En el debate público contemporáneo, la desinformación suele ocupar el centro de la escena. Se habla de fake news, de manipulación y de caos mediático como si se tratara de fenómenos espontáneos, casi inevitables. Sin embargo, esa lectura resulta cómodamente incompleta.
La eficacia de ciertas estrategias políticas, particularmente las que se clasifican bajo la óptica populista, nos demuestran una ventaja competitiva en crear contenido para cosechar desmesuradamente la atención de los votantes. En este terreno fértil de redes sociales, emerge una crisis más profunda y menos discutida: el analfabetismo digital político de nuestros líderes y de los entes reguladores.
No se trata de una carencia técnica ni de una moda generacional, sino de una falla estructural en la forma en que entendemos hoy la democracia y su funcionamiento. Cuando quienes aspiran a gobernar y sus equipos estratégicos desconocen los tecnicismos del ecosistema comunicacional, el vacío que dejan no permanece neutral, es vulnerable y es ocupado.
Para comprender la dimensión del problema, conviene partir de un marco más amplio histórico inicial. Desde la Antigua Grecia, el nacimiento de la política democrática ha estado inevitablemente ligado a los espacios donde ocurre la deliberación colectiva. Está idea se conceptualiza siglos más tarde cuando el filósofo alemán Habermas define la esfera pública como el espacio donde los ciudadanos construyen consensos y confrontan ideas que luego se traducen en legitimidad política. Este espacio nunca fue estático: se transformó con la imprenta, con los periódicos, con la radio, con la televisión y actualmente con las redes sociales. Cada época exigió a la política comprender el medio que articulaba la conversación colectiva.
Durante el auge de la prensa escrita, ningún aspirante presidencial podía darse el lujo de desconocer cómo operaban los periódicos. Quien lo hiciera no estaría tomando una posición política, sino renunciando, de facto, a formar parte de la conversación pública y la base de comunicación democrática. Trasladado al presente, el error adopta nuevas formas. Hoy, equivale a publicar el mismo video en todas las plataformas sin estrategia ni adaptación alguna, como si Facebook, Instagram o TikTok respondieran a las mismas lógicas de consumo, atención y alcance. Ignorar los formatos, los tiempos y los lenguajes propios de cada canal no es una señal de autenticidad ni de coherencia política; es el equivalente contemporáneo a desconocer cómo funcionaba la prensa en su momento. La consecuencia es la misma: invisibilidad, distorsión del mensaje y una renuncia implícita a participar plenamente de la esfera pública actual.
Extender este análisis de falencias a los entes reguladores es clave para dimensionar la problemática. Basta observar cómo se denomina “debate” a la producción audiovisual del medio Trivisión, en la que se ve violentado el principio fundamental del debate democrático: la confrontación abierta, simultánea y equitativa de ideas bajo las mismas condiciones de exposición. Este principio se diluye cuando la edición interviene como mediadora del sentido. El riesgo no radica únicamente en la existencia de estos productos, sino en la ausencia de marcos regulatorios claros que delimiten qué prácticas informativas fortalecen la esfera pública y cuáles, por el contrario, la erosionan bajo la apariencia de neutralidad.
En la política digital contemporánea, no gana quien tiene mejores argumentos, sino quién entiende mejor el medio donde esos argumentos circulan. Costa Rica es referente principal de esta dinámica. Según el informe Digital 2025 de DataReportal, el país presenta una de las tasas de penetración de internet más altas de América Latina: un 92,6 % de la población cuenta con acceso a la red, muy por encima del promedio regional. Sin embargo, esta alta conectividad no se traduce automáticamente en una alfabetización digital sólida. Importamos plataformas, narrativas y conflictos globales, pero no necesariamente importamos la preparación institucional, estratégica y comunicacional para gestionarlos.
Esta combinación, alta exposición digital y baja preparación estratégica, convierte a la democracia costarricense en un terreno particularmente vulnerable. Las campañas políticas que ignoran el funcionamiento sistemático de los algoritmos no solo pierden competitividad, sino que dejan espacios abiertos a la desinformación, la polarización artificial y el oportunismo comunicacional.
Sumado a esto, la carencia de estructuras regulatorias actualizadas implementadas que abarquen el laberinto de este ecosistema comunicacional no neutraliza el fenómeno; genera caos mediático que abre vacíos a corrientes de mensajes completamente emocionales sin respaldo o propósito. El caos mediático no es espontáneo, es funcional. Funciona para quienes entienden cómo amplificar sentimientos, simplificar narrativas y ocupar espacios que otros han abandonado por desconocimiento o subestimación.
Conviene recalcar una distinción fundamental. No comprender estas lógicas no constituye una falla cívica del ciudadano común. Nadie está obligado a dominar los formatos, algoritmos o dinámicas de circulación digital para ejercer su derecho a informarse y participar. Si hablamos de la responsabilidad de las personas votantes, se trata, más bien, de reconocer que el acto de informarse dejó de ser pasivo. La elección no ocurre únicamente en las urnas, sino también en los recorridos informativos previos que cada persona construye, consciente o inconscientemente.
Asumir esta responsabilidad implica cuestionar la comodidad de consumir únicamente aquello que aparece en el flujo inmediato, comprender propuestas complejas exige tiempo y esfuerzo.
Investigar, contrastar fuentes y salir activamente de la corriente algorítmica se vuelve entonces un acto político en sí mismo, no por su carga ideológica, sino por su resistencia a la lógica de la simplificación. En un entorno diseñado para confirmar percepciones y acelerar conclusiones, detenerse a buscar fuera de la curaduría automática se convierte en una forma mínima, pero indispensable, de responsabilidad democrática.
De cara a los procesos electorales que se avecinan, conviene preguntarse si el debate público que hoy circula en los espacios digitales está favoreciendo la comprensión de planes, propuestas y soluciones concretas, o si estos quedan relegados frente a discursos que dominan la escena por su capacidad de generar una reacción emocional de miedo, enojo, incertidumbre o un sentido de justicia sin respuestas concluyentes. En un ecosistema donde el volumen suele imponerse sobre el contenido, el riesgo no es únicamente elegir sin información suficiente, sino confundir visibilidad con solidez, y ruido con relevancia.