Llama la atención que poco después de las noticias sobre Australia prohibiendo el uso de redes sociales para menores de 16 años, salga un proyecto de ley en Costa Rica para hacer lo mismo, pero para menores de 14. Ignorando que este proyecto pueda haber salido sólo para pegarse al tema “caliente” de la semana, vale la pena evaluar si tiene sentido o no para nuestro contexto.
Australia está pasando una prohibición completa de redes sociales para menores de 16 años, bajo el Online Safety Amendment Act 2024. No es la primera vez que Australia toma decisiones controversiales de este tipo, como sucedió el año pasado cuando el Comisionado de eSafety intentó forzar a X por un contenido que no les gustaba que estuviera en ninguna parte del mundo.
A partir del 10 de diciembre, plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit, X y demás, van a tener que implementar tecnologías de verificación de edad: como verificación de tarjetas de identidad, “estimación de edad” con tecnologías de reconocimiento facial y otras “medidas razonables”. Esto con el supuesto fin de proteger a los niños y jóvenes de problemas reales que estas tecnologías traen.
Los problemas que generan las redes sociales son reales y tangibles, pero eso no significa que la prohibición sea la solución. Hablamos de ciberacoso, depredadores en línea, algoritmos diseñados para fomentar adicción y una serie de afectaciones a la salud mental (como ansiedad y depresión) derivadas del uso desregulado de estas plataformas.
Desde que se empezó a conversar públicamente del tema, la misma Comisión Australiana de Derechos Humanos se pronunció en contra de esta acción indicando que los efectos secundarios de esta prohibición no sobrepasan los beneficios teóricos. Por ejemplo, mencionan el efecto de romper la red de soporte de varias poblaciones como grupos jóvenes LGBTQ+, niños neurodivergentes y en áreas remotas del país.
Además, para que la edad de los usuarios (tanto menores como mayores) se pueda llevar a cabo, se forzará a que cada plataforma digital verifique la edad recibiendo de manera masiva información sensible de cada ciudadano. Esto, además del gran problema desde la perspectiva de protección de datos, abre un enorme riesgo ya que los ciberdelincuentes encontrarán en decenas de plataformas en línea la información suficiente para identificar y posiblemente suplantar a los usuarios de esas redes sociales.
Sumado a esto, es bien sabido por cualquier persona que converse hoy con un joven que su capacidad técnica es alta. Esta prohibición podría ser fácilmente saltada a través de VPNs (apps para fingir que están en otra ubicación física) y tecnologías similares. Y quienes no puedan o sepan hacerlo, podrían verse atraídos a otras plataformas “oscuras” no reguladas donde no tendrán protección alguna. La historia ha demostrado que las prohibiciones siempre son inefectivas.
Este proyecto de ley para Costa Rica sigue la misma dirección impráctica, injusta e inefectiva pero suma un montón de problemas como posibles inconstitucionalidades, cargo de responsabilidades a la Sutel de hacer algo para lo que no tiene la capacidad ni el presupuesto, y podría terminar causando que estas plataformas digitales más bien dejen el país tras un análisis costo-beneficio de aplicar los requisitos absurdos planteados en un mercado tan pequeño. Esto dejaría a la deriva a miles de personas que dependen de estas tecnologías para conducir comercio digital, acceder a medios de comunicación, educación y demás.
Es claro que el mundo debe actuar, pero se debe actuar con base en la técnica y la evidencia, no con ocurrencias sin comprender realmente el problema o la viabilidad de una implementación de este tipo. Por supuesto, legislar responsablemente jala menos likes que pegarse a tendencias noticiosas.
Dicho todo esto, asumiendo que sea posible que a través de una regulación costarricense las plataformas digitales sí tomen acciones para modificar sus servicios y algoritmos en aras de este fin, tal proyecto debería más bien enfocarse en que se ajusten estas plataformas para ser seguras por diseño, regular las funcionalidades adictivas (comprendiendo bien cómo funcionan y no sólo vagamente como el proyecto de ley lo hace) y mejorando la educación para niños, jóvenes y padres.
Esta prohibición es tan absurda como decir que, porque en los centros educativos también existe el acoso y el estrés, la solución sería prohibir que los niños y jóvenes asistan a la escuela en lugar de pedir medidas de prevención a los centros educativos.
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