La “teoría del gato muerto” nombra una jugada clásica de comunicación política: cuando la conversación se vuelve adversa, alguien lanza un escándalo chocante sobre la mesa para saturar titulares, mover el marco emocional y forzar un cambio de tema. No apela a evidencias ni a deliberación, sino a sorpresa y urgencia. El resultado es inmediato: dejamos de discutir lo sustantivo y pasamos a perseguir el ruido del día.

En Costa Rica, esta maniobra podría explicar lo ocurrido después del deficiente desempeño de Laura Fernández en el debate del TSE. Por unas horas el foco se posó (¡por fin!) en ella como candidata, exponiendo sus falencias y limitaciones. Pero esto es exactamente lo que menos conviene a Chaves y a Cisneros: que la evaluación pública deje de orbitar hacia Zapote y mida a su heredera con vara propia. Para revertir ese encuadre apareció el “gato muerto”: la denuncia de un supuesto complot magnicida, en plena resaca del debate y útil para desvanecer la lastimada imagen de Laura Fernández y recentrar cámaras en Chaves.

El problema no fue solo el “timing”, sino el manejo institucional. La DIS convocó cámaras, filtró supuestas evidencias y ventiló detalles de una causa en fase preliminar, rompiendo reglas básicas de investigación y comprometiendo el debido proceso. Profesionales de la UNED señalaron que esa exposición mediática entorpece diligencias, politiza a los cuerpos especiales y, sobre todo, desvía la atención que la ciudadanía venía poniendo sobre las propuestas y las capacidades de quienes aspiran a gobernar. El efecto inmediato: volvimos a hablar del presidente justo cuando el electorado empezaba a mirar de frente a las candidaturas.

Desde una lectura estratégica, el “gato muerto” resuelve quirúrgicamente dos urgencias del oficialismo: (1) recentra el protagonismo —de la candidata a su mentor— y (2) sustituye el criterio de evaluación (“competencia y programa”) por otro (“miedo y orden”). ¿Victoria táctica chavista? Sin duda. Pero estas victorias no son gratuitas: cada una erosiona la confianza institucional y degrada el estándar cívico del debate. Cuando la seguridad del Estado se usa como utilería electoral, perdemos brújula.

Para consolidar una respuesta democrática, no basta denunciar el truco: hay que neutralizarlo. Eso exige instrumentos para blindar los protocolos de seguridad nacional contra el uso electoral; exigir investigaciones sin cámaras ni filtraciones; devolver el centro a debates programáticos evaluables; y sostener y fortalecer contrapesos —TSE, prensa, Sala IV, Contraloría— que preserven el foco en capacidades reales, no en artificios de coyuntura.

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