El costo de oportunidad es uno de los conceptos más fundamentales de la teoría económica; sin embargo, se discute poco en la cotidianidad o incluso en la jerga política. En ese sentido, a propósito del costo de oportunidad, la administración Chaves Robles le cuesta al costarricense muy caro en materia de salud, educación e infraestructura, y vale la pena discutirlo.
Pese a su gran relevancia teórica, es relativamente simple de describir: el costo de oportunidad (o costo económico) de una decisión es todo aquello a lo que se debe renunciar por ella. Esto es parte de otro principio relacionado: todos los recursos, especialmente el tiempo, son limitados. El costo económico es más integral que el costo contable o financiero porque toma aspectos más amplios que solamente el monto monetario de concretar una decisión. Por ejemplo, el costo de oportunidad de una actividad recreativa para un estudiante que tiene un examen próximo es más alto que el de una persona en sus vacaciones; ambos pagan el mismo monto monetario por la actividad, pero el primero debe renunciar a valiosas horas de estudio.
Sentadas las bases, es imposible no sentir preocupación por la estrategia comunicativa establecida por el gobierno actual. Una central de desinformación orquestada todos los miércoles desde Casa Presidencial, no solamente por el presidente, sino por un equipo con experiencia en recursos audiovisuales, una central que esgrime fuertes ataques personales contra instituciones, miembros de los Supremos Poderes, miembros de la sociedad civil y todo aquel que no se alinee con los intereses del mandatario. Posteriormente, ese mensaje es propagado y potenciado por una fuerte maquinaria en redes sociales y medios de comunicación satélites.
En la superficie, este ciclo semanal, aunque altamente infortunado, podría parecer superficial. Sin embargo, aunque a las palabras se las lleva el viento, no así al costo de oportunidad. En ese sentido, el gran problema radica en que esta puesta en escena consume al país entero en una espiral permanente en donde toda la atención orbita en torno al guión del tópico semanal que el equipo presidencial haya preparado. Esto sume a los entes alineados a replicar y difundir la historia por más falaz o imprecisa, mientras los frenos y contrapesos (incluyendo los medios de prensa formales) deben enfrentar la disyuntiva constante de si clarificar los hechos o abordar otros temas más relevantes, un dilema hasta filosófico.
Consecuentemente, los costarricenses pagan la factura del costo de dos maneras fundamentales. La primera es que las discusiones y acciones importantes no están ocurriendo en el Ejecutivo. Costa Rica es un país en vías de desarrollo (que es distinto al nivel de ingreso); en consecuencia, todo el tiempo que no se invierta en temas de educación, salud, infraestructura y seguridad es una oportunidad perdida que puede propagarse a muchos años de rezago. En segundo lugar, la elaboración de complejas tergiversaciones de la realidad, «gaslighting», lleva al ciudadano a tomar acciones y opiniones en contra de sus propios intereses, ya que se genera una discrepancia entre el hecho y la percepción.
Ejemplos de lo anteriormente mencionado incluyen: el retraso a la construcción del Hospital de Cartago, la cancelación sin criterio técnico del proyecto original del tren eléctrico, la inexistente ruta de la educación, el manejo ineficiente de las sesiones extraordinarias de la Asamblea, la deficiente administración de la Caja, la confusa estrategia en materia de política policial y de control de drogas; todas en conjunto son carísimas facturas que el Poder Ejecutivo le pasa al ciudadano costarricense en forma de costo de oportunidad (costos ocultos cuyos cálculos monetarios no son explícitos pero sí profundos).
Quizás lo más desgarrador de todo es observar cómo esto ocurre con el aplauso y la complacencia del ciudadano costarricense. Felices las personas sintonizan y reproducen los mensajes de la puesta en escena de los miércoles o de alguno de los «spin-offs» que transmiten los medios amigos y las redes sociales. Para muchos no importa qué tan cara sea la factura de la “tragicomedia” en términos de oportunidades perdidas, si hay que “vender” la institucionalidad para pagarla ¡Adelante!