La salud de nuestro bolsillo es una preocupación universal. Todos vigilamos el saldo de la cuenta conforme se acerca el fin de mes, salvo, claro está, quienes gozan de una bonanza envidiable. Sin embargo, cuando el enfoque pasa de lo privado a lo público, el interés suele diluirse, a pesar de que las finanzas del Estado nos afectan a todos por igual.
Con el cierre del actual periodo presidencial a la vuelta de la esquina, me he propuesto analizar cómo se han administrado los recursos de todos en los últimos años. Para entender el estado real de las cuentas costarricenses, el punto de partida obligado es el Gobierno Central Consolidado (GCC). Este concepto no es otra cosa que la fotografía completa del aparato estatal, desde los tres poderes de la República y sus órganos desconcentrados, hasta el Régimen No Contributivo y las instituciones sin fines de lucro que sostienen la operatividad del país. Es, en esencia, la medida real de nuestras obligaciones.
Para este ejercicio, he optado por el indicador de Préstamo o Endeudamiento Neto (la diferencia entre ingresos totales y la suma de gastos e inversión). ¿Por qué? Porque es el indicador más honesto. A diferencia de otros que solo muestran resultados operativos y maquillan la realidad al omitir la inversión pública, este nos revela cuánto dinero le falta verdaderamente al país para cubrir sus cuentas.
La pandemia del COVID-19 golpeó durísimo las finanzas públicas. El GCC venía de un ajuste en 2019, pero la emergencia sanitaria obligó a tomar medidas que dispararon el déficit, subió 2,74 puntos porcentuales del PIB en 2021 y otros 2,64 en 2022. La administración actual llegó con el discurso del orden fiscal y, al principio, los números parecían darle la razón, el déficit bajó 0,37 puntos en 2023 y 0,54 en 2024.
Hasta ahí, todo pareciera estar bien. Pero los datos del primer semestre de 2025 cuentan otra historia. El déficit creció 0,60 puntos comparado con el mismo período del año pasado. Esa “corrección” fiscal resultó frágil.
¿Dónde está el problema de fondo? En la inversión pública. El gasto de capital como porcentaje del PIB ha venido cayendo año tras año, con una mejoría casi imperceptible en 2024 (apenas 0,08 puntos). Y lo grave es que a junio de 2025 volvió a caer (0,30 puntos negativos). En palabras simples: el Estado está sacrificando el futuro (carreteras, puentes, hospitales, escuelas) para tratar de cuadrar las cuentas del presente.
Y si vemos el gasto corriente, su comportamiento errático es aún más evidente. Después del pico de la pandemia en 2020, el Estado recortó brutalmente en 2021 y 2022, bajando el gasto de funcionamiento en 1,04 y 2,21 puntos respectivamente. Aunque 2023 siguió esa línea, en 2024 hubo un aumento sospechoso de 0,22 puntos.
Este aumento de 2024, justo a mitad del período gubernamental, contrasta fuertemente con el recorte drástico del primer semestre de 2025 (0,69 puntos negativos). Aquí se ve una política sin coherencia: el gobierno recortó fuerte al inicio (2022), después se vio obligado a “soltar la mano dura”, siendo más permisivo, a mitad de camino (2024) para que el Estado siguiera funcionando, y ahora, en el tramo final (2025), otra vez aplica recortes sin piedad. Esta inestabilidad complica la planificación y podría espantar cualquier intento de crecimiento económico.
Este comportamiento errático también se repite en los impuestos. Históricamente, la recaudación se movía al ritmo del déficit, pero en la primera mitad de 2025 eso se rompió. Mientras el déficit subía, la carga tributaria bajaba (0,33 puntos negativos). Esto confirma algo que muchos podrían sospechar, el ciudadano común no ha visto ningún alivio real en impuestos con este supuesto ajuste fiscal. Lo que pasó fue más simple y triste, la economía se frenó y por eso se recaudó menos, empeorando todavía más el panorama fiscal.
Y luego está el tema de la deuda. Los intereses que tuvimos que pagar después de la pandemia han variado también de forma errática, subieron 0,29 puntos en 2023, casi no se movieron en 2024 (solo 0,02 puntos) y bajaron 0,38 puntos a junio de 2025.
Si miramos el panorama general a junio de 2025, la imagen es bastante desalentadora. El gobierno hizo todo lo que pudo del lado del gasto en su año final, recortó la inversión en infraestructura, volvió a bajar el gasto corriente y pagó menos intereses. Y aun con todo eso, el déficit aumentó.
Estos números demuestran que el problema estructural de la crisis fiscal de 2025 no reside en el gasto, sino en los ingresos. El modelo de austeridad ciega ha tocado fondo. El Gobierno insiste en recortar inversión y funcionamiento, pero esa misma asfixia frena la economía y termina mermando la recaudación. Existe, sin embargo, un peligro mayor en esta estrategia, al sacrificar hoy la inversión pública, no solo se busca un ahorro inmediato, sino que se profundizan las desigualdades y se anula la capacidad productiva del país. Menos inversión hoy es sinónimo de un crecimiento raquítico y de menos oportunidades en el futuro, lo que limitará drásticamente la solvencia del Estado a largo plazo. Es una contradicción fatal en la que se ahorra ahora de una forma que garantiza que habrá menos recursos después.
En este escenario, el discurso oficial se refugia en la posverdad, esa distorsión deliberada donde el relato del "orden fiscal" pretende ignorar la contundencia de los datos. Intentan convencernos de que el país prospera mientras sus cimientos se agrietan. Al final, nos enfrentamos a una ironía histórica, la deuda pública termina siendo la única "riqueza nacional" que realmente se colectiviza, mientras el desarrollo se privatiza o se anula. Como señaló con claridad Raúl Prebisch, el equilibrio financiero es un espejismo si no se sustenta en una estructura productiva sólida. Sin inversión pública, el ajuste no es más que una receta para el estancamiento. La lección es contundente, no se pueden ordenar las finanzas públicas únicamente con "mano dura" si no se reforma también la estructura tributaria para que sea, finalmente, eficiente y justa.