La crisis actual sobre el cierre nocturno de los aeródromos para vuelos ambulancia es solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda y grave que padece nuestra aviación civil y el sistema de salud. Centrar la discusión únicamente en si se permite volar visualmente de noche es, en el mejor de los casos, poner una "curita" a una herida abierta.
El problema de raíz es la ausencia total de una estructura normativa técnica y moderna. Resulta inaudito que en 2025, un operador aéreo en Costa Rica que desee obtener la habilitación para Vuelos por Instrumentos (IFR) encuentre un muro burocrático: la DGAC no cuenta con el marco jurídico especifico y aplicable para extender dicha habilitación a un Certificado de Operación Aeronáutica (COA). Esto limita la seguridad y la capacidad de respuesta ante condiciones climáticas adversas, obligando a limitar la operación bajo estándares que no corresponden a la complejidad de una emergencia médica.
Durante años, la solución de las autoridades fue la improvisación. Se pretendió regular una aeronave bajo los mismos parámetros que una ambulancia terrestre. La experiencia personal de haber recibido respuesta a mi solicitud donde se requiere de mi parte cumplir con el reglamento para la habilitación de ambulancias de soporte avanzado, en el que incluía, "Colocar una luz estroboscópica en el “techo” de la aeronave” o de "instalarle una sirena" a una aeronave, evidencia un desconocimiento técnico alarmante y un manejo empírico por parte de las instituciones públicas.
Si bien existen esfuerzos recientes por crear una nueva Directiva Operacional y un reglamento de Servicio de Ambulancia Aérea (S.A.A), el ritmo es desesperadamente lento. Esta lentitud y el conflicto de intereses en las instituciones públicas generan:
- Inseguridad Jurídica: No hay incentivos para que la empresa privada continue invirtiendo en aeronaves más capaces y tecnológicas. (aunque en este momento la empresa privada si tiene aeronaves y pilotos entrenados que cumplen con los estándares más altos de seguridad y de vanguardia, quedando atados de manos sin poder ofrecer dichos servicios en esos momentos críticos como lo es el vuelo nocturno o en condiciones climatológicas adversas)
- Desigualdad en Salud: Los costarricenses y turistas en zonas remotas quedan desprotegidos porque el sistema no permite evolucionar hacia un servicio de clase mundial.
- Gestión Empírica: Quienes toman las decisiones carecen de asesoría experta en medicina aeroespacial y aeromedicina, confundiendo la operación de un vehículo terrestre con la complejidad de una operación aérea.
Pero el verdadero costo de esta lentitud burocrática no se mide en papeles, sino en vidas y discapacidades.
¿Cómo se le explica a la madre de un niño víctima de un accidente ofídico en una zona remota que el recurso aéreo está ahí, pero que no puede despegar porque ya se puso el sol? En un caso de mordedura de serpiente, cada minuto que pasa es muerte del tejido afectado. Al limitar el vuelo a reglas visuales por falta de normativa IFR, las autoridades están, en la práctica, decidiendo quién vive y quién muere según la hora del reloj.
El problema se agrava por el profundo desconocimiento de las instituciones públicas sobre la medicina aeromédica. Al no tener personal entrenado en esta rama, los centros de salud toman decisiones basadas en la improvisación. Cuando un traslado se retrasa o se gestiona mal por criterios burocráticos, no solo se está perdiendo tiempo; se está firmando la discapacidad permanente de un costarricense.
La pregunta para las autoridades es clara: ¿Qué tan urgente es brindar atención medica oportuna a la población? No necesitamos parches reglamentarios para salir del paso ante la presión mediática; necesitamos un marco legal sólido que permita al operador aéreo avanzar, a la profesionalización del sector y que elimine las ocurrencias administrativas. La solución no es solo abrir Pavas de noche; es dejar de volar a ciegas en materia de regulación.
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