En cuatro años, más de 140 jueces, fiscales y cuerpos policiales han recibido formación especializada para sancionar delitos pesqueros.
La Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP), en alianza con el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, y Humane World for Animals (HWA), llevó a cabo la cuarta edición del curso especializado en detección, investigación y judicialización de delitos relacionados con la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR).
Durante dos días de capacitación, realizados el 11 y 12 de Setiembre en Punta Leona, más de 30 funcionarios, entre jueces, fiscales, personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) e INCOPESCA, recibieron formación teórica y práctica enfocada en la aplicación de la Ley de Pesca y la normativa internacional, con el fin de fortalecer la lucha contra la pesca INDNR. Este año se contó con instructores de la Fiscalía Ambiental del Ministero Público, Global Fishing Watch, el Servicio Nacional de Guardacostas, INCOPESCA y FECOP.
En sus cuatro ediciones, esta capacitación ha formado a más de 140 funcionarios, consolidándose como un espacio clave para construir capacidades necesarias para enfrentar una problemática que genera pérdidas globales estimadas en más de USD $154 mil millones anuales y que en Costa Rica ronda los USD $84 millones, solo en la pesca de atún y estimada solo para el período entre 2010 y 2015 (único período para el que se tienen datos). En otras pesquerías el impacto de la pesca INDNR se sienten mucho en los bolsillos de pescadores artesanales, pero también en la industria de la pesca turística y deportiva.
El director de Ciencia de FECOP, Moisés Mug, señaló:
Lo más importante de este esfuerzo es la concientización sobre el gran problema que representa la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un fenómeno global que también impacta directamente a Costa Rica”.
Mug destacó que los participantes provienen de diversas instituciones de la cadena de justicia, como jueces, fiscales, policías, investigadores del OIJ, Guardacostas, SINAC, entre otros, lo que permite un enfoque integral.
“Ellos no solo comprenden mejor la legislación y la aplicación de la ley, sino también el lenguaje técnico de las pesquerías, lo que les permite analizar con mayor claridad los casos que enfrentan. Este es el verdadero valor del programa, cómo el conocimiento especializado permea el sistema judicial costarricense para reducir los delitos y combatir la impunidad, a la vez, que se convierte en una experiencia que podría beneficiar a otros países que enfrentan retos similares”, agregó Mug.
Una mirada multidisciplinaria
El curso se caracteriza por reunir a representantes del Poder Judicial, entes de fiscalización, cuerpos policiales y autoridades pesqueras y ambientales, lo que permite un abordaje integral de la problemática.
John Vargas, del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, explicó:
El curso es muy positivo porque reúne a distintos actores y ofrece un enfoque multidisciplinario: legal, policial, investigativo y científico. Permite coordinar acciones entre instituciones y comprender las fortalezas y limitaciones de cada parte, lo cual es fundamental para una aplicación más realista y efectiva de la justicia”, señaló
Por su parte, Mónica Espinoza, líder para América Latina de Global Fishing Watch, subrayó la relevancia del intercambio de información entre agencias:
Los jueces y fiscales deben atender múltiples temas. Que estos funcionarios se mantengan actualizados en este tema es esencial para la correcta aplicación de la ley. Además, el intercambio de información entre ellos, fortalece la coordinación y facilita decisiones más efectivas frente a la pesca ilegal, protegiendo la biodiversidad, las comunidades costeras y la seguridad alimentaria”.
Edwin Salazar, del Departamento de Fiscalización de INCOPESCA, señaló:
Un funcionario público debidamente capacitado tiene mayor objetividad y conocimiento para tomar decisiones. El fin principal del Estado es satisfacer el interés público, y estos talleres contribuyen enormemente a ese objetivo, especialmente en áreas tan relevantes como la pesca ilegal”.
Innovación y tecnología al servicio de la capacitación
El curso combina teoría, práctica y herramientas tecnológicas de vanguardia. La incorporación de ejercicios mediante realidad virtual permite simular abordajes de buques sospechosos de pesca ilegal, ofreciendo a los participantes una experiencia cercana a la realidad sin los costos y riesgos de movilizar embarcaciones reales.
Los funcionarios pueden recabar evidencias y pruebas en condiciones simuladas que reflejan escenarios reales de pesca ilegal, sensibilizándose sobre la complejidad de estas operaciones y familiarizándose con la terminología y procedimientos necesarios para una investigación efectiva, al tiempo que es evaluado en el aprendizaje que ha logrado.
Alto impacto económico y ambiental
En Costa Rica, la pesca ilegal incluye prácticas como el ingreso de buques extranjeros en áreas protegidas, la captura de especies vedadas y la pesca de pez vela con palangre y carnada viva en las primeras 30 millas de la costa. Esta última provoca la muerte de unas 19 000 piezas al año, afectando a la pesca turística y deportiva, una actividad valorada en USD $520 millones anuales.
