Expertos diseñan la primera metodología que permite a las asociaciones detectar tres tipos de delitos financieros relacionados con los clientes, productos y servicios, entre otros.
Por primera vez, 1.387 asociaciones solidaristas registradas en el país cuentan con una metodología basada en su realidad operativa y organizacional que les permitirá evaluar posibles riesgos por legitimación de capitales (LC), financiamiento al terrorismo (FT) y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
La innovadora metodología fue desarrollada por el profesor Alexander Cordero y el estudiante Julio López de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Hispanoamericana (UH), quienes revelan en su artículo Metodología de Evaluación de Riesgos de LC, FT y FPADM para clientes en una asociación solidarista en Costa Rica, en cumplimiento con las normativas SUGEF 11-18 y SUGEF 13-19.
La herramienta surgió como respuesta a una necesidad crítica: estas asociaciones manejan recursos significativos –para el año 2023, su patrimonio alcanzó los $2.500 millones– y ofrecen productos financieros como créditos y ahorros, pero las regulaciones actuales (SUGEF 11-18 y 13-19) fueron diseñadas para bancos, dificultando su aplicación directa.
“Hoy en día, no hay una metodología estandarizada: cada asociación solidarista, ya sea por sus propios medios o mediante la tercerización de servicios, ha intentado cumplir con los requerimientos normativos. Sin embargo, lo que se observa es que esas soluciones no se adaptan realmente a la naturaleza y a las necesidades específicas de cada asociación. Mucho menos que sean de libre acceso para ellas. Casi todas vienen relacionadas a un gasto o una inversión relativamente alta”, indicó Julio López, MBA en Administración con énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad Hispanoamericana.
Para subsanar este vacío, los expertos proponen esta metodología de cumplimiento regulatorio junto con una herramienta digital para que las asociaciones solidaristas puedan clasificar a los asociados según su nivel de riesgo en legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
A esta conclusión llegaron como resultado de una revisión exhaustiva de las normativas SUGEF 11-18 y SUGEF 13-19, identificando los artículos aplicables a las asociaciones solidaristas. Este análisis permitió extraer los requisitos clave en materia de inscripción, debida diligencia, clasificación de clientes, monitoreo de transacciones y reporte de operaciones sospechosas. Como resultado, se elaboró una matriz de cumplimiento regulatorio que sistematiza los artículos relevantes, su aplicabilidad y las implicaciones prácticas para las asociaciones. Esta matriz se convirtió en la base normativa sobre la cual se construyó la metodología de evaluación de riesgos” detallan los investigadores en su artículo.
Para los expertos esto permitirá detectar riesgos divididos en tres categorías:
- Riesgos relacionados con el cliente.
- Riesgos geográficos.
- Riesgos por productos y servicios.
Cada variable se descompone en atributos de riesgo, a los cuales se asigna un puntaje estos puntajes se ponderan mediante una matriz de distribución de frecuencias, y el resultado final determina la categoría de riesgo del asociado, y la herramienta está diseñada para ser flexible, escalable y de fácil implementación.
Por ejemplo; en caso de un crédito. “La metodología permite aprovechar la información que ya tenemos de los asociados —datos personales, demográficos, tipo de producto recibido y factores como cargos públicos o uso frecuente de efectivo— para asignarles una calificación de riesgo, por lo cual, de esta forma, podemos categorizar la cartera y enfocar los esfuerzos de cumplimiento en aquellos con mayor riesgo de legitimación de capitales u otros riesgos asociados”, detalló López.
Otro dato relevante de la propuesta, la metodología refleja las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su red regional GAFILAT, reforzando el compromiso de Costa Rica con la prevención de delitos financieros y la adaptación de estándares internacionales a organizaciones no bancarias.
“Tenemos un marco de referencia teórico robusto basado en estándares internacionales y normativa local y finalmente vamos a tener una herramienta práctica, sencilla y flexible, donde vamos a poder adaptarla a las diferentes necesidades o recursos que tengan las asociaciones solidaristas en Costa Rica. Esta herramienta es sumamente completa y van a poder implementar independientemente de los recursos que puedan tener, siempre y cuando tengan la disposición y el tiempo para poder desarrollarla de forma correcta”, reiteró Julio López.
Por último, los investigadores recomiendan a las autoridades solidaristas:
- Implementar la metodología propuesta como parte de su sistema de gestión de riesgos, adaptándola a sus características específicas.
- Capacitar al personal en temas de cumplimiento normativo, debida diligencia y uso de herramientas digitales de evaluación de riesgos.
- Establecer políticas internas claras sobre clasificación de riesgo, monitoreo de transacciones y reporte de operaciones sospechosas.
- Revisar y actualizar periódicamente la matriz de cumplimiento regulatorio y la herramienta digital, en función de cambios normativos o del perfil de riesgo de sus asociados.
Para los entes reguladores (SUGEF, CONASSIF) sugieren:
- Promover la estandarización de metodologías de evaluación de riesgos para APNFD, incluyendo asociaciones solidaristas.
- Brindar acompañamiento técnico y capacitaciones específicas para facilitar la implementación de estas metodologías en organizaciones de menor escala.
- Fomentar el uso de herramientas digitales accesibles y adaptables, que permitan a las asociaciones cumplir con sus obligaciones sin incurrir en altos costos.
Los representantes de asociaciones solidaristas pueden escribir al correo [email protected] para obtener información y de requerir orientación al respecto, por parte de autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Hispanoamericana, relacionado con la implementación de la metodología como apoyo para cumplir con la legislación vigente.
