El Tope Nacional 2025 en San Ramón de Alajuela se anuncia como una fiesta de “identidad y tradición” por aquellos que gobiernan el cantón con indiferencia y ausencia. Sin embargo, detrás de esa retórica cultural y el entusiasmo popular de ciertos grupos demográficos, se esconde una verdad incómoda para muchos: la persistencia de prácticas que implican sufrimiento animal y que contradicen los valores de respeto, sostenibilidad y ética que Costa Rica proclama en el mundo. Oponerse a las actividades equinas y taurinas no es un gesto aislado ni radical; es una exigencia moral y política que responde a la necesidad de construir una sociedad que no legitime la violencia disfrazada de celebración.
Los caballos en los topes son sometidos a entrenamientos que buscan la espectacularidad de sus movimientos, muchas veces mediante técnicas que generan dolor y estrés. El uso de frenos rígidos, espuelas y látigos, sumado a largas jornadas bajo el sol y la exposición a ambientes ruidosos, compromete seriamente su bienestar. No se trata de un desfile inocente: se trata de la instrumentalización de un ser vivo para fines de ostentación y vanidad. El caballo deja de ser un compañero noble para convertirse en un objeto de exhibición, reducido a supuesto símbolo de poder económico y social. Esa reducción es, en sí misma, una forma de violencia.
En el caso de las prácticas taurinas, el argumento de que “en Costa Rica no se mata al toro” es insuficiente y engañoso. El animal es igualmente sometido a un escenario de acoso, persecución y hostigamiento. Es expuesto a multitudes que buscan entretenimiento a costa de su sufrimiento, mientras improvisados toreros arriesgan su vida en un espectáculo que normaliza la violencia y el maltrato. El toro es hostigado, golpeado, agotado hasta el límite de su resistencia. La tradición, tantas veces invocada como justificación, no puede ser excusa para perpetuar dinámicas que contradicen principios modernos de convivencia ética y respeto por la vida.
Los antecedentes recientes en otras localidades refuerzan la urgencia de este debate. En San José, por segundo año consecutivo, se ha cancelado el “tradicional” tope en la capital. Esta decisión, aunque motivada por razones logísticas, económicas y de seguridad, abre un espacio de reflexión sobre la pertinencia de mantener estas actividades en el corazón de la ciudad. La cancelación demuestra que los topes no son indispensables para la vida cultural de la nación y que existen alternativas festivas capaces de convocar multitudes sin necesidad de involucrar el maltrato animal.
Por otro lado, en Montes de Oca, la muerte de un caballo durante el tope se convirtió en símbolo del costo real de estas prácticas. El fallecimiento del animal no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de un sistema que somete a los caballos a condiciones extremas, sin considerar sus límites físicos ni emocionales. Este hecho generó indignación y abrió un debate público sobre la responsabilidad de las autoridades y de la sociedad en general frente al bienestar animal. La muerte del caballo en Montes de Oca es un recordatorio brutal de que detrás de cada desfile y cada espectáculo hay vidas que se desgastan y se pierden.
Estos antecedentes muestran que la discusión no es exclusiva de San Ramón, sino parte de un movimiento nacional que cuestiona la legitimidad de las prácticas equinas y taurinas. Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, comprometido con la sostenibilidad y el respeto por la vida. Sin embargo, mantener espectáculos que implican sufrimiento animal contradice esa imagen y debilita la coherencia de nuestro discurso como nación. No podemos seguir proclamando respeto por la biodiversidad mientras toleramos la explotación de caballos y toros en nuestras fiestas.
Entonces, no solo es necesario pensar en un gobierno local que eche para atrás estas prácticas, sino que urge una legislación integral que establezca un marco jurídico para la prohibición absoluta de las prácticas equinas y taurinas en todas sus manifestaciones, incluyendo los denominados topes y las corridas de toros. La acción municipal es un primer paso, pero el verdadero cambio requiere voluntad política nacional, capaz de transformar la indignación ciudadana en normas claras que protejan a los animales y que redefinan nuestras celebraciones bajo principios de respeto y ética.
Oponerse a estas prácticas es también un acto de educación ciudadana y, hasta cierto punto, de civilización humana. Significa enseñar a las nuevas generaciones que la diversión no debe construirse sobre el dolor de otros seres vivos. Significa apostar por una cultura que celebra la vida en todas sus formas, que encuentra en la creatividad humana —en el arte, el deporte, la danza, la gastronomía, la convivencia comunitaria— alternativas festivas capaces de mantener la esencia de nuestras tradiciones sin necesidad de violencia.
El Tope Nacional 2025 en San Ramón de Alajuela representa una oportunidad histórica para replantear el rumbo de nuestras celebraciones. No se trata de negar la cultura, sino de transformarla hacia un modelo más ético, inclusivo y sostenible. Los ejemplos de San José y Montes de Oca nos recuerdan que el cambio es posible y que la sociedad costarricense está preparada para dar este paso. La verdadera fiesta nacional debe ser aquella que celebre la vida, sin sufrimiento ni explotación, y que refleje con autenticidad los valores de respeto y empatía que queremos proyectar al mundo.
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