Aunque los ₡8.688 millones fueron incluidos en el Presupuesto Nacional, Hacienda dio la orden de que no sean otorgados al Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia acordó este lunes solicitar una nueva reunión al Ministerio de Hacienda, a fin de insistir en el giro de ₡8.688 millones previamente aprobados por la Asamblea Legislativa para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, que permitirían financiar 176 plazas en el OIJ y 99 plazas en el Ministerio Público, correspondientes a fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo, indispensables para enfrentar la creciente complejidad de la criminalidad que afecta al país.
Desde el Poder Judicial, recordaron que, pese a tratarse de recursos presupuestados y avalados por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda se ha negado a incluirlos en la programación financiera, manteniéndolos en estado de no ejecución, lo que limita de forma directa la capacidad institucional para responder a la inseguridad ciudadana.
La Corte explicó que el pasado 13 de enero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, envió un oficio al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, advirtiendo las consecuencias de esta decisión. En el oficio Aguirre indicó:
La decisión adoptada genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, que afectan gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía”.
En ese mismo documento se indicó que el Fiscal General de la República ha advertido que la insuficiencia de talento humano limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales establecidos en la legislación penal, lo que incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado.
En cuanto al impacto para el OIJ el director general en ejercicio, Michel Soto Rojas, reiteró que las plazas aprobadas en la Ley de Presupuesto Ordinario 2026 estaban orientadas a la puesta en operación y fortalecimiento de sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como al refuerzo de las labores de custodia de personas detenidas en todo el territorio nacional.
Pese a los argumentos expuestos desde el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda reiteró su negativa a liberar los recursos, mediante oficio del 19 de enero, firmado por el ministro Lücke, en el cual se comunicó a la Corte que los recursos no serían incorporados a la programación financiera del primer trimestre de 2026, al provenir de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública.
La Corte Plena hizo énfasis en la urgencia de que se giren los recursos y acordó volver a plantear el tema ante el Ministerio de Hacienda, subrayando que el Poder Judicial ha venido implementando acciones concretas para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y combatir la delincuencia, como lo evidencian los operativos diarios del OIJ y la labor del Ministerio Público en causas complejas y de alto interés público.
Desde el Poder Judicial advirtieron que la seguridad de las y los costarricenses no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa. Combatir la inseguridad requiere coherencia institucional y el respeto a las decisiones adoptadas por los Poderes del Estado.