El retroceso en derechos humanos que ha venido repercutiendo en Costa Rica en estos últimos años ha calado profundamente en una población sumamente vulnerable: la población infantil. Según reportes y estadísticas por parte de distintas instituciones del país, en el pasado 2022 se registraron en el PANI alrededor de 79800 denuncias por diferentes situaciones violentas contra menores de edad, donde el 4.28% de estas denuncias correspondieron a casos de abuso sexual.

En el año 2023 el registro de llamadas por denuncias al PANI fueron de 3494 reportes, incrementando para el año 2024 a 94240 denuncias, cerrando este 2025 con un reporte en el primer semestre del año de 45000 denuncias ante el PANI, sin aún estadísticas claras acerca del segundo semestre del año, pero que podríamos asumir un nivel similar o creciente incluso.

Brechas territoriales y barreras de acceso

La región del país con mayor aumento en casos de delitos sexuales contra menores es Alajuela, le siguen Cartago, Guanacaste y parte del área urbana en la capital, demostrando una preocupante situación en las áreas rurales y las diversas barreras de acceso a las instituciones que deben velar por el cuido y defensa de esta población infantil.

La CCSS indicó que en este año la región Huetar Atlántica incrementó la cantidad de hasta 500 atenciones más por casos de maltrato infantil en comparación con el periodo del 2023-2024.

En el caso de datos estadísticos propios de territorios indígenas, es escaso o nulo, a pesar de que también allí hay una gravedad de situaciones en relación a abusos sexuales y diversos obstáculos para poder denunciar formalmente sin caer en racismos, barreras del idioma y discriminación, además de la complejidad en dar seguimiento a denuncias que se hayan logrado formalizar.

Una deuda estructural con las infancias

El aumento preocupante sobre casos de violencia infantil deja al descubierto el abandono estatal hacia una población a quien no sólo se le han vulnerado sus derechos e integridad física y emocional, sino además, el abandono a sus entornos donde crecen, se desarrollan y alimentan sus emociones claves para su futuro.

La situación general de violencia que vive el país define a toda una futura (no tan lejana) generación de sociedad civil, y el desencanto por la búsqueda de la justicia, la defensa de derechos humanos, la importancia a la educación sexual desde la niñez sin tabúes ni estereotipos, el apoyo a las maternidades en su proceso de crianza asegurando oportunidades equitativas para mejorar el bienestar social general tendrá un costo alto en el desarrollo del país.

Responsabilidad colectiva

Debemos trabajar como sociedad no sólo exigiendo a las instituciones estatales tomar acciones y responsabilidades más profundas e inmediatas en cuánto a la atención de las infancias diversas, sino que a lo individual no hagamos omisión a las situaciones de violencia actuales para que por ende, no seamos parte de los factores de contribución a su aumento o perpetuidad.

Es deber denunciar toda forma de manifestación de la violencia, buscar maneras de educarnos y contribuir a proteger nuestras infancias, de entenderles y escucharles, sin exposiciones mediáticas, sin fines utilitarios ni conveniencias, sino desde el amor, la bondad, el respeto y la paz.

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