Debatir sobre eliminar las garantías individuales no solo es una ruptura en la cultura política costarricense, sino que también toca el corazón mismo de la memoria colectiva de una democracia estable. Las recientes declaraciones de Nogui Acosta, candidato a diputado por el primer lugar de San José con el Partido Pueblo Soberano; dispararon las alarmas por su disposición a suspender las garantías individuales como una manera particular de lidiar con temas de seguridad, conflictividad y criminalidad.
Históricamente, la democracia no fue un regalo a manos abiertas; fue una construcción paulatina y firme interconectada con el diálogo, la negociación, el consenso y, sobre todo, la dignidad humana. La guerra civil de 1948 fue un hito que marcó en la sociedad costarricense la importancia de acabar con aquella concentración de poder que minaba la democracia. A nivel regional, Costa Rica ha destacado por ser de las pocas democracias firmes y desmilitarizadas. Incluso, internacionalmente hemos destacado en temas como desarrollo humano y bienestar social. Esto se debe en cierta medida al pleno goce de los derechos y garantías individuales que poseemos como ciudadanos. Sin embargo, ¿es necesario eliminar tales derechos para garantizar una sociedad segura y estable? Este dilema resulta ser una respuesta simplista a un problema complejo, pues no solo sería una medida de seguridad, sino que también representa un golpe directo al Estado de Derecho. Como mencionó Freddy Morera, candidato a diputado por San José del partido Unidos Podemos, ¿por qué se debería “encerrar a los buenos, para dejar a los malos afuera”?
El continuismo de Laura Fernández apoya esta medida, argumentando su puesta en práctica en casos “estrictamente necesarios”, mientras al mismo tiempo abogan a la ciudadanía por 40 diputados. Lo grave del panorama es la inquietante normalización de prácticas que evidentemente socavan la democracia y abren la puerta hacia la reconfiguración de un orden constitucional, que implicaría posibles abusos sistemáticos de poder. Al hablarse desde la excepcionalidad y una “eventual” aplicación de tales medidas, se introduce una riesgosa idea sobre los controles ante dichas limitaciones, pues pareciera ser que los pasan de ser derechos fundamentales a condicionales. Al comparar la situación con diversos países de América Latina es claro que la norma de “excepcionalidad” ha dado históricamente pie a los abusos de poder en la gobernabilidad y la entrada a inminentes procesos dictatoriales. En Costa Rica, la resistencia institucional y el sistema de pesos y contrapesos ha permitido mantener el orden.
Una democracia en declive
Desde la llegada al poder del actual presidente Rodrigo Chaves Robles, se dio paso a una coyuntura polarizada, caracterizada por el desafío constante al sistema democrático costarricense. Sus discursos cargados de confrontación se encargaron de señalar a la prensa como su enemiga, a la institucionalidad pública como su obstáculo y a los críticos como personas traidoras. Aquellos ataques que la historia nos enseñó a temer de repente se volvieron realidad. Narrativas como la “dictadura perfecta” resonaron en una sociedad donde la pluralidad es eje fundamental y la libertad yace de una profunda raíz. De acuerdo con el politólogo Jaime Ordóñez:
Somos un país con problemas, como todos, pero Costa Rica es de los países de América Latina, con todos nuestros avances y defectos, que tiene frenos y contrapesos y una democracia supone, desde la ilustración, desde la época de Montesquieu, de que el poder tiene que estar repartido, que no puede ser absoluto”.
¿Cómo podemos pensar a una Costa Rica sin nuestras garantías individuales?
Algunas de las garantías que podrían suspenderse están en los artículos del 22 al 24 de la Constitución Política de Costa Rica:
- Artículo 22. Libertad de tránsito.
- Artículo 23. Inviolabilidad del domicilio.
- Artículo 24. Libertad de comunicación.
Costarricenses, la historia regional nos ha enseñado que la represión y la violencia de un estado de excepción, rápidamente se normalizada y convierte en regla. Recordemos que cuando voces políticas con aires autoritarios quieren limitar nuestros derechos, no buscan únicamente resolver la “inseguridad”. La libertad de tránsito no solo es caminar por nuestros espacios, sino también de tener convicción de que el Estado no puede encadenar nuestros pasos. La inviolabilidad del domicilio no es estar a puerta cerrada, es la seguridad de que nuestro hogar no será violentado. La libertad de comunicación no solo publicaciones en los medios, es la garantía de que nuestras voces no serán silenciadas. El mensaje es claro, somos compañeros de una nación rodeada de privilegios, por eso es vital que salgamos a votar y no olvidemos que le estamos confiando a alguien el rumbo de un país.
Defendamos nuestro pedacito de tierra como aquel lugar que nos ha dado esperanza, que nos ha acogido hasta en los momentos más críticos de nuestra existencia. Votemos con conciencia y con amor a la patria.