Parlamento, Congreso Nacional, Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional, Cámara, Cortes Generales. Su denominación cambia dependiendo del país y de las particularidades de su sistema político, pero su relevancia para el resguardo de la democracia y la institucionalidad trasciende, por mucho, su nombre.
Eso sí, llamarse democrático no equivale, necesariamente a serlo. La historia política reciente (y no tan reciente) demuestra que la democracia puede vaciarse de contenido sin necesidad de ser formalmente abolida. Elecciones periódicas, mayorías parlamentarias o discursos en nombre del “pueblo” no garantizan, por sí mismos, un régimen democrático (especialmente si se hacen cargados de gritos, desprestigios e insultos). La democracia no es solo un método de acceso al poder: es, ante todo, un sistema de límites, garantías, contrapesos y procedimientos. En ese entramado, el Parlamento ocupa un lugar insustituible.
El Parlamento es, sin duda, una institución. Pero es también mucho más que eso. Es el espacio donde la pluralidad social se traduce en deliberación política, donde el conflicto se canaliza por vías pacíficas y reglamentadas, y donde el poder se somete al control público. Un Parlamento fuerte y que funciona correctamente no beneficia únicamente a los partidos que lo integran, sino a la sociedad en su conjunto, porque actúa como un contrapeso frente a la arbitrariedad, la concentración del poder y las tentaciones autoritarias.
Encarna tanto las ilusiones como los descontentos populares, pues lo conforman precisamente los representantes democráticamente electos por la ciudadanía. No necesariamente los mejores, los más capaces o los más preparados, sino a quienes los partidos políticos escogieron primero en sus procesos internos y a quienes el voto popular les confió un escaño o curul. Por eso también, vemos en él nuestro reflejo, lo bonito y lo feo, ya que es un gran espejo de lo que somos como sociedad.
Y es por ello, también, que las decisiones que tomamos para renovar periódicamente su conformación, siguiendo los rituales que nos garantiza la democracia representativa, toman cada vez más una importancia trascendental para la supervivencia, fortalecimiento y garantías de un sistema que lejos de ser perfecto, es el mejor que como humanidad hemos inventado para asegurar la participación de actores y sectores sociales, económicos, ambientales, científicos, académicos y gremiales en las más altas esferas de la toma de decisiones nacionales.
Puede haber Parlamentos sin democracia —órganos legislativos vaciados de poder real o subordinados al Ejecutivo—, pero no existen democracias sin Parlamentos. Allí donde el Parlamento ha sido neutralizado, desprestigiado o convertido en un simple trámite, la democracia comienza a erosionarse, incluso si se mantiene una fachada electoral. El populismo autoritario lo ha comprendido bien: por eso su estrategia no suele ser suprimir el Parlamento de inmediato, sino deslegitimarlo, obstruir sus procedimientos o presentarlo (junto a los demás órganos de control institucional) como a un obstáculo “elitista” frente a la voluntad popular.
En este contexto, resulta fundamental recordar que todo ciudadano, antes de ser simpatizante o militante de un partido político, debe ser militante de la democracia. La lealtad a una causa, a una ideología o a una mayoría circunstancial nunca puede situarse por encima de las reglas del juego democrático. El verdadero enemigo en democracia no es quien piensa diferente, sino quien pretende impedir que los demás piensen diferente, legislen diferente o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones.
De ahí la centralidad del principio de transparencia en todos los procesos parlamentarios. La transparencia no es un adorno discursivo ni una concesión a la opinión pública: es una exigencia estructural del Estado democrático desde que la publicidad apareciera como principio absoluto en la Constitución francesa de 1791. La deliberación abierta, el acceso a la información, la publicidad de los debates y de las decisiones constituyen la mejor vacuna contra la corrupción y contra el uso patrimonial del poder. Donde hay opacidad, el abuso encuentra terreno fértil.
A ello se suma una verdad básica del constitucionalismo democrático: un poder controlado es un poder limitado. Los Parlamentos no solo producen normas; se imponen a sí mismos controles internos y procedimientos (interna corporis) precisamente para evitar desviaciones, arbitrariedades y abusos. Los procedimientos parlamentarios no son formalismos vacíos: representan el sistema de garantías que la institución se da para asegurar que sus actos se ajusten a derecho y respeten los principios democráticos. Por ello, deben respetarse siempre, incluso —y sobre todo— cuando resultan incómodos para las mayorías de turno.
En estrecha relación con lo anterior se encuentra el principio de seguridad jurídica. Los ciudadanos y el propio Estado tienen derecho a que las normas sean claras, previsibles y aprobadas mediante procesos rigurosos, transparentes, deliberativos y participativos. Esta seguridad jurídica genera confianza en la institución parlamentaria y refuerza la legitimidad democrática del sistema. Sin ella, la ley deja de ser un marco de convivencia para convertirse en un instrumento coyuntural de imposición.
A veces el Parlamento es lento tomando decisiones en comparación con la urgencia y necesidad de muchas de las demandas ciudadanas y el populismo autoritario hará todo lo posible por remarcar esa lentitud pero, precisamente, una de sus mayores virtudes radica en alcanzar consensos o al menos procurarlos al tomar decisiones por mayoría, sin vulnerar los derechos de las minorías. Y eso, de ninguna manera debe ser visto como una debilidad.
Aunque evidentemente no es lo ideal, un político puede decepcionar. Un partido puede decepcionar. Un gobierno puede decepcionar. Pero un Parlamento no puede permitirse decepcionar. Su legitimidad no descansa en el carisma, ni en el éxito electoral momentáneo, sino en su apego constante a las reglas del juego democrático. Cuando el Parlamento renuncia a ese papel, se debilita el último dique frente al autoritarismo. El autoritarismo no avanza solo por la fuerza del Ejecutivo, sino por la debilidad o claudicación del Parlamento.
Ejemplos de Parlamentos actuando frente a desmanes autoritarios y populistas de los Ejecutivos encontramos de sobra. Desde el rechazo del Congreso estadounidense a financiar determinadas políticas migratorias (como el muro fronterizo), obligando a Trump a enfrentar límites presupuestarios en su primer mandato; el rechazo del Congreso argentino al veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica o el bloqueo y la moderación de iniciativas que debilitaban derechos fundamentales o instituciones de control en el Brasil de Bolsonaro, por citar solamente tres casos.
La democracia nace con la libertad, pero vive siempre con la ley. No es una suma de voluntades individuales sin límites, sino un sistema de convivencia que exige normas, procedimientos y respeto mutuo. Frente al populismo autoritario que se alimenta del descrédito institucional, la respuesta no puede reducirse a titulares pretenciosos ni a imitaciones retóricas. Se requiere formación y pedagogía democrática, construcción de relato y, también, una profunda autocrítica de los partidos políticos tanto los tradicionales, como los nuevos y especialmente los que coyunturalmente se prestan como “taxis” de cara a una elección, responsables en parte del desencanto ciudadano.
El mal aprende y se adapta con rapidez. El bien, para prevalecer, debe ser firme. En tiempos de polarización y desinformación, defender al Parlamento no es defender privilegios ni burocracias, sino defender la democracia misma. Porque cuando el Parlamento cae, no cae una institución más: cae el espacio donde la diversidad puede convivir sin violencia y donde el poder aprende, una vez más, a obedecer la ley.
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