Costa Rica acude a las urnas este 1 de febrero para elegir a su próximo presidente. Las encuestas muestran a Laura Fernández, del partido oficialista PPSO, con una ventaja tan amplia que parece que la única incógnita es si ganará en la primera vuelta o si será necesaria una segunda ronda.
Sin embargo, las encuestas de Costa Rica se deben de interpretar con cautela. Durante las últimas dos décadas, las encuestas electorales del país han mostrado cifras tan alejadas de los resultados de las votaciones, que es difícil atribuirle la discrepancia a la variación estadística, o a un cambio en el electorado durante los días que precedieron a las elecciones.
A lo largo de varios ciclos electorales, las encuestas no solo se han ubicado lejos de los resultados finales, sino que esto ha sucedido de forma sistemática en el tiempo, lo que plantea una pregunta más incómoda: ¿las encuestas simplemente midieron mal la opinión pública o la influyeron activamente?
Las encuestas políticas tienen como objetivo describir una realidad. Informan a los votantes, candidatos e instituciones sobre el estado de la opinión pública en un momento dado. En la práctica, hacen mucho más que eso. Las encuestas moldean las expectativas, influyen en el comportamiento estratégico e incluso pueden distorsionar el entorno que pretenden medir.
De cara a las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2014, las encuestas mostraban repetida e invariablemente que el alcalde de San José, Johnny Araya (PLN), mantenía una ventaja cómoda. Ese resultado parecía completamente plausible. Desde la década de 1950, la presidencia había alternado casi exclusivamente entre el PLN y su histórico rival, el PUSC.
En ese momento, la disrupción de la continuidad parecía poco probable.
Un error grande en la encuesta
De cara a la primera ronda de votaciones en febrero de 2014, Araya lideraba todas las principales encuestas nacionales. Las encuestas CID-Gallup de fines de enero lo situaban cerca del 39% en la intención de voto, cerca del umbral del 40% necesario para ganar la presidencia en primera ronda. Luis Guillermo Solís del PAC, obtenía alrededor del 15%, lo que lo posicionaba en el cuarto lugar.
Estos resultados no fueron anómalos. En todas las encuestas nacionales realizadas antes del día de las elecciones, Solís nunca superó el cuarto puesto. Los datos sugerían que el PAC podría asegurar representación legislativa, pero poco más de eso.
Sin embargo, el día de las elecciones, Solís obtuvo el 30,6% de los votos, superando a todos los candidatos, superando por poco el 29,7% de Araya, y así ambos avanzarían a la segunda vuelta. El resultado fue inconsistente con todas las encuestas principales realizadas durante la campaña. En la segunda vuelta de abril, Solís ganó de forma aplastante (77,8% frente a 22,2%), uno de los resultados de segunda vuelta más contundentes en los sistemas multipartitas modernos.
A pesar del resultado presidencial decisivo, el PLN aún emergió con el bloque más grande en la Asamblea Legislativa, reflejando la distribución regional del voto y el voto dividido. Pero en la elección presidencial, las encuestas habían fallado, tanto en dirección como en magnitud.
Costa Rica prohíbe la publicación de encuestas electorales durante las 72 horas previas al día de las elecciones, una regla diseñada para evitar que las encuestas de último momento influyan en el comportamiento de los votantes. Francia fue el primer país en aprobar una ley de este tipo en 1974, y existen restricciones similares en México, Italia, Turquía y Corea del Sur. Argentina tenía una ley comparable, pero la derogó en 2016 por motivos de libertad de expresión. Estas leyes reflejan una verdad incómoda que rara vez se discute en la teoría democrática: las encuestas no solo informan la opinión pública; también pueden moldearla. Las personas dependen de la prueba social para simplificar decisiones complejas bajo incertidumbre. Los anuncios que afirman “cuatro de cada cinco dentistas recomiendan” están diseñados para señalar consenso y así convencer a los consumidores. La política opera bajo la misma lógica. Las cifras de encuestas y quién apoya a qué candidato funcionan como atajos que justifican la viabilidad de un candidato.
En las elecciones de 2018, el PAC ya no era un forastero. Tenía la presidencia. Sin embargo, su candidato, Carlos Alvarado, obtenía entre el 5% y el 12% en las encuestas previas a la elección, de nuevo sin superar el cuarto lugar. Una vez más, el electorado arrojó un resultado diferente. Alvarado terminó en segundo lugar con 21,6%, avanzando a la segunda vuelta contra Fabricio Alvarado de PRN.
De las 11 encuestas previas a la segunda ronda, Fabricio Alvarado lideraba en todas excepto en 2. Pero cuando se contaron los votos, Carlos Alvarado ganó de manera tan decisiva —60,6% frente a 39,3%— que el resultado estaba muy por fuera del margen de error típico de las encuestas modernas.
Sólo una encuesta capturó con precisión la magnitud de su victoria. Fue realizada por el Instituto de Estudios de la Población (IDESPO) de la UNA. En ese momento, su metodología fue públicamente cuestionada por El Mundo, una publicación digital, lo que provocó una revisión por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que finalmente verificó la validez de la encuesta. Mientras tanto otra empresa de encuestas, OPol Consultores, que perteneciente a los mismos dueños de El Mundo, vio cancelada su encuesta final antes de su publicación en medio de controversia pública y de acusaciones de vínculos inapropiados con la campaña. Informes posteriores establecieron que OPol había proporcionado servicios de consultoría al PRN durante la campaña, generando dudas sobre la imparcialidad de sus resultados de encuestas. OPol había elaborado más de la mitad de las encuestas de segunda vuelta, todas publicadas en El Mundo. Todas mostraban al PRN con una ventaja de al menos el 6,7%.
Los expertos en encuestas han reconocido desde hace tiempo que las encuestas electorales son vulnerables al efecto de arrastre, donde las encuestas se agrupan en torno a resultados similares, incluso cuando los márgenes de error declarados sugieren que tal coincidencia es estadísticamente improbable. En estos casos, una sola empresa encuestadora dominante puede sesgar el panorama informativo general sin necesidad de coordinación explícita.
Pero mientras la industria de las encuestas fallaba sistemáticamente, una heladería de San José, Los Paleteros, registró las ventas de dos versiones de su popular paleta Churchill, con los colores de cada partido. Las ventas coincidieron con los resultados de la votación final. Que una heladería capturara el sentir popular cuando los profesionales no lo lograron subraya la gravedad del problema.
Del error en las encuestas a las consecuencias políticas
Las encuestas no solo influyen en los votantes, sino también en los candidatos.
El PAC llegó a la segunda vuelta con solo 10 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, determinados por los resultados de la primera ronda, una realidad que ya limitaba sus opciones de gobierno. Tras ser elegido, Alvarado anunció un gabinete de "unidad nacional" que incluía ministros de cinco partidos. Si bien la inclusión de miembros de diferentes partidos no es algo inédito en la política costarricense, el alcance de esta coalición representó una inusual y voluntaria dilución del poder por parte de un presidente recién electo.
Estas concesiones se hicieron para asegurar el apoyo durante la campaña de la segunda vuelta. Tales compromisos solo serían racionales para un candidato que creyera que la victoria era incierta. Pero el resultado de la segunda vuelta debería haber sido predecible. El margen superaba con creces la variación estadística de las encuestas. Además, reflejaba elecciones históricas similares a nivel mundial: en los sistemas de dos vueltas, los partidos ideológicamente extremos como el PRN suelen obtener buenos resultados en las primeras rondas, fragmentadas, antes de que los votantes se decanten por la opción más centrista en la segunda vuelta. De no haber sido por las encuestas engañosas, el PAC debería haber tenido confianza en el resultado.
Ya sea que estos compromisos se concretaran antes o después del día de las elecciones, el efecto fue el mismo: el PAC conformó un gabinete en el que Alvarado asumió el cargo sin un control claro del poder. Fue un camino cauteloso que pudo haber contribuido al triunfo electoral, pero la política nunca ha sido benevolente con los tímidos.
Esta cautela resultó costosa una vez que asumieron el gobierno. Cuando la reforma fiscal de 2018 desencadenó una huelga nacional y el apoyo del público se desplomó, el PAC, como partido de la presidencia, absorbió el costo político, mientras que sus socios de coalición mantuvieron la distancia.
Para las elecciones de 2022, el nuevo partido que había gobernado durante ocho años consecutivos se desmoronó. El candidato presidencial del PAC obtuvo solo el 0,7% de los votos a nivel nacional, perdió en todas las provincias y no consiguió ningún escaño legislativo.
En perspectiva comparativa, el colapso no tiene precedentes. Incluso entre los derrumbes de partidos gobernantes más notorios en las contiendas democráticas modernas (los conservadores progresistas de Canadá en 1993, los socialistas franceses en 2017, el PRI mexicano en 2018) cada uno retuvo porcentajes de voto de dos dígitos. El PAC ni siquiera superó un solo punto porcentual.
Encuestas, poder y democracia en riesgo
Las democracias son complejas y ningún factor por sí solo puede explicar completamente los resultados políticos. No obstante, la experiencia del PAC destaca un riesgo más discreto. Si bien el sesgo mediático se discute ampliamente como una amenaza para las elecciones democráticas, la influencia del sesgo en las encuestas se aborda de forma mucho más restringida: como un problema técnico de precisión, más que como un riesgo institucional.
Sin embargo, las encuestas moldean las percepciones de la viabilidad de los candidatos. Estas percepciones influyen en el comportamiento de los votantes, la estrategia de los candidatos y la forma en que los gobiernos deciden gobernar. Incluso cuando las elecciones producen resultados legítimos, las distorsiones en la forma en que se mide la opinión pública pueden afectar la gobernanza y moldear las trayectorias políticas después del conteo de votos.
Para un país a menudo considerado como un modelo de democracia de América Latina, el latigazo político de Costa Rica plantea una pregunta que se extiende mucho más allá de sus fronteras:
¿Las encuestas describen su realidad política o la moldean silenciosamente?