Costa Rica ha construido, a lo largo de su historia, una identidad singular en la región: invertir en su gente antes que en la fuerza, formar ciudadanía antes que ejércitos, y apostar por la educación como base del desarrollo, la democracia y la paz social. Esta decisión no fue casual ni improvisada, sino una visión de país que entendió temprano que el conocimiento genera más estabilidad que las armas.
Ese camino tuvo un punto de inflexión determinante en 1948, cuando Costa Rica abolió su ejército. La decisión fue más que administrativa: fue profundamente política. Se afirmó entonces que los docentes serían los nuevos soldados, que el libro sustituiría al fusil y que la formación de estudiantes críticos permitiría al país relacionarse con el mundo desde la diplomacia, el respeto y la cooperación, y no desde la imposición.
La apuesta rindió frutos. Costa Rica se consolidó como una democracia estable, un país sin ejército, con altos niveles de alfabetización y con reconocimiento internacional por su vocación pacífica. Ese prestigio no nació del poder militar, sino del poder del conocimiento, de instituciones civiles sólidas y de una educación pública que, durante décadas, fue prioridad nacional.
No obstante, este compromiso histórico no ha sido inquebrantable. Existen dos momentos claros de retroceso en la inversión educativa. El primero ocurrió a inicios del siglo XX, durante la dictadura de los hermanos Tinoco (1917-1919), cuando se debilitó el Estado de derecho y se afectó el desarrollo institucional del país, incluida la educación. El segundo se dio en los años ochenta, cuando la crisis económica y el ajuste estructural redujeron el gasto social y golpearon con fuerza al sistema educativo.
Hoy, sin embargo, enfrentamos un fenómeno distinto y quizás más preocupante: el retroceso no producto de una crisis externa, sino de decisiones políticas internas. Durante los gobiernos 2018-2022 y 2022-2026, la inversión en educación ha venido en disminución sostenida, alejándose del mandato constitucional y debilitando áreas clave como infraestructura, equidad territorial, permanencia estudiantil y calidad educativa.
Este giro resulta contradictorio en un país cuya mayor fortaleza histórica ha sido precisamente su capital humano. Mientras otras naciones invierten crecientes recursos en armamento, Costa Rica parece olvidar su mejor estrategia de defensa y desarrollo. Mientras países militarizan recursos, Costa Rica puede y debe militarizar el cerebro: fortalecer el pensamiento crítico, la ciencia, la creatividad y la capacidad de diálogo de su población.
La educación ha sido, y sigue siendo, el principal instrumento de poder blando del país: la herramienta que le permite influir, cooperar y participar en el escenario global sin recurrir a la fuerza. Es esa educación la que ha hecho posible que Costa Rica tenga voz en temas de derechos humanos, paz, sostenibilidad y cooperación internacional, muy por encima de su tamaño geográfico o económico.
Reducir la inversión educativa no es un simple ajuste presupuestario; es debilitar el modelo de país que nos ha definido durante más de siete décadas. Es renunciar, poco a poco, a la idea de que la democracia se sostiene con educación, y de que la paz se construye en las aulas.
Si Costa Rica desea mantener su lugar como referente regional y global, debe recordar su propia historia: cuando apostó por la educación, el país avanzó; cuando la descuidó, retrocedió. Hoy, más que nunca, la educación no es un gasto: es la mejor inversión estratégica para un país pequeño que eligió la inteligencia antes que las armas.