A menos de dos semanas de las votaciones, los costarricenses debemos asumir con seriedad la elección del próximo presidente. La decisión no es sencilla, pero la discusión informada y la investigación son indispensables. Cuidar nuestra democracia implica leer las principales propuestas de cada candidato, observar los debates y conversar con amigos y familia sobre cuál puede ser la mejor opción. Desde mi perspectiva, existen tres criterios fundamentales para orientar esta decisión.
Primero, garantizar la estabilidad democrática y la solidez de nuestro Estado de Derecho. Esto implica respeto a la institucionalidad, reafirmar la separación de poderes y mantener apertura al diálogo para implementar una agenda efectiva de política pública. No se trata solo de un principio político, sino de una condición necesaria para el desarrollo económico. El mejor ejemplo de ello es el crecimiento en la inversión extranjera directa que hemos tenido en los últimos 20 años, por más de US$9.000 millones, producto de un propicio ambiente de negocios donde se respetan los derechos de propiedad. Un candidato que no cumpla con esta condición representa un riesgo significativo para el país, especialmente en el largo plazo.
Segundo, consolidar la estabilidad fiscal y asumir la necesaria reforma del sistema de pensiones. Estos han sido temas recurrentes en la agenda económica de los últimos 15 años, pero también nuestros principales riesgos sistémicos. Durante la década de 2010, la deuda pública aumentó en más de 10 puntos del PIB, y la discusión de la reforma fiscal en la pasada administración nos llevó a vulnerabilidades macroeconómicas que estuvieron cerca de derivar en un colapso financiero. Asegurar la estabilidad fiscal es clave para el desarrollo económico, y esto requiere respeto por la regla fiscal, mejora en la recaudación tributaria y consolidación de las finanzas del Estado.
Ello no implica que la reforma vigente sea perfecta. Existen espacios para mejorar la calidad del gasto público y dar mayor margen a la política social, como lo ha señalado el Fondo Monetario Internacional. Esto enlaza con el segundo gran desafío: la reforma del sistema de pensiones. El próximo presidente deberá poner este tema sobre la mesa, aun cuando no sea una decisión popular ni sencilla. El envejecimiento de la población, el desgaste de la sostenibilidad del IVM y la situación financiera de la CCSS marcarán la discusión política de los próximos años. Resolverlo no pasa únicamente por saldar deuda del gobierno central con la CCSS o aumentar las cotizaciones, sino por una conversación más profunda sobre la gobernanza de la seguridad social y la sostenibilidad de su financiamiento. El candidato presidencial que ponga este tema en la mesa estará mostrando que es gobernante con una mirada de largo alcance.
Tercero, la seguridad. En los últimos cuatro años, los homicidios en Costa Rica han aumentado en más de un 30%, llevando la tasa a niveles históricamente altos, cercanos al 17%. Este riesgo no solo afecta a la ciudadanía, sino también al desarrollo económico, pues deteriora el clima de inversión y fomenta la fuga de capital humano calificado, como ocurrió en Colombia en los años noventa y más recientemente en Venezuela.
En síntesis, elegir presidente no es tarea fácil, pero es nuestro deber como ciudadanos informarnos para tomar la mejor decisión posible. Para mí, estos son criterios fundamentales, e invito a cada costarricense a realizar un ejercicio similar. En tiempos actuales necesitamos un presidente que respete la institucionalidad, abierto al diálogo y dispuesto a tomar medidas impopulares.