Durante los últimos ciento cincuenta años, la historia mundial ha mostrado un patrón inquietantemente constante: las grandes crisis democráticas no comienzan con tanques en las calles, sino con votos depositados bajo promesas simples para problemas complejos. El sometimiento de naciones, la usurpación de sus riquezas naturales y la destrucción de sus tejidos sociales rara vez se anunciaron como tales. Por el contrario, casi siempre llegaron envueltos en discursos de orden, salvación nacional, grandeza perdida o protección frente a enemigos reales o inventados.
A partir de la década de 1870, con el auge del imperialismo moderno, las grandes potencias comenzaron a expandirse no solo por ambición territorial, sino por la necesidad de asegurar materias primas, rutas comerciales y mercados cautivos para sus economías industriales. África, Asia y amplias regiones de América Latina se transformaron en escenarios de dominación directa o indirecta. Allí donde existía alguna forma de participación política, fue considerada irrelevante; y donde no existía, jamás fue un objetivo a construir. El poder se impuso en nombre del progreso, y la violencia fue normalizada como instrumento legítimo de orden.
Tras la Primera Guerra Mundial, lejos de corregirse ese rumbo, el mundo fue redibujado según los intereses de los vencedores. Surgieron Estados artificiales, especialmente en Medio Oriente, diseñados más para garantizar el control de recursos estratégicos; como el petróleo, que supuestamente era para respetar identidades históricas o aspiraciones democráticas. Se habló de autodeterminación, pero se practicó el tutelaje. En ese período comenzó a consolidarse una idea que atravesaría todo el siglo XX: la estabilidad vale más que la democracia, especialmente cuando hay riquezas en juego.
La Segunda Guerra Mundial pareció dejar una lección definitiva sobre los peligros de concentrar el poder. Sin embargo, apenas terminado el conflicto, el mundo se reorganizó bajo la lógica de la Guerra Fría. Desde entonces, la democracia dejó de ser un fin en sí mismo y pasó a ser una herramienta retórica. Las grandes potencias apoyaron, financiaron o impusieron regímenes autoritarios siempre que sirvieran a sus respectivas zonas de influencia. Golpes de Estado, guerras inducidas, intervenciones encubiertas y dictaduras “amigas” proliferaron en América Latina, África y Asia. El mensaje implícito fue claro: los pueblos podían votar, siempre y cuando votaran lo correcto.
El imperialismo clásico del siglo XIX utilizó la fuerza bruta; el del siglo XX perfeccionó la intervención indirecta; y el del siglo XXI ha refinado aún más el método: debilitar las instituciones desde dentro, capturar el Estado, concentrar el poder y luego abrir el país, ya indefenso, a intereses económicos, ideológicos o geopolíticos ajenos al bien común. En todos los continentes se repite la misma secuencia: primero se deslegitima la democracia llamándola lenta, corrupta o inútil; luego se justifican “soluciones excepcionales” y finalmente, la excepción se vuelve regla y la institucionalidad se convierte en un obstáculo a remover.
La historia reciente de América Latina es particularmente elocuente. Proyectos populistas, tanto de izquierda como de derecha, han demostrado que el autoritarismo no tiene ideología fija, pero sí un método reconocible: concentración del poder ejecutivo, ataque sistemático a la prensa independiente, cooptación o debilitamiento del poder judicial, desprecio por los controles y contrapesos, y uso emocional del miedo y la polarización para mantener adhesiones acríticas. Cuando ese proceso madura, la nación deja de decidir su destino y pasa a ser administrada como botín.
Con el fin de la Guerra Fría, muchos creyeron que comenzaba una etapa distinta. Se habló del triunfo definitivo de la democracia. Sin embargo, lo que emergió fue una forma más sofisticada de dominación: ya no siempre militar, pero sí económica, financiera y normativa. Estados frágiles fueron sometidos a programas de ajuste, privatizaciones forzadas y dependencia estructural. La soberanía se erosionó sin necesidad de ocupación. Las decisiones clave dejaron de tomarse en los parlamentos y comenzaron a definirse en mercados, organismos internacionales o mesas de negociación opacas (ayunas de transparencia).
El siglo XXI profundizó este patrón bajo nuevos pretextos. Las guerras contra el terrorismo, las intervenciones humanitarias y las operaciones de “reconstrucción” repitieron una lógica ya conocida: destrucción del Estado, colapso institucional, privatización de la reconstrucción y enriquecimiento de actores externos junto a élites locales colaboradoras. Afganistán, Irak, Libia o Siria muestran cómo un país puede ser desarticulado en nombre de su salvación. La democracia fue invocada, pero nunca arraigada.
En ese contexto histórico, el riesgo no es abstracto ni exagerado. Si en las elecciones del primero de febrero se consolidara un chavismo populista de ultraderecha, con respaldo electoral suficiente para concentrar poder y erosionar la institucionalidad democrática, Costa Rica entraría en una zona de peligro que el mundo conoce demasiado bien. No sería un quiebre inmediato, sino gradual. No sería una dictadura declarada, sino una democracia vaciada por dentro.
Este país, que durante décadas se distinguió por su Estado de derecho, su división de poderes, su respeto a las libertades civiles y su excepcionalidad regional, podría iniciar un proceso de degradación silenciosa: leyes hechas a la medida del poder, instituciones debilitadas o capturadas, ciudadanía reducida a espectadora, recursos estratégicos expuestos a intereses privados o extranjeros, y una “reconstrucción” futura que, como tantas veces en la historia, termine siendo un negocio para unos pocos y una pérdida irreparable para la nación y su pueblo.
La lección histórica es clara y severa: cuando la democracia se entrega voluntariamente a proyectos que prometen eficacia a cambio de controles, el precio siempre se paga con soberanía, justicia y dignidad colectiva. Ningún país está vacunado contra esto, ni siquiera aquellos con larga tradición democrática. Precisamente porque el deterioro comienza cuando se cree que “aquí eso no puede pasar”.
Por eso, el primero de febrero no es solo una elección más. Es una decisión sobre el tipo de país que Costa Rica quiere seguir siendo: una república imperfecta pero perfectible, o un experimento de poder concentrado que la historia ya ha demostrado cómo termina.
La democracia no muere de golpe.
Muere cuando se la considera un estorbo.
Y la historia, implacable, siempre pasa la cuenta.