En plena campaña electoral, el término "Alianzas Público-Privadas" (APP) resuena en casi todos los debates y planes de gobierno. Varios candidatos las presentan como la fórmula mágica para reactivar la infraestructura del país. Y aunque la intención es correcta, porque los recursos públicos no alcanzan para todo lo que necesitamos, me preocupa que el concepto se quede "en el aire", usado más como un eslogan atractivo que como una política seria.
Más allá del titular, es urgente aterrizar la discusión. Si queremos que las APP pasen de ser una promesa de papel a una realidad que mejore la vida de la gente, debemos discutir la "letra menuda". No basta con anunciar obras; hay que garantizar que estas se traduzcan en bienestar tangible y no en una nueva frustración ciudadana.
No es privatizar, es compartir riesgos
Debemos ser claros: una APP bien hecha no es privatización ni filantropía. Es un acuerdo serio donde el sector privado aporta financiamiento e innovación, pero asume riesgos reales de construcción y operación. El objetivo no es que el Estado renuncie a su responsabilidad, sino que articule sus capacidades con la energía del sector privado para resolver problemas que, por separado, ninguno puede solucionar a tiempo.
La lección de la Ruta 27: fiscalizar o fallar
Hablar de alianzas en Costa Rica exige mirar con honestidad nuestras experiencias. No podemos culpar a la ciudadanía por desconfiar cuando escucha la palabra "concesión". El caso de la Ruta 27 es una herida abierta que nos recuerda qué pasa cuando el Estado no vigila.
Una auditoría de la Contraloría en 2024 reveló que se acumularon 592 recomendaciones de multas sin ejecutar en cinco años y que faltaba inspección técnica propia. Cuando la supervisión falla, la alianza se rompe. La gente paga peajes, pero no recibe el servicio prometido.
Por eso, cualquier propuesta política responsable debe incluir el fortalecimiento institucional. La OCDE ha señalado que nuestras limitaciones son institucionales y regulatorias. El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) necesita músculo técnico y capacidad real para defender el interés público. Sin un fiscalizador fuerte, no hay alianza que valga.
Más allá del cemento: Alianzas con rostro humano
Otro error es pensar solo en carreteras. Las APP son herramientas poderosas para la equidad social.
Miremos a Uruguay con el Plan Ceibal. No fue solo comprar computadoras; fue una alianza que integró conectividad y capacitación para cerrar la brecha digital educativa. O el caso de Vietnam, donde la cooperación internacional y privada mejoró la infraestructura escolar, reduciendo los siniestros viales en más de un 20% y salvando vidas de estudiantes. Aquí la rentabilidad se mide en tranquilidad para las familias.
Incluso en casa tenemos ejemplos de éxito como la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO). Llevan tres décadas demostrando que, con un socio comprometido, se pueden proteger nuestros bienes públicos más preciados.
La licencia social y el compromiso
Finalmente, ningún contrato legal sustituye a la legitimidad. Las APP alcanzan su máximo potencial cuando involucran a las comunidades y municipalidades desde el inicio. No se trata de imponer proyectos, sino de construirlos con la gente. Esta "licencia social" es el verdadero motor de la sostenibilidad.
Costa Rica necesita que las alianzas público-privadas dejen de ser retórica de campaña y se conviertan en política de Estado. A los candidatos que hoy las usan como bandera, les decimos: bienvenido el debate, pero pasemos a la ejecución con transparencia absoluta. Porque la mejor alianza es aquella que logra que la democracia deje de ser una promesa abstracta y se convierta en servicios que funcionan y en un bienestar que se vive cada día.