respeto mutuo, el diálogo y la justicia social.
En general, este refugio autoritario enfatiza la canalización impulsiva de las emociones intensas y el debilitamiento de los controles cognitivos. Esta situación permite el desarrollo de contradicciones como es el hecho de que el resentimiento por los efectos de la debilidad institucional termine sugiriendo más bien el desmantelamiento del Estado y la deslegitimación de los mecanismos de control y de contrapesos. Otro tipo de contradicción es el hecho de que, ante la falta de representatividad, se apoye acríticamente a una figura autoritaria que actúa sin ningún tipo de consulta popular.
Otra consecuencia de los sentimientos de decepción y enojo es el aumento de las manifestaciones de violencia y la consecuente sensación de inseguridad. A partir de la mitad de la década anterior, todos los indicadores de actos agresivos han tendido a mostrar aumentos importantes, muchas veces con tasas récord a nivel histórico, como por ejemplo los homicidios, los suicidios o las muertes en accidentes de tránsito. Desgraciadamente, la tendencia a canalizar de manera impulsiva las emociones y el debilitamiento de los controles cognitivos, estimulados por el distanciamiento político y el autoritarismo, han favorecido un aumento creciente de los hechos de violencia, a tal punto que la sensación de inseguridad es, con mucho, el principal problema del país para la gran mayoría de las personas. A este respecto, es importante indicar que los procesos de deslegitimación política e institucional y la decadencia en los procesos de socialización favorecen sistemáticamente el debilitamiento de los controles cognitivos y las normas, valores y actitudes necesarias para una convivencia pacífica y favorecen la adhesión a formas de conducta más individualistas y agresivas.
Ante esta situación de enojo acumulado, conviene preguntar a las personas que han encontrado refugio en el autoritarismo si consideran que la concentración del poder y las actitudes agresivas del presidente y de muchos de sus colaboradores han ayudado en algo a reducir los niveles de inseguridad y violencia en el país. Del mismo modo, cabe preguntarse si el autoritarismo ha logrado en alguna medida, entre otras cosas, detener el deterioro en la educación, las limitaciones crecientes en la atención de la salud o el alto costo de la vida para la mayoría de los hogares. ¿No será más bien que el debilitamiento institucional, la reducción de los sistemas de contrapeso y control y las actitudes dogmáticas e irrespetuosas constituyen condiciones idóneas para actuar por encima de la ley, para gobernar en provecho propio y para el crecimiento del narcotráfico?
Del mismo modo, conviene también preguntar a las personas que han decidido abstenerse de la participación política si esta actitud les ha permitido realmente evitar las consecuencias de las políticas de los últimos gobiernos o les ha permitido reducir la decepción y el enojo ante el deterioro de la calidad de vida. ¿No resulta la abstención más bien un espaldarazo a la concentración de poder y un cheque en blanco a los abusos que tanto se rechazan?
En términos más generales, conviene insistir en que la participación política debe siempre ir más allá del voto. La participación debe ser permanente durante los cuatro años de cada gobierno. La única forma de mejorar la democracia representativa es a través de la participación en las diversas formas de hacer la política. Por ejemplo, la ciudadanía debe mantener un diálogo permanente con sus representantes para asegurar que sus aspiraciones y necesidades sean tomadas en cuenta. Del mismo modo, deben utilizarse con regularidad las opciones de control institucionalizadas, tales como la Defensoría de los Habitantes o la Sala Constitucional. También resulta clave la participación en el análisis y evaluación de las condiciones políticas del país a través de los medios de comunicación tradicionales o en las modernas redes sociales. Es necesaria, además, la actividad en agrupaciones más particulares como las asociaciones de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales o los sindicatos. Por último, cuando la participación en las instancias anteriores no logra los objetivos deseados, siempre queda la importante opción de la protesta popular como forma de manifestación y presión política.