En Costa Rica, el debate sobre la convivencia escolar se ha centrado casi exclusivamente en la protección del estudiantado frente al acoso y la violencia, lo cual responde a una preocupación legítima por los derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, este enfoque ha dejado en un segundo plano una problemática igualmente grave: la violencia ejercida contra el personal docente. El hostigamiento, la intimidación y, especialmente, las denuncias infundadas contra docentes constituyen un vacío estructural que impacta negativamente la calidad educativa, la integridad del sistema y la sostenibilidad de la profesión docente.
La evidencia internacional demuestra que el bullying no es un fenómeno unidireccional. En múltiples contextos educativos, una proporción significativa de docentes enfrenta agresiones verbales, deslegitimación y presión psicológica por parte de estudiantes, sobre todo en entornos donde la autoridad pedagógica se ha debilitado y la respuesta institucional resulta ambigua o tardía. Aunque Costa Rica carece de estadísticas específicas sobre victimización docente, los datos generales sobre violencia escolar permiten inferir que el problema no es marginal. Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Educación Pública (MEP) registró cerca de 3.000 casos de bullying y violencia en centros educativos públicos, y los resultados de PISA ubican al país entre los de mayor prevalencia de acoso escolar a nivel mundial. Estas cifras reflejan un deterioro estructural de la convivencia escolar que también afecta a quienes ejercen la docencia.
La expresión más grave de esta violencia se manifiesta en las denuncias infundadas, particularmente aquellas relacionadas con supuestos abusos sexuales. Aunque toda acusación de esta naturaleza debe investigarse con rigor, el sistema actual tiende a vulnerar la presunción de inocencia del docente. La separación inmediata de funciones, las investigaciones prolongadas y la estigmatización social generan un daño profundo e irreversible, aun cuando posteriormente se demuestre la falsedad de los hechos. A ello se suma la ausencia de mecanismos claros para sancionar denuncias calumniosas o reparar institucionalmente al docente injustamente señalado, lo que transmite un mensaje peligroso de impunidad.
El rol de las familias resulta clave en esta dinámica. La literatura académica coincide en que la corresponsabilidad educativa es esencial para una convivencia sana; sin embargo, en Costa Rica se observa una tendencia a la externalización de responsabilidades, donde algunos padres respaldan acríticamente a sus hijos y minimizan conductas agresivas. Esta postura erosiona el equilibrio comunitario y debilita los procesos formativos, al convertir la palabra del estudiante en incuestionable y la del docente en sospechosa.
A nivel institucional, aunque el MEP ha desarrollado protocolos y campañas sobre convivencia escolar, persisten debilidades importantes: insuficiente formación docente en manejo de conflictos y procedimientos administrativos desequilibrados que priorizan la contención inmediata sobre el debido proceso. Este contexto genera inseguridad jurídica y emocional, inhibe la intervención pedagógica y favorece un clima de permisividad.
Las implicaciones para la calidad educativa son profundas. Docentes que trabajan bajo amenaza constante presentan mayores niveles de desgaste, ausentismo y abandono profesional. Ignorar esta realidad compromete seriamente el futuro de la educación pública. Costa Rica requiere un debate urgente que permita proteger los derechos del estudiantado sin sacrificar la dignidad y los derechos del personal docente, reconociendo que la justicia educativa solo puede ser auténtica si es integral y equilibrada.
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