¿Qué mejor momento que un periodo electoral para preguntarnos qué tan sólida es, en realidad, nuestra libertad de expresión? No solo para opinar sobre candidaturas, sino también para evaluar el desempeño del gobierno de turno.

Vemos los debates, escuchamos reels, entrevistas en radio o televisión, y casi de inmediato dejamos escapar una opinión. Opinar parece natural, automático. Sin embargo, ejercer la libertad de expresión no es un gesto menor ni un derecho garantizado para siempre.

La libertad de expresión no es un privilegio de los medios de comunicación ni de las personas periodistas. Es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución Política en los artículos 28 y 29, y pertenece, sin excepción, a todas las personas.

Nuestra historia pacífica ha hecho que demos este derecho por sentado. Pero esa confianza se ha visto tensionada en los últimos años, cuando desde el poder se ha atacado públicamente a quienes no “se alinean” con el pensamiento del gobierno, llegando incluso a calificarlos de “filibusteros”, es decir, de amenazas para la patria.

¿Hacia dónde conducen estas prácticas cuando se consolidan en gobierno? La experiencia regional ofrece advertencias claras.

En Centroamérica, el caso de El Salvador es una advertencia clara. Bajo el gobierno de Nayib Bukele, la suspensión de libertades individuales ha permitido la detención de más de 80 mil personas sin el debido proceso, mientras se acumulan denuncias por restricciones y arrestos contra quienes piensan diferente.

Este tipo de lógica no es ajena al actual debate electoral en Costa Rica. En el plan de gobierno de Laura Fernández, específicamente en la página 26, se plantea la posibilidad de declarar una “conmoción interna o grave perturbación del orden público”, una formulación amplia que no se limita a escenarios de criminalidad y que abre la puerta a restricciones de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y de protesta.

La aspiración del PPSO de alcanzar 40 diputaciones no es un dato menor: fue precisamente una mayoría legislativa similar la que permitió en El Salvador otorgar poderes casi ilimitados al Ejecutivo, debilitando los contrapesos del poder judicial y legislativo.

Más al norte, el gobierno de Donald Trump mostró cómo, en apenas un año, la intimidación y el matonismo político pueden normalizar un discurso violento y cargado de odio hacia la disidencia.

Esa ruta ha llegado incluso a justificar la muerte de personas, bajo el argumento de una supuesta “impunidad absoluta” de las fuerzas policiales, como afirmó el actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tras el asesinato de una mujer en Minnesota a manos de un oficial del ICE.

Lo que debemos comprender es que estas prácticas comunicativas violentas no se quedan en las palabras. La censura simbólica y el desprecio por quienes piensan distinto terminan traduciéndose en violencias directas contra la población. Es un riesgo real, que afecta tanto a países grandes como pequeños.

El debilitamiento de las normas democráticas y el aumento de la desconfianza pública son condiciones fértiles para formas de gobierno autoritarias que se sostienen restringiendo libertades individuales y garantías sociales.

Costa Rica no puede transitar ese camino. Necesitamos un liderazgo que valore el diálogo social, que respete la disidencia y que sepa construir desde la diversidad.

Por eso, es fundamental conversar con quienes piensan distinto e invitar a todas las personas a ejercer su derecho al voto el próximo 1 de febrero, aun cuando no apoyen al mismo candidato.

Defender la democracia también implica asumir la responsabilidad ciudadana de elegir opciones políticas que respeten la libertad de expresión como pilar irrenunciable de nuestra convivencia democrática.

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