Costa Rica atraviesa una coyuntura decisiva. En el marco de un proceso electoral que definirá el rumbo del país en los próximos años, el acceso a información confiable, análisis riguroso y datos comparables adquiere una relevancia estratégica. La democracia no se fortalece únicamente mediante el acto de votar —que es esencial—, sino también a través de la capacidad de comprender los patrones que explican la participación ciudadana y la forma en que estas decisiones inciden en el desarrollo territorial. Este análisis no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta para identificar con mayor precisión los focos donde deben concentrarse las políticas públicas orientadas a mejorar los niveles de desarrollo.
Los datos del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025, desarrollado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), evidencian una relación clara y consistente: los cantones con mayores niveles de participación electoral tienden a registrar también mejores niveles de competitividad. Esta correlación no es aleatoria. La participación ciudadana constituye un pilar de la institucionalidad democrática y, simultáneamente, un factor habilitador de mejores condiciones para el desarrollo económico y social.
La competitividad de un país no se construye exclusivamente a partir de indicadores macroeconómicos o del clima de negocios. Se consolida cuando existen instituciones sólidas, ciudadanía informada y una participación activa en los procesos democráticos. Los territorios donde la población se involucra de manera más intensa en la toma de decisiones colectivas suelen desarrollar mayores capacidades para atraer inversión, generar oportunidades y reducir brechas estructurales, al convertir la participación en una demanda ciudadana organizada y sostenida.
El análisis de la participación estructural —medida como el promedio ponderado de la participación en las últimas cuatro elecciones nacionales— muestra que los territorios con mayores niveles de involucramiento ciudadano se concentran mayoritariamente en la Gran Área Metropolitana (GAM). De los 20 cantones con mayor participación electoral en este período, únicamente tres se ubican fuera de la GAM, y ninguno corresponde a cantones costeros o fronterizos.
Este patrón se reproduce en el análisis de los cantones con menor participación electoral. En este grupo, la totalidad se localiza fuera de la GAM y cerca del 60% corresponde a cantones costeros o fronterizos. Estos territorios enfrentan, además, mayores rezagos en competitividad, acceso a oportunidades y condiciones estructurales para el desarrollo.
La menor participación electoral en los cantones fuera de la GAM constituye una señal de alerta. Este fenómeno refleja entornos de desarrollo más adversos, mayores barreras de integración a la vida económica y social del país y una relación más débil con las instituciones públicas. En este contexto, resulta fundamental comprender sus fortalezas y debilidades en materia de competitividad territorial, ya que la atención de estos rezagos y la generación de mejores oportunidades económicas y sociales son condiciones necesarias para fortalecer la confianza ciudadana y el involucramiento democrático.
Los datos también muestran que el comportamiento electoral varía según el tipo de elección. En las elecciones nacionales, la participación tiende a ser mayor en los cantones centrales del país y en algunos territorios fuera del Valle Central como San Carlos, Nandayure, Hojancha y Nicoya. En contraste, en las elecciones municipales se observa una mayor participación en zonas costeras y fronterizas, mientras que los cantones centrales registran mayores niveles de abstencionismo.
Comprender estas diferencias es clave para el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. No se trata únicamente de promover el voto, sino de reconocer que la participación electoral está estrechamente vinculada a las condiciones estructurales de los territorios: acceso a servicios públicos, oportunidades educativas, empleo, infraestructura y niveles de confianza en las instituciones.
En este contexto, el voto informado adquiere una relevancia estratégica. Ejercer el derecho al voto con base en datos, evidencia y una visión de largo plazo constituye una herramienta poderosa para cerrar brechas territoriales, fortalecer la cohesión social y construir un país más competitivo e inclusivo. La participación ciudadana no solo define gobiernos; también incide directamente en las condiciones que permiten crecer, innovar y generar bienestar sostenible.
Desde el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) reafirmamos nuestro compromiso con una democracia activa, sustentada en información rigurosa y análisis técnico. El Índice de Competitividad Nacional (ICN) busca precisamente aportar evidencia que permita comprender con mayor profundidad la realidad de los territorios y contribuir a una toma de decisiones más informada, tanto a nivel nacional como local.