De cara a las próximas elecciones nacionales, Costa Rica enfrenta una oportunidad crucial para reflexionar sobre la calidad de las decisiones que se toman en temas estratégicos para el país. Uno de ellos, sin duda, es la agricultura y, particularmente, el abordaje de los plaguicidas como herramienta fundamental para la producción nacional y la seguridad alimentaria.

Desde la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) consideramos indispensable que tanto las y los candidatos a la Presidencia de la República como quienes aspiren a una curul en la Asamblea Legislativa asuman un compromiso claro: toda iniciativa relacionada con plaguicidas en la agricultura debe estar sustentada en la ciencia, la técnica y la evidencia.

La experiencia de años recientes ha demostrado que decisiones, proyectos de ley,  reglamentos o directrices que carecen de un adecuado respaldo técnico-científico pueden derivar en consecuencias no deseadas. En algunos casos, estas iniciativas han generado distorsiones productivas, inseguridad jurídica y la eliminación de herramientas clave para los agricultores, sin que existan alternativas viables para sustituirlas. El costo de estos errores no es abstracto: lo terminan pagando los productores, los consumidores y, en última instancia, toda la sociedad costarricense.

La agricultura es, ante todo, una ciencia. Detrás de cada insumo agrícola, incluidos los plaguicidas, existe décadas de investigación, evaluación y regulación. Antes de que un producto pueda ser registrado y utilizado legalmente, debe cumplir rigurosos estudios sobre su eficacia, su impacto en la salud humana y su efecto sobre el medio ambiente. Estos procesos son exigidos por las legislaciones nacionales e internacionales y forman parte de un sistema de control que busca garantizar un uso seguro y responsable.

Los plaguicidas, cuando se utilizan bajo las Buenas Prácticas Agrícolas, no son un riesgo, sino una herramienta clave para proteger los cultivos, asegurar la productividad y mantener una oferta constante de alimentos. Prescindir de ellos sin una base científica sólida no solo debilita al sector agrícola, sino que compromete la seguridad alimentaria del país.

La historia reciente ofrece ejemplos contundentes de los riesgos de politizar decisiones técnicas. El caso de Sri Lanka en 2021 es una lección clara: una prohibición abrupta de insumos agrícolas, adoptada sin el respaldo de la ciencia, provocó una grave crisis productiva, escasez de alimentos, incremento de precios y un impacto económico y social de gran magnitud. Las decisiones bien intencionadas, pero mal fundamentadas, pueden tener efectos devastadores.

Por ello, desde ASA hacemos un llamado respetuoso pero firme a los futuros diputados, asesores legislativos y al próximo Presidente de la República: las políticas públicas en materia de plaguicidas deben construirse con base en la evidencia científica, el conocimiento técnico y el diálogo con los sectores productivos. La ausencia de estos elementos aumenta el riesgo de errores, reprocesos y rectificaciones que, con el tiempo, terminan afectando a todos los costarricenses.

Costa Rica ha construido su desarrollo agrícola sobre la innovación, la ciencia y la mejora continua. Preservar ese camino requiere responsabilidad, información y decisiones basadas en hechos, no en percepciones o presiones ideológicas. La agricultura sostenible no se logra excluyendo herramientas, sino utilizándolas correctamente, con regulación, capacitación y criterio técnico.

El futuro del agro nacional —y con él, la seguridad alimentaria del país— depende de ello.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.