Si normalizamos el deterioro del debate público y de la división de poderes, terminaremos perdiendo algo más que una discusión política, perderemos, poco a poco, la identidad democrática que ha definido nuestro país.
Para defender la democracia no basta con indignarse en nuestras redes sociales o en nuestras casas y trabajos. Necesitamos unir al país en una gran marea democrática: sindicatos, cooperativas, sector agrícola, sector turismo, movimientos feministas, juventudes, gremios y colegios profesionales, organizaciones comunales, academia y partidos políticos democráticos. La pluralidad y la diversidad no son un obstáculo, son la condición básica de una democracia activa que toma decisiones con dialogo.
¡Hay que decirlo con claridad! Con el gobierno de Rodrigo Chaves hemos visto cómo desde el Poder Ejecutivo se ha normalizado el ataque contra actores que cumplen funciones de control o crítica. En materia de libertad de prensa, por ejemplo, el presidente Rodrigo Chaves popularizó el lema “prensa canalla” para desacreditar a medios y periodistas críticos y opositores, instalando una lógica extremamente peligrosa: aquel quien pregunta “estorba” y quien critica “es enemigo del pueblo”.
La presión no ocurre solo en el discurso gubernamental. Recordemos que, en noviembre de 2025, la Sala Constitucional suspendió temporalmente una subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Gobierno, al considerar que podía afectar la libertad de expresión e información por su potencial impacto en la diversidad de medios.
La democracia no es únicamente salir a votar. En Costa Rica, la democracia también se expresa en el día a día: cuando niñas y niños asisten a la escuela, jóvenes acceden al colegio o la universidad, cuando una persona en situación de calle recibe apoyo sin ser criminalizada, cuando vamos a la feria o al supermercado, cuando una persona enferma llega a la CCSS para ser atendida y cuando vamos al parque o a la playa sin miedo. Esa dimensión cotidiana es la que llamamos Estado Social de Derecho y está en peligro aquí en Costa Rica y en el mundo.
El debilitamiento democrático no es algo abstracto y académico. Literalmente se traduce en la pérdida gradual de derechos, garantías y oportunidades reales que hoy vemos como normales. Lo que tenemos en juego es el piso mínimo de derechos que la Constitución, las leyes y las instituciones públicas han sostenido durante décadas. ¿Necesitamos múltiples reformas?, ¡sí!, pero con dialogo, no con imposiciones.
Quienes presentan al “continuismo” chavista como “modernización” o “progreso social” deben responder preguntas básicas: ¿progreso para quién y a costa de qué y quienes? Algunas políticas pueden lucir “maravillosas” en los indicadores macroeconómicos; sin embargo, cuando se combinan con violencia hacia la crítica, roces permanente con contrapesos, mentiras y el desprecio por la deliberación pública, el resultado es un país más frágil y desigual, más vulnerable a la arbitrariedad y al autoritarismo.
En una democracia sana, el gobierno escucha preguntas incómodas, rinde cuentas, acepta límites y respeta la diferencia. La tarea para los próximos meses y años no es construir una identidad basada en el odio, sino una identidad democrática sólida para defender instituciones, pero abierta para corregir errores históricos y decidida para combatir la desigualdad, al mismo tiempo que respeta y promueve los derechos fundamentales; capaz de discrepar, pero sin violencia. Costa Rica necesita que la socialdemocracia gane la batalla cultural. ¡Necesitamos un pacto ciudadano renovado!
Las elecciones de este 1 de febrero de 2026 no son una contienda más. Son un momento de definición: o normalizamos la confrontación con los contrapesos y la legitimación de la peligrosa vía autoritaria del populismo actual o volvemos a elegir la ruta costarricense de la paz social, la institucionalidad y la socialdemocracia como proyecto de convivencia. ¡Salga a votar que esto está en sus manos! Vote por usted, por su familia, por Costa Rica.