Vecinos señalan a los quebradores como principales responsables.

Las comunidades de Orocú y Santa Juana de Chomes (Puntarenas) llevan 13 días sin agua potable y señalan a los quebradores como principales responsables de la reducción significativa del caudal de los ríos que abastecen a las comunidades de la zona.

Roxana Flores, vecina de Orocú y lideresa comunitaria, dijo:

Vivo en las cercanías del río Lagartos, donde todos los años se ve afectado por la extracción masiva de materiales, en este momento en nuestra comunidad debido a la deforestación que realizan las empresas extractivas y la misma minería, el pozo que abastece a las familias que habitamos estas comunidades, se llenó de sedimento y colapsó, quemó el motor de la bomba y por 13 días no hemos tenido agua potable”.

Esta problemática local también preocupa a organizaciones como el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío en Guatuso, quienes advierten los impactos socioambientales de estas prácticas. Sus denuncias coinciden en señalar una notoria reducción de los caudales poniendo en riesgo el acceso a agua potable.

La socióloga y coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, Dylanna Rodríguez Muñoz,  enfatiza en que los quebradores se han expandido durante los últimos 15 años a gran velocidad.

Estos proyectos extractivos se han justificado para el mejoramiento de la infraestructura vial nacional, sin embargo, la investigación que hemos venido realizando nos revela datos contrarios, una buena parte de la arena y piedra que sale de los ríos del país es destinada al mercado internacional a destinos como Estados Unidos, Guayana y Aruba".

Agregó que mientras eso sucede, las comunidades adolecen la falta de carreteras en buen estado, sumado al grave daño ambiental que genera y las consecuencias que tiene para las comunidades, tal es el caso del acceso a agua potable.

Los vecinos reclaman la ausencia de un control efectivo por parte del Estado. Aseguran que las instituciones competentes han permitido que los quebradores operen sin una fiscalización rigurosa, ignorando el deterioro ambiental y social que provocan.

Para las comunidades, este vacío institucional agrava la crisis, al no garantizar el acceso al agua potable ni la protección de los ríos frente a intereses económicos. Flores destacó que están considerados por el Insituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como estado de emergencia.

Esa institución les mandó 500 metros de tubería de 4 pulgadas, pero no envió  el empalme ni ningún otro accesorio con el que se puedan juntar los tubos por lo que esa responsabilidad recae en la Junta Directiva del acueducto. Sin embargo, dicho órgano no tiene recursos, por lo que el trabajo corre por cuenta del propio pueblo.

Estamos intentando sacar adelante esta problemática porque si no tenemos cosas como las uniones en T, llaves de transición qué tienen precios elevados no va a costar solucionar esta situación, nos llevaremos quizás 8 o 9 días igual”.

Para Flores, una de las mayores preocupaciones es que personas adultas mayores, menores, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud, se ven sumamente perjudicadas ante esta carencia de agua. "El AyA nos manda un cisterna, pero el problema es que un día sí y otro no. No sabemos si el fin de semana vamos a tener agua”, agrega.

La socióloga Rodríguez comentó que pese a que desde el año 1982 el país cuenta con un Código de Minería, esta herramienta se volvió portillo abierto para que empresas concesionarias desmantelen los ríos.

Una misma entidad jurídica puede acceder a dos concesiones en un mismo cauce, cada una de ellas por tramos de 2km y con posibilidad de explotación de hasta 25 años prorrogables por 10 años más”.

Agregó:

Lamentablemente, los materiales que se extraen de los ríos se han convertido en un negocio jugoso, tanto así, que Costa Rica se posiciona como el exportador número 46 de Grava y piedra triturada (de 180) en el mundo” .

Flores asegura que han realizado reuniones comunales, plantones, denuncias formales, uso de medios de comunicación y presentaciones en consejos municipales para visibilizar que el colapso de sus pozos y la reducción de caudales no son accidentes naturales, sino el resultado directo de la presión ejercida por los quebradores sobre los ecosistemas hidrográficos.

Según comenta Rodríguez a partir del acompañamiento a diversas comunidades que realizan desde el Programa Kioscos Socioambientales, presentaron en el 2024 el proyecto de Ley 24.722 para reformar el Código de minería. La propuesta busca la integración del concepto de caudales ecológicos para garantizar la protección efectiva de las comunidades, las fuentes de agua y la biodiversidad frente a estas actividades mineras desproporcionadas que tienen lugar en las fuentes de vida que son los ríos.