Violencia, discriminación, mensajes de odio, desinformación, entre otros fenómenos, son reflejo de ese deterioro, según el ente defensor.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, advirtió hoy sobre los fenómenos que afectan en el cumplimiento y garantía de los derechos humanos en el país. Así lo plasmó durante un encuentro realizado esta mañana con candidaturas a la Presidencia de la República, aspirantes a una candidatura a diputaciones por el primer y segundo lugar de los partidos políticos inscritos para las elecciones nacionales del periodo 2026-2030, en el Auditorio Nacional, del Museo de los Niños.
“Costa Rica enfrenta desafíos complejos. La violencia se ha exacerbado y afecta de forma más intensa a las mujeres y a las personas jóvenes. Las personas migrantes y refugiadas continúan siendo objeto de discriminación. Los niños y las niñas siguen siendo vulnerado su derecho a la educación de calidad. El nivel de discusión política se ha deteriorado y en la actualidad es difícil discernir entre verdades y post verdades”, dijo la defensora.
Para la Defensoría es de gran importancia el Acuerdo Nacional suscrito en días recientes por partidos políticos, medios de comunicación, plataformas digitales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil; para comprometerse a no difundir información falsa o manipulada en la cita electoral, y a denunciar los discursos de odio, la retórica violenta, los mensajes extremistas y contrarios a la dignidad humana.
El ente defensor hizo un llamado a las personas aspirantes a la Presidencia de la República para que, en la construcción de una agenda común y en la definición de toda política pública, es necesario que se garantice el bienestar y la calidad de vida para todos y todas, y nunca olvidar a las personas y familias que viven en situación de pobreza que, en el caso de las familias indígenas, el 70% de los hogares no logra cubrir las necesidades básicas.
“No debemos olvidar a quienes sobreviven a los femicidios, a la violencia, a los discursos de odio, a la discriminación y a la criminalidad; a las personas jóvenes excluidas del sistema educativo y sin acceso a empleos dignos y bien remunerados; a las personas migrantes y deportadas a quienes se le violentan sus derechos; a las personas mayores que no reciben una pensión o una atención médica oportuna; o a las personas cuidadoras de pacientes en fase terminal o gravemente enfermos, a quienes se les suspendieron los subsidios para cuidar con dignidad a sus familiares”, agregó la defensora de los Habitantes.
