Actualmente vivimos en una era en que la política nacional ya no transcurre solo en plazas, medios tradicionales o parlamentos, ocurre en stories, tick-tocks, shorts, publicaciones, etc. Bajo el contexto electoral actual, la transformación continua que provoca las redes sociales sobre la cultura política y sobre la formación de la opinión pública tanto en nuestro país como en el mundo entero; en donde hoy casi el 70% de la población mundial usa redes sociales, amplificando voces o medios no tradicionales, facilitando la desinformación y reconfigurando lealtades políticas hacia figuras individuales más que a banderas e ideologías políticas.
En Costa Rica esta transformación es palpable. Las plataformas digitales son ahora espacios centrales de debate, movilización y construcción de reputaciones.
Las redes son herramientas que no solo difunden información, sino que moldean marcos interpretativos, es decir, qué temas importan, qué lenguaje se normaliza, qué símbolos se movilizan, incluso en aires electorales qué figuras se atacan y cuáles se defienden. Con base en lo mencionado, al concentrar audiencias, las plataformas aceleran imparablemente la circulación de narrativas y reducen la intermediación profesional del periodismo.
Los creadores de contenido con audiencias grandes, incluso medianas y pequeñas actúan hoy día como comentaristas, agenda-setters y, en determinadas ocasiones, como consultores no oficiales. Su autoridad proviene de la confianza y la cercanía, no de formación académica. Esto si bien democratiza la opinión, también diluye criterios de verificación de información y de responsabilidad editorial por parte de los creadores.
Estudios sobre campañas políticas recientes demuestran que la desinformación y los contenidos manipulados influyeron en percepciones electorales y sobre todo en la cobertura mediática. La gran facilidad para crear y viralizar material falso, potenciado aún más por herramientas de IA, incrementó la confusión y la polarización de la opinión pública en procesos electorales recientes.
En un escenario de baja confianza en el periodismo y uso extendido de inteligencia artificial generativa, la campaña de 2024 en Estados Unidos estuvo marcada por acciones coordinadas de desinformación destinadas a influir en el electorado y distorsionar la imagen de distintos candidatos.
Muchos influencers adoptan posturas explícitas. Pocos mantienen neutralidad. Esa imparcialidad contribuye a burbujas informativas donde la afinidad se dirige hacia figuras específicas más que a proyectos ideológicos tradicionales, al menos esto se visualiza en nuestro país. En consecuencia, la población receptora resulta polarizada no tanto en “izquierda vs derecha” sino “a favor o en contra” de líderes mediáticos. Esto refuerza la personalización del poder y reduce el debate pragmático o empírico.
Asimismo, en un contexto actual marcado por una creciente violencia que parece imparable, los comentarios de odio u odio político en redes sociales funcionan como una forma de violencia simbólica que erosiona el debate público e incluso puede intimidar candidaturas y votantes. La normalización de este lenguaje, como ejemplo notable los comentarios y lenguaje del presidente la república, se deteriora la deliberación democrática.
Sin duda, el fenómeno de figuras como Robert Junior, influencer y candidato a diputación por Cartago con la bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO) plantea preguntas generadoras: ¿es acaso una estrategia política basada en capital simbólico digital o populismo que explota emociones y atajos comunicativos? Este caso ejemplifica cómo la visibilidad en redes se puede traducir en poder electoral, aun cuando no haya trayectoria política o académica.
En suma, las redes sociales configuran la cultura política, amplificando voces, acelerando narrativas y personalizando la lealtad política. De igual manera facilita también la desinformación y la polarización. La respuesta democrática requiere alfabetización mediática, responsabilidad de plataformas y normas que protejan el debate y la deliberación sin coartar o coaccionar la libertad de expresión. Si no se actúa la ciudadanía perderá herramientas o hasta la capacidad para decidir con información verificada y argumentos sólidos.