Orientadores y orientadoras solicitan actualización en protocolos ante el auge del consumo organizado en colegios. El grupo más vulnerable son los estudiantes de sétimo año.
Lo que comenzó como un fenómeno aislado hoy se ha convertido en una realidad cotidiana en los centros educativos del país, y evoluciona de manera preocupante. Profesionales en Orientación advierten que las y los estudiantes están organizando la venta y consumo de vapeadores de forma similar a estructuras delictivas, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de toda la comunidad educativa.
José Miguel Chavarría, representante del Colegio de Profesionales en Orientación y profesional en Ciencias Criminológicas, explicó:
Hoy la preocupación va más allá del consumo individual. Se han detectado roles definidos dentro de los centros educativos, tales como cabecillas que coordinan las acciones, estudiantes que contactan a comerciantes externos, distribuidores internos y ‘campanas’ que advierten la presencia de autoridades. Esta organización les permite evadir la detección y operar en espacios estratégicos”.
Según el orientador, incluso se esconden vapeadores en cielos rasos, tanques de baños o zonas corporales de difícil acceso.
Esto representa un riesgo no solo por el consumo, sino también por la manipulación antihigiénica de estos dispositivos”.
De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), cerca del 65% de los casos detectados corresponden a población masculina, y el grupo más vulnerable son estudiantes de sétimo año, quienes atraviesan una etapa de transición al ingresar a secundaria.
Además de los riesgos de adicción y afectaciones cardiorrespiratorias, se reportan disputas entre estudiantes por “control territorial”, conductas desafiantes ante figuras de autoridad y evasión constante.
Las alertas se han vuelto diarias, lo que ha recargado la labor de docentes y profesionales en Orientación. Hemos encontrado hasta ocho vapeadores escondidos en un solo techo. Hay zonas calientes bien identificadas”.
Vacíos en protocolos y necesidad de acción
Aunque la Ley 10066, que regula los sistemas electrónicos que administran o no nicotina, está vigente desde hace cuatro años, persisten vacíos importantes en la aplicación de protocolos en los centros educativos. El MEP establece que, ante la detección de nicotina, se debe referir el caso al Ministerio de Salud y al IAFA, además de involucrar a padres de familia e incluso al PANI en casos específicos.
Sin embargo, en la práctica, la falta de capacitación constante, la recarga laboral y la ausencia de canales ágiles dificultan la respuesta institucional.
La normativa existe, pero no basta con tenerla escrita. Necesitamos capacitaciones continuas, protocolos claros y adaptados a la realidad cambiante, y una alianza real con las familias. Muchas veces las madres, padres y personas encargadas ni siquiera conocen los círculos sociales de sus hijas e hijos ni si están involucrados en dinámicas de consumo o distribución”.
Un llamado urgente a toda la sociedad
El Colegio de Profesionales en Orientación hace un llamado urgente a las autoridades, familias y sociedad en general. No se trata solo de vapeo, sino de estructuras internas organizadas por personas jóvenes, con riesgos significativos para la salud y la convivencia escolar.
Al conversar con estudiantes involucrados, se identifican causas como la búsqueda de aceptación social, baja autoestima y el vapeo como “válvula de escape” ante problemas familiares, económicos o emocionales.
Es una problemática con un trasfondo delicado que requiere del actuar de toda la sociedad; instamos a las familias a mantenerse vigilantes a los círculos de sus hijas e hijos, entablar comunicación constante con ellos y con los centros educativos, y a mantenerse presentes en sus vidas. Asimismo, es necesario establecer planes de trabajo que aborden esta realidad y capaciten de forma continua a las y los profesionales en Orientación, debido a la serie de situaciones sociales que evolucionan aceleradamente”.
