Cuando una sociedad evidencia altos niveles de desigualdad y educación, resulta fácil canalizar la ira y frustración de los menos favorecidos hacia un enemigo, muchas veces fabricado por aquellos que mueven los hilos del gobierno. Este enemigo, puede asumir la forma de inmigrantes (legales e ilegales), otros grupos sociales, o incluso otros poderes del Estado, a quienes se señala como responsables de la crisis —real o ficticia— que experimenta la Nación.
Tal construcción, es asumida como cierta por buena parte de la población, fenómeno claramente facilitado por pobre nivel de educación; cuando se desconocen los mecanismos a través de los cuales opera la política y que esta responde en realidad a los intereses de determinados grupos de presión, es fácil aceptar una narrativa dirigida a provocar un impacto emocional en el electorado, antes que aquella fundada en datos objetivamente verificables.
Mayor resulta el impacto de dicha narrativa cuando el gobierno controla el contenido de cualquier tipo de información que pueda contradecirla, o haya logrado descalificar la credibilidad de las voces disidentes.
Aun si el gobierno no haya hecho absolutamente nada por mejorar la calidad de vida de la población, esta seguirá "creyendo" en él, sea porque ello resulte del control y manipulación de la información —que construye una nueva realidad a la medida de los intereses gubernamentales, tal y como es descrito por Orwell en su obra 1984— o bien, porque tal aceptación es en realidad producto de la amenaza del uso en la fuerza de contra de los opositores.
Quienes detentan el poder en tales condiciones, nunca renunciarán voluntariamente a él; son demasiadas las ventajas asociadas a su ejercicio. Quienes por su parte se encuentran sometidos al poder autoritario y han adquirido consciencia de él, cuentan solo dos opciones: resignarse a su destino, o imponer el cambio, incluso por medios violentos; las elecciones democráticas, no son conciliables con un Estado totalitario, y de llegar a existir, lo serían solo como mecanismo para dotar de falsa legitimidad a quienes consiguieron hacerse con el poder. Esta es la, realidad de países como Nicaragua, El Salvador y Venezuela, destino al que Trump aspira también a llegar, y que en la actualidad tiene solo como límite la voz de jueces valientes, que se han opuesto a sus diferentes asaltos al orden constitucional de ese Estado.
A esto, aspiran también algunos en nuestro país, que, como Troya, lucha desde las murallas de la Constitución contra los diversos ataques de los que es objeto.
El Poder Judicial y la Contraloría General de la República, han servido históricamente como límites al abuso de poder. ¿La táctica de los populistas? Acusarlos de ineficiencia y corrupción para restarles legitimidad y justificar ante la sociedad la necesidad imperiosa de un cambio.
El Estado se encuentra endeudado y necesita bajar el déficit fiscal. ¿La táctica de los populistas? Culpar de ello a los "altos" salarios y los aportes estatales al régimen de jubilación del Poder Judicial, como excusa para congelar el régimen de remuneraciones y debilitarlo indirectamente. No interesa aquí que grandes empresas reporten cero ganancias por concepto de impuesto sobre la renta; siempre será más fácil recurrir a las falacias de los altos salarios y a la necesidad de aumentar los impuestos, que terminarán afectando esencialmente a la clase media.
El país vive una crisis de seguridad y de altísima tasa de homicidios. ¿La táctica de los populistas? Culpar de ello al Poder Judicial, aun si la labor de este atañe esencialmente a la investigación y juzgamiento de hechos presuntamente delictivos; no a su prevención. Contrario a lo que se afirma desde el gobierno, las garantías procesales no son una falencia del sistema sino principios dirigidos a asegurar a toda persona un debido proceso, cuya observancia será incluso reclamada por aquellos que hoy cuestionan su existencia, cuando sean ellos los sometidos a juicio.
La prensa responsable, constituye también un factor esencial como límite al abuso del poder. ¿La táctica de los populistas? Afirmar que esta se encuentra aliada con la corrupción como medio para deslegitimar cualquier señalamiento al Ejecutivo e imponer una única narrativa: aquella que favorezca al gobierno.
El Tribunal Supremo de Elecciones constituye una garantía esencial en nuestro sistema, dirigida a asegurar la legitimidad en la sucesión de los diferentes gobiernos. ¿La táctica de los populistas? Acusarlo de corrupción para así cuestionar la legitimidad de cualquier proceso que no convenga a los intereses del actual gobierno.
Y así....
Ningún país es perfecto, pero si algo ha distinguido en el pasado a Costa Rica frente a otros Estados y ha reducido el riesgo de guerras civiles que desangren a la Nación, son precisamente las instituciones hoy cuestionadas por los falsos mesías, cuyo arribo al poder parece hallarse de alguna forma vinculado a organizaciones criminales beneficiadas por algunas de sus decisiones más controversiales. ¿Podrá resistir Costa Rica, o su destino será el mismo de Príamo y su pueblo? Solo el tiempo nos lo dirá.
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