Costa Rica construyó su política exterior, y su política comercial, sobre una convicción profunda: que las reglas importan, que el derecho internacional y el comercio basado en normas protegen a los países pequeños, y que el multilateralismo amplía el margen de acción de quienes no disponen de poder duro. Durante décadas, esa apuesta fue coherente con el funcionamiento del sistema internacional y con la estrategia de desarrollo del país. Hoy, ese mundo cambió.
No porque las reglas hayan desaparecido, ni porque los acuerdos comerciales hayan dejado de existir, sino porque la confianza que sostenía el sistema se erosionó. Las normas siguen vigentes, los tratados siguen en pie, pero la expectativa compartida de que cumplirlas garantice previsibilidad, acceso estable a mercados y trato equitativo ya no es la misma. Ese es el verdadero quiebre de nuestro tiempo.
El orden internacional no colapsó; se volvió más frágil, más transaccional y menos indulgente con las buenas intenciones. Las grandes potencias permanecen dentro del sistema, pero lo utilizan de manera selectiva. Estados Unidos reinterpreta compromisos multilaterales y comerciales según prioridades internas y estratégicas. China participa activamente en el comercio global, pero combina reglas multilaterales con políticas industriales propias y acuerdos asimétricos. La Unión Europea defiende el comercio basado en normas, pero introduce crecientes condicionamientos regulatorios vinculados a seguridad, sostenibilidad y autonomía estratégica. El resultado es un mundo donde las reglas comerciales existen, pero ya no tranquilizan.
En este contexto, la diplomacia y la política comercial se transforman. Los acuerdos ya no son solo instrumentos de apertura, sino también de gestión del riesgo geopolítico. Las cadenas globales de valor dejan de verse únicamente como fuentes de eficiencia y pasan a percibirse como vulnerabilidades estratégicas. El comercio se securitiza, se fragmenta y se politiza.
El multilateralismo comercial, en particular, funciona hoy sin fe y sin alternativa. La Organización Mundial del Comercio sigue siendo un pilar indispensable, aunque debilitado. Sus mecanismos ya no garantizan resultados automáticos, pero su ausencia sería aún más costosa para países pequeños y abiertos como Costa Rica. Cooperar ya no es un acto doctrinario: es una decisión pragmática para evitar la ley del más fuerte.
Para Costa Rica, este escenario plantea una pregunta central: ¿cómo sostener una política exterior y comercial basada en reglas cuando las reglas ya no ofrecen garantías automáticas?
Durante décadas, el país apostó, con éxito, por la apertura comercial, la diversificación de mercados, la atracción de inversión extranjera y la inserción en cadenas globales de valor bajo marcos normativos previsibles. Esa estrategia permitió crecimiento, estabilidad y proyección internacional. Pero en el mundo después de la confianza, cumplir acuerdos ya no asegura influencia ni acceso irrestricto. Aquí es donde la discusión se vuelve histórica.
Porque Costa Rica no enfrenta un ajuste técnico, sino una decisión de fondo: seguir actuando como si el sistema recompensara automáticamente el buen comportamiento, o actualizar su política exterior y comercial para defender una economía abierta en un entorno geopolítico más duro y competitivo. No se trata de abandonar principios, sino de dotarlos de estrategia, prioridad política y capacidad real de incidencia.
Por eso, la próxima administración no podrá tratar la política exterior y comercial como un ámbito secundario o meramente administrativo. Deberá asumirla como una prioridad de Estado. De ella dependerán el acceso futuro a mercados, la atracción de inversión de calidad, la inserción en nuevas cadenas de valor, la gestión de tensiones regulatorias y la capacidad del país para anticipar choques externos.
Eso implica decisiones concretas: priorizar sectores estratégicos; defender activamente los intereses nacionales en los foros multilaterales; coordinar política comercial, productiva y exterior; invertir en capacidades técnicas y diplomáticas; y, sobre todo, sostener una estrategia en el tiempo, más allá de los ciclos políticos.
No hacerlo tendría costos reales. En un mundo transaccional, la pasividad se penaliza. Los países que no priorizan su inserción internacional quedan expuestos a decisiones tomadas por otros: nuevas barreras, exclusiones regulatorias, reconfiguraciones de cadenas productivas y pérdida de relevancia.
Gobernar, y comerciar, hoy implica decidir sin certezas. Implica asumir costos, gestionar riesgos y aceptar que no todas las decisiones producirán beneficios inmediatos. Refugiarse únicamente en el procedimiento o en la retórica de la apertura puede parecer prudente, pero la ausencia de decisión también tiene consecuencias.
La responsabilidad política, en este contexto, ya no se mide solo por la coherencia normativa, sino por la capacidad de defender una economía abierta en un mundo que ya no la premia automáticamente.
Nada de esto conduce a una conclusión cómoda. El mundo después de la confianza no es más justo ni más estable. Es más áspero, más fragmentado y menos indulgente con las ilusiones. Pero tampoco está condenado al caos. Lo que aún se puede salvar, y Costa Rica tiene un interés vital en hacerlo, es la posibilidad de sostener reglas imperfectas, una diplomacia comercial activa y una inserción internacional estratégica, aun sabiendo que no hay garantías.
Por eso, la política exterior y comercial ya no es solo una herramienta técnica. Es una decisión histórica. Porque definirá si Costa Rica sigue siendo un país que influye, negocia y defiende su lugar en el mundo, o uno que simplemente observa cómo otros reescriben las reglas que afectan su desarrollo y su posicionamiento en el entorno internacional.
En un tiempo sin certezas, elegir no decidir es también una forma de renuncia. Y Costa Rica, cuya historia se forjó apostando por el derecho, el comercio internacional y la coordinación y cooperación internacional, no puede permitirse abdicar ahora de esa responsabilidad. La próxima administración no hereda solo una política exterior y comercial: hereda la obligación de decidir si el país sigue contando enunl mundo que ya llegó.