Al filo del 1 de febrero de 2026, Costa Rica se mira al espejo democrático con una mezcla incómoda de orgullo y fatiga. Las elecciones no solo definirán quién ocupará la Casa Presidencial, sino que pondrán a prueba la solidez de un contrato social que durante décadas fue ejemplar y que hoy muestra grietas visibles. La confianza en la política no se derrumbó de golpe: se fue erosionando, lentamente, elección tras elección.
A diferencia de otros procesos, esta contienda no gira únicamente en torno a promesas económicas o balances fiscales. Lo que subyace es una pregunta más profunda y menos cómoda: ¿puede el sistema político costarricense seguir funcionando sin renovarse de fondo?
Continuidad con dudas
Las encuestas muestran una ventaja sostenida de la candidata oficialista, Laura Fernández, con posibilidades reales de ganar en primera ronda. El oficialismo ha capitalizado una percepción de estabilidad fiscal, una narrativa de orden y el rechazo ciudadano a los partidos tradicionales. Para una parte del electorado, la continuidad representa previsibilidad en un entorno regional incierto.
Sin embargo, este respaldo tiene bases frágiles. No nace de una adhesión programática sólida, sino de la ausencia de alternativas opositoras convincentes y de un voto más defensivo que entusiasta. Paralelamente, crece un elector crítico, escéptico y fragmentado jóvenes, mujeres urbanas, sectores sindicales que desconfía de la política tradicional, pero no logra articular una opción común. El resultado es una paradoja: ventaja electoral sin consenso social claro.
Economía estable, bienestar limitado
En el plano macroeconómico, Costa Rica no enfrenta una crisis aguda. El crecimiento proyectado ronda el 3,8 %, la inflación se ha moderado y la estabilidad fiscal se exhibe como logro. Pero estas cifras no alcanzan para describir la experiencia cotidiana.
Más del 40 % del empleo permanece en la informalidad, los salarios reales crecen lentamente y el costo de la vida continúa presionando a los hogares costarricenses. La inversión extranjera ha dinamizado sectores tecnológicos, pero su impacto social y territorial sigue siendo desigual. El desafío del próximo gobierno no será sostener indicadores, sino convertir crecimiento en bienestar tangible para los ciudadanos.
Seguridad: el fin de la excepción
La seguridad ciudadana pasó de ser una rareza regional a una preocupación central. El aumento de homicidios y la presencia del narcotráfico han erosionado la imagen histórica de Costa Rica como “isla de paz”. La respuesta oficial ha privilegiado la mano dura, incluida la apuesta por infraestructura penitenciaria de alta seguridad.
Para algunos, es una reacción necesaria; para otros, una simplificación peligrosa que desplaza la prevención y la justicia social. El dilema es profundo: seguridad como castigo o seguridad como política integral de Estado.
Infraestructura y Estado fatigado
Carreteras colapsadas, proyectos inconclusos y lentitud administrativa reflejan el desgaste institucional. La infraestructura se ha convertido en un obstáculo para la competitividad y en un factor que profundiza brechas regionales. No es solo un problema técnico, sino político: cero estrategias, falta planificación, coordinación y visión de largo plazo.
Educación, salud y confianza pública
En educación y salud, pilares del modelo costarricense con altas carencias, el problema no es únicamente presupuestario. La pertinencia educativa, las brechas digitales y la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social exigen reformas de gestión y dirección estratégica, no soluciones improvisadas, el país es cansado de promesas vacías.
A esto se suma una percepción persistente de corrupción e impunidad que debilita la confianza ciudadana. La demanda social es clara: menos discurso demagógicos y más coherencia, menos promesas y más rendición de cuentas.
Lo que realmente se decide
El 1 de febrero de 2026, Costa Rica no solo elegirá autoridades. Decidirá si administra una democracia cansada o si asume el desafío de reinventar su contrato social con mayor justicia, eficacia e inclusión. El resultado importará, pero lo que ocurra después cómo se gobierne y cómo se escuche a la ciudadanía será la verdadera prueba.
Por eso es importante que cada ciudadano que tiene el poder y la obligación de votar tome el control, y exija por medio de sufragio el bienestar de cada costarricense por los siguientes cuatro años.