La discusión sobre el futuro político de Irán se mantiene oscilante de acuerdo con ciertos analistas, entre dos escenarios dominantes. Por un lado, se encuentra la continuidad del sistema teocrático reforzado por el poder militar de la Guardia Revolucionaria, o un colapso abrupto producto de presiones internas como las actuales protestas que experimenta el país o las constantes externas como su política de proxis en la región, los embargos que le aplican potencias occidentales, entre otros.
Existe un tercer escenario, menos planteado, pero que conceptualmente es más coherente, la reconfiguración gradual del sistema político mediante un proceso de desideologización del poder coercitivo y la reforma del liderazgo religioso. Esta vía no se basa en la sustitución violenta del régimen ni en una transición revolucionaria, sino en la ruptura progresiva del rol político de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el fortalecimiento de un aparato estatal más convencional.
A diferencia de los análisis que reducen el problema iraní a su programa nuclear o a su política exterior, esta aproximación se centra en el núcleo del poder interno, la relación entre el poder religioso, la coerción de la IRGC y otras milicias que preservan el poder del régimen y la legitimidad del líder supremo, de la Asamblea de expertos y de los Guardianes de la Revolución.
Desde el año 1979 que se dio la Revolución Islámica, ha funcionado como un Estado dual. Por un lado, mantiene instituciones formales con una supuesta “separación de poderes tradicionales” (presidencia, parlamento, poder judicial) dentro de un marco constitucional. Pero, existe un Estado revolucionario cuyo eje es el principio de la Wilāyat al-Faqīh (tutela del jurista islámico), que subordina la soberanía popular a la autoridad teológica. En este segundo plano, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica actúa como garantía del sistema.
La IRGC no es simplemente una fuerza armada, controla sectores estratégicos de la economía, influye en la política exterior, gestiona redes de poder regional y opera como actor de seguridad interna. Su misión fundacional no consiste en defender el territorio nacional, sino en proteger la Revolución Islámica y su legado ideológico. Esta diferencia es crucial, porque explica por qué cualquier reforma política profunda pasa inevitablemente por una reforma del aparato coercitivo.
Cabe señalar de que Irán posee, además de la IRGC, un ejército regular (Artesh), cuya función histórica ha sido la defensa territorial y la disuasión convencional. A diferencia de la Guardia Revolucionaria, Artesh no se define por una misión ideológica, mantiene una cultura profesional, clásica y carece de ambiciones transnacionales.
La “tercera vía”, no propone crear una nueva fuerza armada, sino invertir la jerarquía política entre estos dos aparatos. En términos prácticos, implicaría devolver centralidad al Artesh como instrumento principal de defensa nacional, mientras se limita a la IRGC a funciones estrictamente militares, sin rol tutelar sobre la política ni la sociedad.
Este tipo de reequilibrio no es una anomalía histórica, sino un proceso de desideologización militar para evitar rupturas violentas, con la diferencia que en Irán la ideología no es solo política, sino también religiosa.
El poder político de la IRGC está apegado a la vigencia de la Wilāyat al-Faqīh, por lo que debilitar políticamente a la IRGC sin revisar la Wilāyat al-Faqīh es estructuralmente inviable.
Este principio no es un dogma universal del islam chiita, sino una interpretación específica desarrollada y aplicada en Irán tras la Revolución conforme a la escuela de Qom (ciudad iraní). En escuelas como la de Nayaf (Irak), predomina una tradición quietista, donde el clero orienta moralmente a la comunidad, pero no gobierna directamente, de hecho, insiste en la separación entre el Estado y el clero, la reforma militar y teológica forman parte del mismo proceso.
No se plantea la abolición inmediata del sistema, sino una reconfiguración gradual de sus pilares, a través de la reforma del liderazgo religioso hacia una figura más simbólica o arbitral con menos injerencia en los poderes del Estado preservando su peso moral, perdiendo el monopolio político.
Darle fuerza y visibilidad al ejército formal, a través de presupuesto y prestigio institucional, mientras que a la IRGC se le reduce su rol político, económico y de control interno. No se requiere una purga, sino una redistribución de las funciones y obviamente la voluntad de hacerlo.
Para que lo anterior funcione, es trascendental desideologizar la seguridad interna trasladando el poder del control gradualmente a fuerzas policiales profesionales, reduciendo la centralidad de grupos paramilitares como Basij y otras estructuras leales a la IRGC.
Además, se debe brindar una apertura limitada a la disidencia, institucionalizando el conflicto político lo que podría disminuir la necesidad de represión sistemática y reducir el costo de gobernabilidad.
No se debe engañar al lector, no se está promoviendo un modelo de democracia liberal plena, pero sí a un Estado autoritario reformado, más predecible y menos dependiente de la coerción ideológica. La democracia requiere más trabajo y de un cambio estructural complejo.
Ahora bien, desde la perspectiva de la Guardia Revolucionaria, esta vía representa una amenaza existencial. Perderían poder y la narrativa que legitima su rol histórico. Si se desideologizan implicaría reconocer que la Revolución Islámica ya no es el principio organizador del sistema político.
Aparte, la IRGC han desarrollado incentivos económicos dentro de un entorno de sanciones y confrontación. La normalización política y la reducción del conflicto externo podrían debilitar esas redes de renta y poder. Por esto, prefieren escenarios de hibridación autoritaria con una teología intacta en lo formal, tutela militar creciente en lo real.
Desde el punto de vista de los actores externos, el camino intermedio presenta ventajas y riesgos. Por un lado, un Irán con fuerzas armadas desideologizadas sería más predecible y potencialmente más negociable en materia nuclear y regional. Por otro, el proceso de transición podría generar incertidumbre a corto plazo y disputas internas difíciles de gestionar.
Lo relevante es que este escenario no puede ser impuesto desde afuera. Cualquier intento de inducirlo mediante presión militar directa probablemente reforzaría el nacionalismo de la IRGC, activando el discurso de la amenaza externa.
Los cambios en Irán no pasarán por un “golpe militar reformista” ni por la creación de una nueva fuerza armada, sino por un cambio en el contrato entre religión, Estado y coerción, fortaleciendo al ejército regular y revisando el rol del liderazgo religioso, reinterpretando los alcances del principio de la Wilāyat al-Faqīh.
Tampoco es un escenario inmediato o inevitable, pero requiere agotamiento interno, fracturas controladas dentro de la élite y una sucesión del liderazgo que abra espacio para la reforma. No depende de un colapso, sino de una reconfiguración del poder. No se definirá por sus centrifugadoras o sus misiles, sino por la respuesta a una pregunta más importante, si el Estado seguirá organizado en torno a la revolución o si, finalmente, lo hará sobre sí mismo.
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