Costa Rica se encuentra hoy en una encrucijada decisiva. Durante años, el país ha recurrido casi de forma automática al endeudamiento y a la creación de nuevos impuestos como respuesta a la presión fiscal, mientras se limita progresivamente la inversión social. Esta estrategia, lejos de resolver el problema estructural de las finanzas públicas, ha profundizado las brechas sociales y debilitado las bases del desarrollo.
La discusión nacional no debería centrarse únicamente en cómo contener la deuda pública, sino ampliarse hacia una pregunta más estratégica: ¿cómo generar ingresos nuevos y sostenibles sin seguir castigando a los mismos sectores de siempre? Costa Rica cuenta con recursos naturales valiosos que, bajo un aprovechamiento responsable y sostenible, podrían convertirse en una fuente legítima de ingresos para el Estado. Sin embargo, por decisiones políticas erradas y una evidente falta de visión de largo plazo, el país ha dejado de percibir miles de millones de dólares en los últimos años.
Hoy, muchos de esos recursos están siendo explotados de manera ilegal y han terminado en manos del crimen organizado, como consecuencia de la ausencia de una estrategia clara y de un control efectivo por parte del Estado, tal como ocurre con el saqueo que presenciamos en Crucitas. No obstante, la solución tampoco puede ser permitir esquemas en los que empresas extranjeras exploten nuestros recursos dejando en el país apenas una fracción de las ganancias, mientras la mayor parte del valor generado se traslada fuera de nuestras fronteras.
En ese mismo sentido, Costa Rica debe asumir con seriedad la transformación y modernización de sus instituciones estratégicas, como el ICE y RECOPE. El país cuenta con el conocimiento técnico, el capital humano y la experiencia acumulada para convertir estas entidades en verdaderos motores de desarrollo, innovación y generación de valor público. Fortalecerlas no significa privatizarlas ni debilitarlas, sino dotarlas de una visión moderna, eficiente y transparente que les permita liderar la transición energética, aprovechar responsablemente nuestros recursos y generar ingresos para el Estado, asegurando que los beneficios se queden en Costa Rica y se traduzcan en bienestar para la población.
Los recursos que hoy se pierden pudieron haberse traducido en mejores clínicas y hospitales, una reducción real de las listas de espera, mejoras sustantivas en los centros educativos, condiciones laborales e infraestructura dignas, el fortalecimiento del régimen de pensiones, así como mayores espacios deportivos y recreativos para rescatar a niños y jóvenes de la exclusión social. Recortar o sacrificar la inversión social no es la vía correcta para sanear las finanzas públicas; por el contrario, debilita la cohesión social y limita las oportunidades de desarrollo.
La deuda pública no es solo una cifra en los informes oficiales, sino un condicionante estructural del desarrollo económico y social del país. Si bien Costa Rica ha avanzado en materia de disciplina fiscal mediante reglas fiscales y contención del gasto, estos esfuerzos —necesarios— resultan insuficientes si no se acompañan de una visión estratégica de mediano y largo plazo. Una deuda elevada implica destinar más recursos al pago de intereses y menos a infraestructura, salud, educación y seguridad.
El verdadero desafío consiste en equilibrar responsabilidad fiscal con crecimiento económico y desarrollo social. Esto exige una recaudación más justa, mayor eficiencia en el gasto público y un entorno que promueva la inversión productiva y la generación de empleo. El crecimiento económico sostenido sigue siendo uno de los mecanismos más eficaces para reducir la carga de la deuda en relación con el tamaño de la economía.
En este proceso, la transparencia y el fortalecimiento institucional son indispensables. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones que afectan las finanzas públicas y cuál es el impacto real de esas decisiones en su vida cotidiana. Un Estado que rinde cuentas genera confianza, y la confianza es un activo esencial para la estabilidad económica y social.
Asimismo, es fundamental fortalecer el papel de los gobiernos locales. Estos están llamados a ser actores clave del desarrollo territorial y de la atención de los problemas sociales, pero en muchos casos han fallado por omisión, falta de gestión o ausencia de liderazgo. No puede hablarse de desarrollo equilibrado si las comunidades más vulnerables solo son tomadas en cuenta en tiempos electorales.
El rol del Poder Legislativo es determinante en este contexto. Las decisiones que se toman desde la Asamblea Legislativa inciden directamente en el rumbo fiscal del país. Por ello, el debate sobre la deuda pública debe darse con rigor técnico, visión de país y responsabilidad intergeneracional, alejándose de soluciones simplistas o de corto plazo que hipotecan el futuro.
La forma en que Costa Rica enfrente hoy su deuda pública definirá no solo su estabilidad fiscal, sino el tipo de país que seremos mañana: uno que administra con responsabilidad sus recursos o uno que continúa sacrificando oportunidades para las próximas generaciones.
Desde mi experiencia profesional y mi compromiso con las comunidades, estoy convencida de que es posible construir un modelo fiscal responsable que no renuncie a la inversión social ni al desarrollo humano. Ese es el enfoque que me impulsa a asumir un compromiso real con mi gente, con Heredia y con Costa Rica, y a trabajar desde el ámbito legislativo por decisiones técnicas, transparentes y orientadas a generar oportunidades, especialmente para quienes históricamente han quedado al margen del desarrollo.