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La compañía afirma que la infraestructura y el acceso se encuentran debidamente inscritos en el Registro Nacional y que el caso permanece en sede judicial.

Punta Leona Beach Club & Nature Resort reiteró que la infraestructura donde se ubica la aguja de paso hacia Playa Blanca y varios residenciales, así como el camino que discurre por esa zona, forman parte de una propiedad privada, según su inscripción registral y el respectivo plano catastrado.

La empresa recordó que, ante las amenazas emitidas meses atrás por la Municipalidad de Garabito sobre la posible demolición de la aguja, los propietarios presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, instancia que deberá determinar de manera definitiva el carácter privado del inmueble y del camino.

Levantamiento de medida cautelar

El pasado 19 de noviembre, el Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo ordenó levantar la medida cautelar que impedía a la municipalidad realizar acciones dirigidas al derribo de la aguja. El tribunal consideró que, al haber cesado las amenazas por parte del municipio, ya no existía una actuación que justificara mantener la protección provisional.

Ante esta resolución, Punta Leona subrayó varios puntos relevantes:

1. La empresa continuará siendo respetuosa de todas las decisiones judiciales.
2. La medida cautelar se solicitó debido a las amenazas formuladas por la municipalidad, que sostenía erróneamente que el camino sobre fincas privadas era una calle pública.
3. El tribunal indicó expresamente que el levantamiento de la medida no habilita a la Municipalidad de Garabito a actuar sin el debido proceso, ni a ejecutar acciones materiales que generen daños, bajo riesgo de responsabilidad penal.
4. La resolución es estrictamente procesal y no modifica la naturaleza privada de la propiedad ni del camino. No implica autorización alguna para abrir paso, ni constituye una declaración sobre la titularidad del acceso.

Proceso judicial en curso

La empresa reiteró que continuará ejerciendo las acciones legales necesarias para la defensa de su propiedad privada. En caso de nuevas amenazas o actos indebidos por parte de las autoridades municipales, solicitará nuevamente medidas cautelares dentro del proceso o en otras vías correspondientes.

Punta Leona señaló que, al haber presentado la municipalidad una contrademanda dentro del mismo expediente, el conflicto se encuentra plenamente judicializado. Por ello, mientras los tribunales resuelven, el municipio no debe adoptar decisiones administrativas de fondo sobre este asunto.