Soy una de las afectadas del caso de estafa BCR SAFI, y cada vez que reviso los hechos me surge la misma pregunta: ¿cómo es posible que un banco estatal, cuya razón de ser es proteger los ahorros de la gente, decida desafiar abiertamente a quienes están llamados a regularlo? ¿En qué momento se volvió aceptable que una institución pública actúe como si estuviera por encima de las normas que garantizan la estabilidad del sistema financiero?
Lo que hizo el Banco de Costa Rica no fue un simple desacuerdo técnico. Fue una jugada deliberada y malintencionada. El regulador emitió una orden clara y necesaria: retirar un inmueble del fondo, devolver los 70 millones pagados y reparar los daños. Era una medida prudencial, totalmente legal, diseñada para proteger a los ahorrantes. Pero el banco decidió ignorarla, retrasarla durante ocho meses y, como si fuera poco, demandar a sus propios supervisores, incluyendo al Banco Central.
Ese acto no fue solo un desacato. Fue un golpe directo a la confianza pública. Una señal peligrosa que amenaza la credibilidad de todo el sistema financiero. Mientras el banco “ganaba tiempo”, los ahorrantes perdían más de 400.000 dólares por mes. Y lo peor: más de 350 millones de dólares en patrimonio siguen en riesgo. Ese es el fruto del ahorro de miles de familias. Ese es el esfuerzo de años que se puso al borde del precipicio.
Sabemos que ya se dieron dos pasos decisivos. El 24 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo emitió una sentencia histórica que desestimó por completo la pretensión del BCR y reafirmó la primacía del interés de los ahorrantes. Y el 4 de diciembre, los allanamientos ejecutados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción marcaron un avance institucional firme contra una trama de sobreprecios, irregularidades y un daño profundo a la Hacienda Pública, dejando claro que las maniobras del banco habían frenado el cumplimiento del mandato del Supervisor. Son victorias necesarias, aunque todavía insuficientes. Aún queda mucho por esclarecer y corregir para que nuestros ahorros el patrimonio construido con años de esfuerzo regrese finalmente a donde pertenecen a nosotros.
Es indignante ver que se gasta dinero público en una defensa insostenible, en un pleito que nunca debió existir, cuando lo correcto y lo legal habría sido acatar la orden desde el primer día. El mensaje que envía la Junta Directiva del BCR es devastador: que prefieren litigar antes que asumir su responsabilidad; que prefieren proteger decisiones internas cuestionables antes que proteger a la ciudadanía.
Hoy, como cualquier persona que cree en la transparencia y en las reglas claras, solo puedo exigir lo obvio: que el banco deje de dilapidar recursos, cumpla con la ley y ponga por delante a los ahorrantes. No podemos permitir que esta jugada irresponsable siga profundizando el daño.
Y, aun así, queda la pregunta más inquietante: si esto es lo que ya conocemos, ¿qué más podría estar escondido? Todo apunta a que no estamos ante un hecho aislado, sino ante un patrón. Y por eso es indispensable seguir mirando de frente, sin miedo y sin silencios, lo que durante años se intentó tapar.
Porque cuando se juega con el dinero de la gente, no hay excusa que valga.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
