En Costa Rica llevamos años pateando la crisis de la basura como si todavía hubiera tiempo infinito. Hoy esa ilusión se acabó. Nuestros rellenos sanitarios están cerca de su fecha de vencimiento y, en lugar de una ruta país seria, el Ministerio de Salud, a cargo de la vicepresidenta Mary Munive, ha optado por decretos improvisados, anuncios que se contradicen y la promesa de una prórroga que no sabemos dónde quedó.

Hace pocos días participé como expositor en Heredia, en el conversatorio “Desafíos Municipales para el Fortalecimiento de la Rectoría y la Nueva Política Nacional de Gestión de Residuos”, organizado por la Fundación Red Democrática. En ese espacio quedó claro que el problema ya no es solo la basura, sino el estilo de conducción política que ha asumido el Ministerio de Salud, desde la figura de Munive.

Lo más desconcertante es que la prórroga de dos años que se anunció para calmar a las municipalidades, sigue sin publicarse, como señalé en el conversatorio. En el papel, los plazos corren como si nada hubiera pasado. En la práctica, alcaldes y grupos técnicos no saben si deben prepararse para un cambio inminente o para un giro de timón jurídico y operativo, y el Ministerio luego se desentiende de la incertidumbre que él mismo provocó.

Desde la perspectiva jurídica, se advirtió en la actividad que el decreto viola de forma directa la autonomía municipal. Concentrar en el Ministerio de Salud amplias potestades discrecionales sobre el manejo de los residuos, genera inestabilidad financiera y operativa en los gobiernos locales.

Desde el ángulo de la competitividad territorial, los datos presentados en el conversatorio son una alarma encendida. Él más reciente Índice de Competitividad Nacional le otorgó al país una calificación de 48,7 en compromiso con la sostenibilidad, cuando en 2021 alcanzaba 57. Es decir, vamos para atrás en gestión de residuos y sostenibilidad, no para adelante. Eso no solo afecta el ambiente, también la calidad de vida y la competitividad de los cantones, porque ningún territorio puede proyectarse como atractivo si lo que hace con su basura es esconderla.

Lo que predomina hoy, tanto en el decreto como en el proyecto de ley propuesto para regular la problemática, es una visión vieja y agotada. Se sigue pensando en el Estado como una especie de policía reguladora que sanciona, cierra y castiga, pero no como un articulador que abre caminos, apoya técnicamente y construye soluciones colectivas.

Las municipalidades rurales, son las grandes olvidadas de esta discusión. Hay municipios a los que se les pretende exigir el mismo nivel de respuesta que a San José, Escazú o Belén, pero sin los mismos recursos. Hablar de regionalización sin definir cómo se financiará la nueva infraestructura, quién asumirá los costos ambientales y sociales, no es planificación: es trasladar el problema y esperar que nadie reclame demasiado fuerte.

Una ruta país en serio para manejar los residuos debería fijar metas claras a 2030 o 2035 en reducción de residuos enviados a rellenos, aumento de reciclaje y compostaje, e incorporación de tecnologías de aprovechamiento donde sea técnica y socialmente viable.

A pesar de que el reciente encuentro entre autoridades de Salud, Ambiente, IFAM y representantes municipales se presentó una hoja de ruta dividida en acciones inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, lo cierto es que las medidas propuestas no parecen ser las idóneas para resolver el problema estructural que enfrenta el país en materia de gestión de residuos.

Las acciones se muestran llenas de contradicciones, improvisaciones y vacíos de planificación, lo que evidencia una falta de conocimiento técnico real sobre la magnitud del reto. Resulta particularmente preocupante que, en lugar de apostar por un diseño integral y coherente, se recurra a medidas dispersas, algunas incluso apoyadas en sanciones y obligaciones que no necesariamente responden a las capacidades actuales de los gobiernos locales, ni a un diagnóstico técnico sólido.

En este contexto, surge la impresión de que los vientos electorales pesan más que la toma de decisiones responsables y sostenidas para enfrentar una crisis que afecta a toda la ciudadanía. El énfasis en anuncios acelerados, metas optimistas sin sustento claro y promesas de infraestructura regionalizada a varios años plazo parece responder más a agendas políticas que a una ruta técnica seria. Mientras no se asuma el problema con una visión menos reactiva y más estratégica, difícilmente estas acciones, por más que suenen estructuradas, lograrán brindar soluciones reales y duraderas al inminente colapso de los rellenos sanitarios.

La ministra Munive debe abandonar la lógica de la imposición y ejercer una rectoría basada en evidencia, coordinación interinstitucional y respeto a la autonomía municipal. Así como necesitamos que la próxima Asamblea Legislativa asuma el tema sin cálculo mezquino y se atreva a corregir un rumbo equivocado.

La bomba de la basura sigue activa y es un regalo envenenado que Munive le está dejando al próximo Gobierno, sea quien sea. La diferencia es que ahora sabemos con mayor claridad quién la armó, quién decidió no desactivarla a tiempo y quiénes están señalando, desde los territorios, que todavía estamos a tiempo de evitar que explote en la cara de todo un país.

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