Costa Rica se define, con orgullo y razón, como un país de mar. El océano representa el 92% de nuestro territorio, y nuestra identidad, economía y futuro están intrínsecamente ligados a la salud de los ecosistemas marinos. Sin embargo, al analizar las propuestas de los principales partidos políticos de cara a las elecciones nacionales de 2026, surge una omisión inquietante: no hay planteamientos claros para enfrentar la contaminación por plásticos.
Un análisis de los planes de gobierno de los partidos políticos que encabezan las encuestas revela que, si bien muchos abordan temas marinos de forma general (gobernanza, pesca o economía azul), la regulación específica de los plásticos de un solo uso no aparece como una prioridad explícita. Se mencionan la gestión integral de residuos y la economía circular en términos amplios, pero se evita el enfoque concreto y urgente que demanda una crisis que es, simultáneamente ambiental, cultural, de salud pública y de gestión de recursos.
Los datos son consistentes y alarmantes. En Costa Rica se desechan diariamente 564 toneladas de plástico, de las cuales menos del 10% se recupera para reciclaje, en su mayoría fuera del país. Cada día, alrededor de 50 toneladas de este material terminan en el ambiente, muchas de ellas llegando al mar e interfiriendo directamente con la vida marina. Estudios recientes confirman la presencia generalizada de microplásticos en playas y organismos marinos, con concentraciones que alcanzan miles de partículas por metro cuadrado en algunas zonas costeras. A esto se suma una crisis inminente en la gestión de residuos: el cierre programado de los principales rellenos sanitarios de la Gran Área Metropolitana (GAM) para 2026, según ha advertido el Ministerio de Salud.
Compromisos ambientales de Costa Rica en materia de plásticos
Frente a esta realidad, el país ha dado pasos legislativos importantes. Contamos con la Ley 9786 para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, la Ley 9713 sobre poliestireno expandido, la reciente Ley 10.764 sobre artes de pesca fantasma y una Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos. A nivel internacional, Costa Rica es parte del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación e integra la Coalición de Alta Ambición para poner fin a la contaminación por plásticos. Junto a otros países de América Latina y África, el país ha asumido un rol progresista, firme y exigente en las negociaciones del tratado global sobre contaminación por plásticos que se discute en el marco de las Naciones Unidas.
Este panorama muestra que la agenda país avanza para evitar una catástrofe ambiental derivada de la contaminación plástica. Aún así, persiste una brecha crítica entre la normativa y los compromisos asumidos, y su implementación efectiva. Reglamentaciones pendientes, confusión sobre las fechas de entrada en vigencia de ciertas obligaciones sanitarias y ambientales, vacíos en materia de etiquetado y regímenes sancionatorios, falta de incentivos claros para la transición productiva y la urgente necesidad de esquemas robustos de responsabilidad extendida del productor (REP) son desafíos que requieren voluntad política y acción coordinada.
Una oportunidad desperdiciada
La falta de profundidad sobre cómo atender la crisis de la contaminación por plásticos representa una oportunidad desperdiciada. Las elecciones son el momento propicio para debatir cómo fortaleceremos la aplicación de las leyes ya aprobadas, cómo impulsaremos reformas necesarias para cerrar vacíos regulatorios y cómo diseñaremos políticas públicas que prioricen la prevención, la reutilización y una economía circular genuina, por encima del mero reciclaje o la disposición final.
Costa Rica ha construido un prestigio global como líder ambiental. Ese liderazgo debe reflejarse en la coherencia entre nuestros compromisos internacionales y la acción interna. El próximo gobierno heredará la responsabilidad de implementar con decisión un marco normativo que debe estar a la altura, para enfrentar una contaminación que asfixia nuestras aguas, pone en riesgo la salud pública, degrada nuestras costas y amenaza la biodiversidad marina.
Posibles medidas a adoptar en el próximo cuatrienio
Tomando como base las propuestas detalladas en el documento “Votemos por el océano” publicado por Fundación MarViva, es urgente que la agenda concreta frente a los plásticos de un solo uso incluya: la reducción y sustitución gradual mediante medidas regulatorias locales (como la regulación de envases de bebidas y bolsas) combinadas con incentivos municipales para fomentar envases reutilizables; la implementación de esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que establezcan obligaciones a los fabricantes para gestionar los residuos de envases y reportar sus flujos; y la reglamentación de leyes específicas sobre artes de pesca abandonadas, así como la prohibición de microplásticos en productos cosméticos y de limpieza y la creación de incentivos para la aplicación y cumplimiento de las normas ya existentes. Estas acciones, ya planteadas desde la sociedad civil y la academia, demuestran que existen rutas viables para traducir los compromisos ambientales en políticas públicas efectivas y así enfrentar de manera integral la contaminación que amenaza nuestros mares.
El océano nos conecta, nos alimenta y nos protege. Su conservación no es un tema sectorial: es un pilar del desarrollo nacional. Por ello, cabe esperar que en el tramo final de la campaña electoral y en el diseño de las políticas del próximo cuatrienio, el combate a la contaminación por plásticos ocupe el lugar que merece. El futuro del mar, y el nuestro propio, no puede quedar al garete de la indiferencia programática. El momento de actuar, con sensatez y firmeza, es ahora.
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