“Después de años de engaños, los afectados del BCR–SAFI ven un antes y un después”.
El grupo de más de 1.700 personas afectadas por las inversiones administradas por el Banco de Costa Rica recibió con esperanza y alivio los allanamientos ejecutados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el pasado jueves 4 de diciembre, en el marco de la investigación por comprobados sobreprecios, irregularidades y afectación a la Hacienda Pública. Para los inversionistas, estas acciones representan un paso decisivo hacia el esclarecimiento de una trama delictuosa que, durante años, dejó en evidencia graves fallos de gobernanza, supervisión y responsabilidad fiduciaria dentro del Banco de Costa Rica.
Desde marzo de 2022, los afectados han vivido de primera mano las consecuencias de estas decisiones: rendimientos que pasaron de 15 dólares trimestrales por acción a menos de 3 dólares, la imposibilidad de vender activos por los que pagaron 1.200 dólares y que hoy difícilmente alcanzarían los 150 dólares, así como años de malos tratos, empujones en asambleas, engaños, manipulación y omisiones por parte de representantes del banco. “Finalmente se va viendo la luz al final del túnel. Se están dando resoluciones que el banco ha intentado detener, y ahora hay investigaciones profundas que pronto podrían develar la realidad de los hechos y acercarnos a la justicia que tanto hemos esperado”, manifestó Rodrigo Alberto Carazo, vocero del grupo de afectados.
La decisión de hacer público este caso no fue sencilla. Diversas personas afectadas temían represalias, pero con determinación y el apoyo de más de un centenar de ahorrantes, se impulsó una campaña informativa que incluye más de una docena de videos documentando la magnitud del problema. Esa serie de videos se puede ver aquí.
Para muchos, lo ocurrido esta semana marca un antes y un después. “Estoy contenta de que la fiscalía haya dado este paso y que hayan adelantado ya las investigaciones. Tienen material suficiente para pedir prisión preventiva a los actores de estos hechos de delincuencia mientras se completan las pesquisas. Los afectados no solo somos los 1.700 inversionistas individuales, sino también las operadoras de pensiones que confiaron recursos de miles de trabajadores en BCR”, expresó Dunia Induni, afectada del caso.
El grupo de personas afectadas reitera su compromiso con la transparencia y la búsqueda de justicia, y hace un llamado a los medios de comunicación para continuar dando seguimiento a un caso que no solo involucra pérdidas millonarias, sino también la confianza del país en la administración del ahorro colectivo. Asimismo, se ponen a disposición para compartir más información sobre el caso y el gran impacto que ha tenido este caso en el modo de vida de los afectados.
