Cuando se dice que Costa Rica no debería preocuparse por el cambio climático, no estamos ante una diferencia de opinión, sino ante una mala lectura del riesgo. En el debate público reciente se ha insistido en que no hay que ser alarmistas, que el país tiene una contribución marginal a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y que existen problemas más urgentes como el empleo, la seguridad, la educación o las pensiones. El argumento suele presentarse como una defensa de la “evidencia” frente a una supuesta narrativa catastrofista.

El problema es que esa lectura no es técnica ni rigurosa. Es incompleta. Y cuando se trata de política pública, las omisiones también generan costos.

El primer error es conceptual. Se está mezclando mitigación con adaptación, emisiones con riesgo, responsabilidad global con vulnerabilidad local. Que Costa Rica represente alrededor del 0,3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero es un dato relevante para discusiones diplomáticas o de cooperación internacional. Pero ese dato dice muy poco —o nada— sobre el nivel de riesgo que enfrenta su economía y su población frente a los impactos físicos del cambio climático.

La relevancia del cambio climático para Costa Rica no se explica por su nivel de emisiones, sino por su alta exposición física al riesgo climático, derivada de su ubicación geográfica, su topografía y sus patrones hidrometeorológicos. Ese es el punto que se está pasando por alto.

Visto desde el análisis de riesgo económico y sistémico, el panorama es contundente. El Global Risks Report 2026 del World Economic Forum muestra que los riesgos ambientales dominan el ranking de severidad a diez años. En concreto, cinco de los diez riesgos más severos a nivel global pertenecen a esta categoría, ubicándose por encima de amenazas que suelen ocupar el centro del debate público, como los conflictos armados, las crisis económicas profundas, la inestabilidad política o las disrupciones tecnológicas. No se trata de una advertencia retórica, sino de una jerarquización comparada de riesgos basada en evidencia.

Bajar ese análisis al contexto costarricense hace que la discusión deje de ser abstracta. Estudios técnicos desarrollados en el marco del Global Shield against Climate Risks muestran que una proporción muy alta del PIB del país y de su población se concentra en zonas de alto riesgo climático. En otras palabras, los principales activos económicos, la infraestructura crítica y los medios de vida de millones de personas están expuestos a eventos cada vez más frecuentes e intensos.

Los datos históricos confirman esta tendencia. En las últimas décadas no solo se ha registrado un aumento en la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos, sino también en su severidad. Las sequías duran más, las lluvias intensas generan impactos más concentrados y los costos económicos asociados a estos eventos han dejado de ser marginales. En algunos años, las pérdidas se han acercado a niveles equivalentes a cerca del 1% del PIB. Para cualquier economía, eso es material.

Aquí es donde el argumento de que “hay problemas más importantes” empieza a desmoronarse. El cambio climático no compite con la agenda económica y social; la atraviesa. Afecta infraestructura, interrumpe cadenas productivas, presiona las finanzas públicas y profundiza brechas preexistentes. Tratarlo como un tema aislado o secundario no protege al país de esos impactos; los amplifica.

Esta realidad se vuelve aún más evidente cuando se observa quiénes cargan con los costos. Las micro, pequeñas y medianas empresas —el verdadero motor de la economía costarricense— son también las más expuestas. Generan una parte sustancial del empleo, operan con márgenes estrechos y suelen estar concentradas en sectores altamente sensibles al clima, como la agricultura, el turismo, el comercio local y los servicios.

Cuando ocurre un evento extremo, el impacto no es simétrico. Para una gran empresa puede significar una pérdida temporal. Para una MiPyME, muchas veces significa el cierre definitivo. Cada negocio que no logra recuperarse implica empleos perdidos, ingresos familiares interrumpidos y, en muchos casos, un retroceso en trayectorias educativas y de bienestar que costaron años construir.

Ahí es donde el cambio climático deja de ser un debate técnico y se convierte en un problema social. La afectación no se distribuye de manera equitativa. Los territorios más vulnerables, las personas con menos capacidad de absorción y los emprendimientos más pequeños son los primeros en sentir el golpe. Y cuando esas pérdidas se acumulan, también se resienten la seguridad, la salud y la cohesión social.

A esto se suma un elemento que suele tratarse como accesorio, cuando en realidad es central: la biodiversidad. El país no solo es un territorio con alta riqueza natural; su base productiva depende de sus ecosistemas. El turismo, la disponibilidad de agua, la agricultura y la resiliencia frente a eventos extremos están directamente vinculados al estado de la biodiversidad. Deteriorarla no es un costo ambiental abstracto: es debilitar los cimientos económicos del país.

Hablar de protección de la biodiversidad no es oponerse al desarrollo ni al empleo. Es entender que sin ecosistemas funcionales no hay crecimiento sostenible posible. Ignorar esa relación no genera balance; genera fragilidad.

Esta no es una discusión teórica. Un estudio desarrollado con apoyo del BID sobre el Plan Nacional de Descarbonización estimó que su implementación generaría $41 mil millones en beneficios económicos netos acumulados entre 2020 y 2050, superando ampliamente sus costos. No parece, precisamente, una política diseñada para perder recursos.

Minimizar el riesgo climático en nombre de la prudencia o del “realismo” no es una posición neutral. Es una decisión que traslada los costos hacia los más vulnerables y hacia el futuro. La evidencia científica y los análisis de riesgo están sobre la mesa. No son nuevos, ni radicales, ni ideológicos.

El debate real no es si el cambio climático existe o si Costa Rica emite poco. El debate es si el país está dispuesto a reconocer su exposición, proteger a quienes más riesgo enfrentan y diseñar políticas públicas que entiendan que el clima ya no es un tema ambiental aislado, sino una variable central del desarrollo económico y social.

La evidencia está ahí. La pregunta es si vamos a mirarla de frente o seguir esquivándola.

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