CICR solicitó a la Aresep que asegure la aplicación estricta del marco legal regulatorio.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) hizo un llamado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que, en el análisis de la solicitud tarifaria de ajuste ordinario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el año 2026, se apliquen con rigor los principios establecidos en el artículo 32 de la Ley 7593, que ordena excluir de las tarifas todos los gastos que no sean estrictamente necesarios para la prestación del servicio público.
De acuerdo con la propuesta presentada por el ICE, con respecto a las tarifas ordinarias actuales, el sistema de generación sufriría un incremento de 50,46%, sistema de transmisión un 23,16% y las tarifas para usuarios finales (sistema de distribución) un 25,23%. Aumentos que a todas luces resultan desproporcionados. Cabe destacar, que aún queda por resolver el efecto por el Costo Variable de Generación (CVG), que según se ha mencionado por la ARESEP, podría abaratar las tarifas.
El presidente de la CICR, Sergio Capón, señaló:
El sector productivo no soporta más presiones sobre su competitividad. El tipo de cambio apreciado, los aranceles, las altas cargas sociales y la infraestructura deficitaria ya limitan la capacidad de competir de las empresas. Por eso, el precio de la energía —como lo confirma nuestra más reciente Encuesta de Perspectivas Empresariales 2025— es un factor crítico que debe manejarse con prudencia y visión de país”.
En su análisis, la CICR señala que varios costos y gastos que respaldan la propuesta del ICE muestran crecimientos desproporcionados. Entre ellos, solo en la creación de nuevas plazas, el ICE está solicitando 91 puestos adicionales entre los sistemas de generación y distribución, lo que representaría un costo adicional por de ₡2.725 millones. La CICR también identificó incrementos significativos en varios rubros del gasto operativo, como los gastos administrativos, costos comerciales, reconocimiento de la depreciación, entre otros.
De hecho, la Cámara reiteró su preocupación por el tratamiento contable de la depreciación de activos, que implica que los usuarios terminen pagando hasta cinco veces el valor original de los activos revaluados, un tema ya señalado en 2024 y sobre el cual la ARESEP aún no ha emitido un criterio definitivo.
Según los propios datos del ICE, la depreciación y la utilidad operativo del sistema de generación alcanzarían los ₡274.338 millones, equivalentes al 19% de la deuda total del sistema (₡1.456.458 millones). Esto significa que, si esos ingresos se destinaran únicamente a amortizar deuda, el ICE podría pagar la totalidad de sus pasivos en poco más de cinco años, lo que no pareciera razonable si las deudas son de largo plazo.
En este contexto, desde la CICR reiteraron que, conforme a la ley, ARESEP no debe reconocer en las tarifas aumentos desproporcionados ni gastos que no estén vinculados directamente con la prestación del servicio regulado.
Los industriales solicitaron a la ARESEP que asegure la aplicación estricta del marco regulatorio, promueva la eficiencia institucional y proteja al consumidor final, evitando aumentos desproporcionados o que no respondan a una necesidad técnica o de servicio esencial.
Capón concluyó:
Hemos apoyado el prorrateo, justamente para no someter al consumidor a aumentos abruptos y desproporcionados de tarifas”.
Reacción del ICE
A modo de respuesta, el ICE envió un comunicado de prensa el 29 de octubre en el que aclaró:
- Los gastos citados cumplen a cabalidad con los lineamientos a nivel de metodología tarifaria y son proporcionales al alcance de las funciones y las responsabilidades asignadas por ley al Instituto. Además, son trascendentales para cumplir óptima y eficientemente con la prestación del servicio eléctrico al país.
- La incorporación de nuevas plazas se encuentra amparada en el artículo33de la Ley N.º 7593 y está justificada por la necesidad de fortalecer el recurso humano en actividades críticas de alta especialización.
Y enfatizó:
- Es rotundamente falso que el ICE pida aumentos en las tarifas eléctricas para subir los salarios de su personal. Solamente en 2024, cerca de 1.000 empleados –muchos de ellos en puestos sumamente técnicos– salieron de la Institución, por lo que su renovación es prioritaria para la continuidad y la calidad del servicio eléctrico.
- La CICR desvirtúa información oficial para inducir al error al consumidor. Falta a la verdad asegurar que los “usuarios pagarían ₡2.932 millones extra por 119 puestos y otros ¢5.752 millones en remuneraciones en el marco de subida de precios de casi 40%”, como atribuyó La Nación a la Cámara en su sitio web y replicó en su versión impresa.
- No habrá aumento de 40% en las tarifas eléctricas.Según las estimaciones del ICE, las tarifas eléctricas de 2026 presentarán una rebaja en el sistema de distribución de -2,6% y en el sistema de generación de un -6,9%, debido al efecto neto entre el ajuste por la solicitud ordinaria y el extraordinario por el CVG.
- La metodología tarifaria garantiza que los recursos sean reinvertidos en el Sistema para beneficio de todos los clientes.Por estar estructurada bajo un modelo al costo, los excedentes son devueltos a los clientes y no son destinados “a incorporar nuevas plazas”. Además, la metodología no incluye revaluaciones, ya que desde 2016, el Instituto valúa sus activos bajo ese mismo modelo al costo.
- El ICE invierte para atender la demanda eléctrica actual y futura de todo el país.Con la reactivación de su cartera de proyectos de generación –impulsada por la presente Administración– y el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, Costa Rica requiere en el mediano plazo más de 850 megavatios de plantas geotérmicas, solares, eólicas, hidroeléctricas, biomásicas y de respaldo (con una inversión superior a los $4.000 millones), para asegurar la producción de energía requerida para su desarrollo socioeconómico y la descarbonización.
- Finalmente, Grupo ICE suma tres años consecutivos con resultados financieros positivos.En el primer semestre de 2025, alcanzó ganancias de ₡73.157 millones.
- La solicitud de ajuste ordinaria es un ejercicio responsable, técnico y preciso, desarrollado según la metodología establecida por ARESEP. Actualmente, se lleva a cabo la revisión de la información por parte del Regulador para su correspondiente resolución, en apego a lo dispuesto en la Ley N.º 7593.
