Costa Rica vive una paradoja institucional: como ningún actor cumple plenamente sus funciones, todos terminan invadiendo el campo del otro.  El resultado es un Estado donde las fronteras entre poderes y entidades se difuminan, las decisiones se duplican o se contradicen y la ciudadanía, perdida entre trámites y desencantos, ya no sabe qué exigirle a quién.

Un Estado donde cada quien invade el terreno ajeno

Lo que vemos hoy no es casual: los Poderes de la República se alejaron tanto de sus funciones originales, que sus roles se han vuelto casi intercambiables.

La Asamblea Legislativa, ante la falta de rumbo del Ejecutivo, aprueba leyes para definir políticas públicas que deberían nacer del Gobierno. Esto genera distorsiones en presupuesto, prioridades y ejecución.

El Ejecutivo, en vez de articular una visión país y liderar la planificación, busca sortear al Congreso mediante decretos en temas que son reserva de ley, decisiones que después terminan anuladas en los tribunales.

Y el Poder Judicial, sobrecargado por la ineficiencia administrativa, termina “legislando” indirectamente porque el Legislativo no logra ponerse de acuerdo en temas complejos. Mientras que la Sala IV ante la inoperancia de las instituciones, entra a resolver problemas que no son estrictamente constitucionales, sino consecuencia de procesos administrativos que nunca funcionaron.

A este enredo institucional se suma el resto del aparato público: las municipalidades, por ejemplo, no logran algo tan básico como arreglar una calle; entonces el diputado en campaña lo promete, aunque no le corresponda.

Este confuso panorama genera un mensaje peligroso: si nadie cumple su responsabilidad, cualquiera puede intervenir, aunque lo haga sin conocimiento de causa, sin herramientas, sin facultades, sin visión integral y, además, sin cronogramas de ejecución claros y realistas. Todo esto socava el sistema republicano.

El costo de la invasión de roles

Cuando cada poder —y cada institución— actúa fuera de su campo, se rompe la lógica del equilibrio y se debilita la responsabilidad democrática.

El ciudadano termina en un laberinto: para una misma necesidad podría acudir a la municipalidad, a un diputado, a la Contraloría, a un ministro o incluso a un magistrado… pero ninguno resuelve.

La consecuencia es triple:

  • Más trifulcas entre instituciones que pelean protagonismo y evaden responsabilidades.
  • Menos resultados, porque nadie se enfoca en lo que sí le compete.
  • Más frustración, para los ciudadanos que se convencen de que nada se puede cambiar.

En este caos, la ciudadanía deja de tener claro

Un diseño institucional que quedó pequeño

Es fácil caer en la tentación de culpar a quienes hoy ocupan cargos, pero la verdad es más incómoda: el diseño institucional está sobrepasado.

Arrastramos fallas de origen, normas que no dialogan entre sí y estructuras que nunca se adaptaron a las nuevas realidades.

Incluso si los jerarcas quisieran corregir el rumbo, la dinámica misma de la función pública —sus incentivos perversos, sus tiempos de respuesta inaceptables, sus limitaciones y absurdos reglamentarios— les complica horrorosamente hacerlo.

Pero reconocer esto no puede convertirse en excusa. Significa entender que las soluciones no van a venir de adentro, porque el sistema bloquea los cambios estructurales que necesita.

Las transformaciones profundas tienen que impulsarse desde la sociedad civil, los partidos políticos, los grupos organizados y las personas que se atreven a pensar más allá del ciclo electoral.

Y aquí aparece otro reto: mientras sigamos privilegiando el liderazgo personalista y no la construcción colectiva, los partidos no se renovarán, no planificarán a largo plazo ni pondrán el pensamiento estratégico en el centro de su agenda.

Sin partidos sólidos, modernos y capaces de proponer reformas institucionales estructurales, el país seguirá atrapado en esta dinámica absurda donde todos hacen de todo y nadie resuelve nada.

Volver al orden: recuperar funciones, recuperar confianza

Si queremos que Costa Rica vuelva a funcionar, hay que empezar por algo elemental pero olvidado: que cada actor asuma su función y sea evaluado por ella.

  • Que las municipalidades atiendan sus servicios locales.
  • Que el Ejecutivo gobierne con coherencia y políticas públicas de largo plazo.
  • Que el Legislativo legisle para el país y fiscalice la labor en los entes públicos.
  • Que el Poder Judicial se encargue de la administración de justicia, no lo administrativo.
  • Que la Sala IV se encargue de lo constitucional no por suplir fallas de la administración.
  • Y que los partidos piensen, planifiquen y formen liderazgos colectivos, porque de ellos depende que estas discusiones existan.

La ciudadanía necesita saber qué pedir, a quién pedirlo y cómo exigirlo. Y el país necesita instituciones que respondan, no que peleen entre sí ni donde simplemente se diluyan las responsabilidades y se diseñe todo en función de sus empleados.

Volver al orden no es nostalgia ni significa volver al pasado: es la condición mínima para que Costa Rica salga del estancamiento y recupere un rumbo claro.

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