Solo 6% de escuelas de Costa Rica tienen atención de estos profesionales.
En el marco de su 15 aniversario, el Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) hace un llamado de atención por los desafíos que sus personas agremiadas enfrentan actualmente en el cumplimiento de sus labores diarias, lo que ocasiona que las problemáticas nacionales no se aborden de manera temprana y continua, en perjuicio de la población.
Karen Sánchez, vicepresidenta del CPO, explica que “este rezago se evidencia en tres áreas clave para el país: la educación primaria y secundaria, la educación técnica y el Sistema Penitenciario Nacional; donde la demanda por acompañamiento socioemocional, vocacional y de convivencia crece más rápido que la capacidad del país para ofrecerlo”.
Sánchez amplía que, en la educación primaria, donde solo un 6% de escuelas cuenta con servicio de Orientación, miles de niñas y niños enfrentan su formación sin un acompañamiento profesional que permita detectar situaciones de riesgo, fortalecer habilidades socioemocionales o prevenir conflictos desde edades tempranas.
Esta ausencia está generando intervenciones tardías, que recaen posteriormente en secundaria, donde las personas profesionales deben atender una cantidad de estudiantes que duplican o triplican las recomendaciones internacionales. Aun así, las orientadoras y orientadores logran ofrecer apoyo en convivencia, salud mental y toma de decisiones, pero muchas veces cuando ya existe un deterioro acumulado.
La situación se repite en la educación técnica, donde la población estudiantil es diversa y, en muchos casos, vulnerable. Las nuevas exigencias del mercado laboral, los cambios tecnológicos acelerados y la creciente necesidad de fortalecer habilidades blandas hacen que la Orientación sea cada vez más determinante para la empleabilidad. Sin embargo, la alta carga administrativa, el volumen de estudiantes y la falta de recursos limitan la posibilidad de dar un acompañamiento más profundo y preventivo. El país llega a la inserción laboral con brechas que podrían haberse atendido mejor en etapas previas del sistema educativo. La formación técnica inicia en muchas ocasiones con personas que solo cuentan con sexto grado, muchas de las cuales, nunca tuvieron procesos de Orientación en sus centros educativos de primaria.
Las instituciones educativas privadas (primaria, secundaria y universitaria) no cuentan con profesionales en Orientación suficientes para la cantidad de estudiantes. Incluso, se asignan funciones de Orientación a profesionales de otras disciplinas, lo cual implica una práctica inadecuada para la calidad de los servicios.
Por su parte, en el ámbito penitenciario, la Orientación cumple un rol técnico fundamental en la atención integral de las personas privadas de libertad, desde el ingreso hasta el egreso. Sin embargo, la presión del hacinamiento, la complejidad de los perfiles y las nuevas exigencias de los modelos de alta contención demandan más profesionales especializados. Cuando los procesos de acompañamiento se retrasan o se dan con recursos limitados, las posibilidades de reinserción social se ven afectadas y el país pierde oportunidades para prevenir la reincidencia y reconstruir trayectorias de vida.
Para el CPO, estos escenarios revelan un punto en común: cuando la Orientación no está presente desde etapas tempranas, tanto en personas como en procesos de vida, el Estado debe intervenir más tarde, con mayores costos humanos, sociales e institucionales. En cambio, cuando la Orientación se integra tempranamente y de manera sostenida, los resultados son más positivos: comunidades educativas más saludables, personas estudiantes con mayor claridad vocacional y socioemocional, y procesos de reinserción más efectivos.
“Los retos de convivencia, salud mental y empleabilidad que vive el país hoy requieren acciones más preventivas y menos reactivas. La Orientación aporta justamente eso: acompañamiento temprano, integral y humano que permite anticipar, no solo corregir”, destacó la vicepresidenta del CPO.
A 15 años de su creación, el CPO considera necesario iniciar una conversación nacional sobre la cobertura y fortalecimiento de estos servicios. El país atraviesa transformaciones sociales, tecnológicas y laborales que exigen nuevas respuestas, y la Orientación, como disciplina técnica, formativa y estratégica, está llamada a ser parte central de la solución.
Actualmente, el país cuenta con 2.726 personas orientadoras activas y colegiadas, de las cuales 2.305 son mujeres y 421 hombres. 1.992 orientadoras y orientadores trabajan en el Ministerio de Educación pública, 121 en el sistema penitenciario, 99 en universidades y 63 en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).