En un artículo reciente, Julio Jurado sostiene que la inmunidad presidencial debe eliminarse. Su punto de partida es que la independencia del Poder Judicial garantiza que una acusación infundada contra el presidente no prospere en un juicio. Sin embargo, en otro momento don Julio reconoció el carácter político de los nombramientos de los magistrados y propuso cambios en la conformación y el funcionamiento del Poder Judicial.
En realidad, librar la suerte de la Presidencia de la República a lo que decidan la Fiscalía y la Corte constituye un incentivo para que el poder político encuentre los medios de instrumentalizarlas. Además, incluso sistemas judiciales independientes pueden verse afectados por sesgos, presiones mediáticas o conflictos internos, especialmente en casos de alta carga política.
Por eso, el diseño constitucional prevé no solamente el trámite ante la Asamblea Legislativa, sino también una mayoría parlamentaria calificada para levantar la inmunidad. El constituyente lo dispuso así años antes de que naciera Rodrigo Chaves, no para proteger al presidente, sino para blindar el funcionamiento del Estado frente a acusaciones infundadas que podrían paralizar al Poder Ejecutivo.
Esto también vale si la silla presidencial la llega a ocupar cualquiera de los partidos de oposición. Recordemos que, en las administraciones del PLN y el PUSC, la regla era una fracción oficialista robusta. Es decir, se habrían necesitado muchos votos oficialistas para levantar la inmunidad presidencial. Pero los últimos tres gobiernos han contado con una minoría legislativa, un escenario que, a pesar de ser novedoso, ya estaba previsto en la Carta Magna, pues en la práctica toda la oposición tendría que estar de acuerdo en que la gravedad de la acusación y la solidez de la prueba ameritan impulsar un proceso contra la figura presidencial, a pesar de la paralización e inestabilidad que esto representaría, no en afectación de una persona, sino del país.
En cualquier caso, podría encontrarse un punto medio y reducir el umbral al de la mayoría simple, para evitar que una minoría oficialista -o el vulgar canje de votos- pueda obstaculizar una investigación seria. Es claro que la inmunidad ilimitada puede, a su vez, generar inestabilidad al socavar la confianza pública y promover la impunidad.
Finalmente, en lo que sí coincido con don Julio es en su preocupación por el modo en que algunos congresistas justifican sus decisiones. Pero lo que hay que cambiar no es el diseño constitucional, sino ese perfil de diputados como Fabricio y Bojorges, que votan por “olfato político” cuando se les está hundiendo el barco.
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